Ante probable alternancia presidencial: familiares y representantes legales

Alertan de intención de cerrar el caso Ayotzinapa

  • La Prensa
  • en México

Por: Patricia Carrasco

Ciudad de México.- En la audiencia de oficio por el caso Ayotzinapa, realizada en el 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), familias de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes legales alertaron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.

“Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan”, advirtió Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, quien pidió a las y los comisionados que el próximo informe de la CIDH sobre el caso se presente en México.

En un comunicado dado a conocer por Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se informó que la representación legal de las familias destacó cuatro señales que advierten de un posible cierre del caso: el rechazo del Gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la teoría oficial.

Así como la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados -proporcionados por la DEA- con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales; el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones; y el rechazo a cumplir el diagnóstico psicosocial.

El comisionado Ernesto Vargas destacó que entienden el dolor de las familias al no encontrar resultados sustanciales 43 meses, y pidió al gobierno mexicano que informara detalladamente si hubo avances significativos en el cronograma de trabajo.

Además, el comisionado indicó su preocupación por las descalificaciones contra JanJařab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH, y señaló que se debe prestar máxima atención a lo señalado en el informe de la ONU. La comisionada Flávia Piovesan agregó sus dudas sobre la independencia que tienen las instituciones encargadas de investigar la tortura y destacó la pericia de la ONU en estos temas.

Los representantes de las víctimas demandaron respeto al trabajo de la ONU en México y señalaron que el documento circulado por el Estado, unas horas antes de la audiencia, tiene señalamientos propios de un gobierno autoritario.

Los abogados de las víctimas detallaron que los mensajes filtrados a la prensa, interceptados la noche del 26 de septiembre de 2014, indican que pasada la media noche, cuando de acuerdo con las “confesiones” que sustentan la teoría del caso los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos.

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