Lo que ha ocasionado la indignación del pueblo de México por la creciente corrupción e impunidad

PGJ y el PJF no son útiles en el combate contra el crimen organizado: PRD

  • La Prensa
  • en México

Por: Arturo R. Pansza

Ciudad de México.- En la actualidad la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial de la Federación, no son útiles en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, lo que ha ocasionado la indignación del pueblo de México por la creciente corrupción e impunidad que tanto ha dañado a las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, reconocieron diputados de la fracción parlamentaria del PRD.

Por lo anterior, urgieron se legisle para generar certeza en materia de procuración de justicia, seguridad y para el fortalecimiento del sistema penal, por lo que anunciaron presentarán una iniciativa de reforma a la Constitución para fortalecer el Mando Mixto y las instituciones de seguridad civil; además de dar seguimiento a la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los perredistas de la Cámara de Diputados alertaron que el país vive una escalada de violencia e inseguridad que no cesa.

Al emitir un documento, los de la bancada del Partido de la Revolución Democrática expusieron que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), exponen que durante 2016 se registraron 134 mil 573 denuncias por delitos del fuero federal y, de enero a noviembre de 2017, se denunciaron 88 mil 497 delitos del mismo tipo.

Mientras que, en materia de fuero común, durante el año pasado se denunciaron un millón 668 mil 316 robos; 37 mil 527 homicidios; mil 57 secuestros y 11 mil 893 violaciones, con la alarmante cifra negra de delitos no denunciados que ronda en el 98 por ciento de los que se cometen.

Los representantes populares detallaron que el debilitamiento del Estado mexicano frente al crimen organizado, el poder del narcotráfico y la enorme red de corrupción e impunidad que socava la legitimidad y la congruencia de los tres niveles de gobierno de todos los signos políticos, se evidencia con la catástrofe humanitaria que azota el país, por las masacres y violaciones masivas a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, y agudizada por una estrategia gubernamental equivocada frente a la producción, tráfico y consumo de drogas y frente a los temas de seguridad pública.

Expusieron que durante la última década, las Fuerzas Armadas han asumido tareas de seguridad y el gobierno no ha concentrado esfuerzos y recursos en la capacitación y certificación de las policías federales, en el reforzamiento de políticas públicas eficaces y de participación ciudadana a favor de la prevención de la violencia y el delito, ni en destruir la capacidad financiera de la delincuencia.

“Estamos seguros que el problema de seguridad no se resolverá con mantener a las Fuerzas Armadas en las calles para que asuman tareas de prevención del delito y tampoco se logrará con una Ley de Seguridad Interior para que las fuerzas armadas sigan desempeñando funciones excepcionales de seguridad pública por tiempo indefinido y sin controles de constitucionalidad y legalidad que transparenten y limiten sus actuaciones, con lo cual continuarán vulnerando gravemente los derechos humanos y las garantías tanto de la población civil como de quienes integran los propios cuerpos de seguridad”, difundieron en su posicionamiento losa diputados.

Dieron cuenta que, además de las propuestas que presentarán para coadyuvar en la mejora de la seguridad, impulsarán se dictaminen iniciativas ya presentadas como la que busca reformar la Ley de Seguridad Nacional para garantizar mayores controles democráticos, parlamentarios y judiciales a las acciones en la materia, así como para redefinir las competencias de cada una de las instancias participantes.

Asimismo impulsarán la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para incluir el uso de la fuerza pública conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos; así como el análisis y votación de la reforma constitucional que faculta al Congreso para expedir la Ley General que regula el uso de la fuerza.

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