Vivienda en México, cara, de mala calidad e insegura

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Vivienda en México, cara, de mala calidad e insegura

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Carpeta de Investigación

Por: Genoveva Ortiz

En México, 7 de cada 10 viviendas particulares habitadas son propias, pero 4 de cada 10 propietarios no tienen escrituras o no están a su nombre, solamente el 1.6% recurrió a un ingeniero o a un arquitecto para construir su casa y el 98.2% de las viviendas habitadas no paga ningún tipo de seguro que los cubra por algún siniestro.

El Senado de la República declaró el 7 de febrero como el Día Nacional de la Vivienda, fecha que da la oportunidad para analizar la situación del mercado habitacional en México, en el entendido que la vivienda no es solo una necesidad básica, sino un derecho humano fundamental para el pleno desarrollo de las personas.

De acuerdo con el análisis La Vivienda en México. Aspectos para la Reconstrucción, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, el segundo tipo de tenencia más frecuente es la renta (15.2%) y en tercero, las que se habitan a través del préstamo de un familiar o un conocido (12.8%).

Los investigadores destacan que el 35.4% de las personas que son propietarias de su vivienda, la mandó construir con un albañil o un trabajador por su cuenta, mientras que 19.9% la construyó él mismo o mediante el trabajo de un integrante de su hogar. Compárese esa cifra con las personas que para construir su casa recurrieron a un ingeniero o un arquitecto (1.6%).

Otro dato preocupante que revelan los investigadores es que el 64.3% de las casas que se construyen en México es con el dinero que aporta directamente el propietario, esto es, sin recurrir a algún tipo de sistema crediticio público o privado. Este esquema de financiamiento se vincula directamente con el esquema de autoconstrucción que predomina en la adquisición de la vivienda.

De las personas que son propietarias de su vivienda, solamente 63% tiene las escrituras a su nombre, 26.1% no las tienen y 10.4% las tienen a nombre de otra persona.

El análisis advierte que los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 que afectaron a siete entidades federativas, volvieron a hacer patente la vulnerabilidad de la población y de la vivienda frente a las amenazas naturales, que no tienen por qué convertirse en desastres, es decir, como resultado de un sismo no tienen por qué colapsarse edificios de manera inevitable; ya que el nivel de los daños dependerá del conocimiento y la prevención que adopte una sociedad para reducir su vulnerabilidad frente a ese tipo de peligros

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en su análisis publicado en noviembre pasado encontró que Chiapas, Oaxaca y Guerrero están entre las entidades federativas que tienen un mayor porcentaje de viviendas con carencias en los rubros de calidad y espacios, situación aumenta la vulnerabilidad de la vivienda ante fenómenos naturales como sismos y huracanes.

Otro dato importante es que el 53% de quienes no invierten en el mantenimiento de su vivienda, aseguró que es por falta de dinero, por lo que el mayor problema que las y los mexicanos perciben en torno a la vivienda en México radica en los precios y créditos altos, lo que dificulta su adquisición.

Señalan que el tema de la seguridad pública es el más importante relacionado a una vivienda que ofrece buena calidad de vida, esta situación ha minimizado la importancia de vigilar la calidad de su construcción.

Los especialistas coinciden en que la reconstrucción de vivienda no tiene que verse de manera aislada, tiene que formar parte de una política integral para favorecer el desarrollo urbano sostenible, el ordenamiento territorial y la vida comunitaria.

Recomiendan que la nueva vivienda debe contar con todos los servicios e involucrar a la población en su diseño para favorecer su adaptación a las condiciones socioambientales locales.

Hasta el momento se han presentado 21 iniciativas de Ley en el Congreso de la Unión con motivo de los sismos de septiembre. De este conjunto, siete se refieren específicamente a la atención de damnificados y a la reconstrucción de vivienda.

ALTOS COSTOS Y TRÁMITES ENGORROSOS PRINCIPALES

IMPEDIMENTOS PARA ADQUIRIR UNA VIVIENDA

Los altos costos de la vivienda, trámites engorrosos y burocráticos en los que interviene algún acto de corrupción, así como el bajo poder adquisitivo, son los principales impedimentos que refieren los mexicanos para adquirir una vivienda.

De acuerdo con el análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en las experiencias que ha tenido la ciudadanía en trámites relacionados con la propiedad (permisos de uso de suelo, demolición, construcción, etcétera), el aspecto menos satisfactorio tiene que ver con el tiempo destinado a dicho trámite (25.5% de satisfacción). 16.4% afirmó que en estos trámites experimentó algún acto de corrupción en su relación con el funcionario público.

Asimismo el IBD reveló que el 63.6% de la ciudadanía encuestada respondió que no ha invertido en el mantenimiento de su vivienda. De esta población, 53.4% respondió que no lo hizo por falta de dinero y 40.2% señaló que no había necesidad de hacer esta inversión. El motivo para no invertir por falta de dinero fue más recurrente en los estados que integran a la Región Centro (63%).

El 98.2% de las viviendas habitadas en México no paga algún tipo de seguro que los cubra por algún siniestro como puede ser el daño por un sismo o un incendio. La población que sí paga un seguro habita principalmente en casas independientes.

El nivel de satisfacción con la vivienda, el vecindario, la ciudad y el país disminuye conforme aumentamos la escala espacial. De esta manera, a nivel nacional 51.2% afirma que está satisfecho con su vivienda, 35.8% lo está con el vecindario, 22.5% declaró estar satisfecho con su ciudad y sólo 14.4% con el país.

El 67.5% de la ciudadanía está satisfecha con los materiales de su vivienda (26.3% mucho y 41.2% algo). Por otra parte, es en la Ciudad de México y en el Estado de México en donde se concentra la mayor cantidad de población que tiene algún tipo de insatisfacción con los materiales de su vivienda (15%).

A la pregunta: “¿cómo sería una vivienda que ofrece calidad de vida?” Para las y los mexicanos, la vivienda debe estar ubicada en una zona segura (36.4%), adecuarse al tamaño de la familia (26.5%), tener los espacios limpios (25.3%) y estar en una zona tranquila (21.3%), pero los aspectos constructivos de la vivienda concentraron pocas menciones.

De acuerdo con los resultados de esta encuesta, para la ciudadanía, el principal problema de la vivienda en nuestro país radica en que los precios y los créditos para adquirirlas son muy altas (32.6%).

Resalta que 25.4% de la población encuestada en el sur del país, región que fue afectada severamente por los sismos de septiembre, afirmó que un problema importante de la vivienda es que la construcción y los materiales son de mala calidad.

Antes de los sismos de septiembre, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Puebla se encontraban por encima del promedio nacional con respecto a la población que mencionó a las amenazas naturales como el tema que le genera una mayor preocupación, mientras la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos estaban por debajo de dicho promedio.

LO QUE EL SISMO SE LLEVÓ

De acuerdo con estimaciones del gobierno federal, los daños económicos por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 representarían un costo de reconstrucción por 48 mil millones de pesos.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) estima que 231 mil 341 viviendas resultaron dañadas por estos fenómenos naturales, y que de ese universo, poco más de dos terceras partes se localizaron en Oaxaca y Chiapas.

Para el caso de la ciudad de México, y a casi cinco meses de los sismos, aún no se tiene un censo oficial del número de viviendas afectadas.

A mediados de enero, el titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Ricardo Becerra reconoció carecer de un censo de damnificados, por lo que solo hay algunos datos preliminares que estiman que los sismos de septiembre dejaron daños en 6 mil viviendas y 300 condominios, lo que afectó a 110 mil personas.

Sin embargo, organizaciones de vecinos damnificados denuncian diversas anomalías en el levantamiento del censo, que van desde cambios de nombre y domicilios, hasta duplicidad de datos, entre otros.

Señalan que de las diez delegaciones afectadas por los sismos (Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Magdalena Contreras y Milpa Alta), Iztapalapa fue una de las delegaciones más afectadas y aquí hay alrededor de 19 mil 800 viviendas dañadas.

El maestro Roberto Eibenshutz, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM Xochimilco) recomendó que la reconstrucción debe considerar los espacios públicos y los servicios complementarios de la vivienda, como educación, salud y recreación.

“Antes de demoler las estructuras dañadas o levantar los escombros de los edificios colapsados es indispensable registrar las evidencias y hacer los estudios necesarios para determinar el origen de las fallas en las estructuras; por una parte, para sistematizar la experiencia y en su caso modificar la normatividad y por la otra, para determinar posibles responsabilidades”, recomendó el investigador.

Por su parte, la maestra Gabriela Ponce Sernicharo, investigadora del Instituto Belisario Domínguez destacó que la reconstrucción debe pensarse como una propuesta integral de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, que considere aspectos como el uso de mapas de riesgo y la segregación residencial, ya que solo unos pocos pueden gozar de los beneficios del desarrollo urbano.

VIVIENDA EN MÉXICO NO TIENE

COBERTURA POR SEGURO DE RIESGOS

En México el 98.2% de las viviendas habitadas no paga algún tipo de seguro que los cubra por algún siniestro como puede ser el daño por un sismo o un incendio y la población que sí paga un seguro, habita principalmente en casas independientes.

Las amenazas naturales no tienen por qué convertirse en desastres, es decir, como resultado de un sismo no tienen por qué colapsarse edificios de manera inevitable; el nivel de los daños dependerá del conocimiento y la prevención que adopte una sociedad para reducir su vulnerabilidad frente a ese tipo de peligros, alertaron especialistas.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), sólo el 25% de las propiedades residenciales cuentan con un seguro contra daños por desastres naturales, debido a la vigencia de un crédito hipotecario, y sólo el 8.6% tiene una póliza que cubra daños por desastres naturales como sismos y huracanes.

Analistas del sector asegurador señalan tres dificultades para la penetración del seguro de vivienda en países en desarrollo. La primera de ellas por parte del sector privado, escasez de mercados, la segunda es la resistencia política por parte del sector público, y la tercera un marco institucional inadecuado.

El sector privado tiene diferentes problemáticas para ofrecer en el mercado un seguro de vivienda contra desastres naturales, por lo que existe una escasez de mercado.

Dentro de estas dificultades se encuentra, de acuerdo con la OCDE, el riesgo de “acumulación” y el “dilema del samaritano”. El riesgo de acumulación consiste en que un desastre natural afecta a un número considerable de personas al mismo tiempo, lo que puede ocasionar problemas de financiamiento.

Mientras que “el dilema del samaritano”, se refiere a que las personas confían en que de alguna manera serán apoyadas financieramente por diferentes actores, como el gobierno o la asistencia internacional, por lo que no toman las debidas precauciones.

En consecuencia, los seguros contra catástrofes naturales suelen cobrar primas muy altas, resultando muy costosos.

Con respecto a la resistencia política, la OCDE se refiere a que los beneficios de contratar un seguro son indeterminados en el futuro, pero conlleva costos en el presente, por lo que al gobierno en turno podrían no reconocerle los beneficios generados por el aseguramiento.

Los expertos del sector asegurador señalan por otra parte, que las personas no suelen culpar al gobierno por los desastres naturales, por lo que los políticos tienen pocos incentivos a generar medidas complejas de prevención.

Advierten que un marco institucional inadecuado hace referencia a que podría no existir la capacidad por parte del gobierno de gestionar un seguro, que no se cuente con un buen sistema de evaluación de las propiedades y tenga dificultades para implementar instrumentos financieros.

 

De acuerdo con datos sobre el impacto socioeconómico provocado por los desastres naturales (2017). (Datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres Cenapred)

Entidad Federativa Viviendas Afectadas

Estado de México 8 mil 527 (3.7%)

Ciudad de México 8 mil 38 (3.5%)

Morelos 16 mil 675 (7.2%)

Puebla 31 mil 26 (13.4%)

Oaxaca 85 mil 159 (36.8%)

Chiapas 77 mil 455 (33.5%)

Tlaxcala 34 (0.0%)

Guerrero 4 mil 427 (1.9%)

Total 231 mil 341 (100%)

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