Sociedad civil da nombre a 31,969 desaparecidos

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Sociedad civil da nombre a 31,969 desaparecidos

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La Prensa en Línea

Por Patricia Carrasco

 

En el país hay 32,277 casos de desaparición, en el fuero común, al último corte de julio del año en curso; 1025 para el caso del fuero federal y se pudieron reconstruirse 31,969 casos de la primera cifra mencionada, los otros 308 casos no se pudieron construir porque no hay atributos asignados.

Eso se informó durante una conferencia donde Data Cívica presentó una base de datos donde reconstruyen el nombre de 31 mil 969 personas desaparecidas que están en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas.

La plataforma lleva por nombre personasdesaparecidas.org.mx  y da la responsabilidad completa a los familiares de las víctimas, por que ahora sólo pueden buscar en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), “si tienes el nombre y eso significa que quienes conocen el nombre solo son las familias o las organizaciones locales”.

En la presentación estuvieron presentes José Merino, Politólogo, Cofundador de Data Cívica; Mónica Meltis, Data Cívica; Margarita Michelle, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México; Bertila Beltrán,

Familiar de desaparecido y Santiago Aguirre, del Centro Prodh, quienes detallaron que al proyecto se sumaron más de 12 organizaciones.

Santiago Aguirre recordó que, en febrero de 2013, dos meses después de concluido el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto publicó una base de datos de personas desaparecidas y extraviadas con 24 mil 957 registros.

Desde entonces el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas se actualiza, depura y publica de manera periódica en la página de la Secretaría de Gobernación (Segob) con un total de 32,277 casos en su versión más reciente de junio de 2017.

A pesar de que la base se creó como una herramienta de alcance nacional para incorporar todos los casos de personas desaparecidas denunciadas ante las autoridades, es un registro con muchas deficiencias como la ausencia de nombres de las personas en los registros. La primera de ellas, señala Mónica Mentis, directora ejecutiva de Data Cívica.

Explica que cómo ahora está el RNPED, “nos hemos dado cuenta que como está publicado no es útil en términos de búsqueda de personas, pero tampoco de verdad y justicia.  Uno de los elementos importantes para que esto suceda es que estén los nombres de las personas publicados”.

“Es horrible reconocer que hay una doble desaparición de las personas, primero desaparecen físicamente, y luego el Estado no se encarga de darle seguimiento a sus casos e invisibiliza sus nombres, y al invisibilizar los nombres les quita identidad y humanización de las personas”, comentó Michael Chamberlain del Centro de Derechos Humanos Juan Fray de Larios.

Mónica Meltis detalló que desde hace dos años Data Cívica se dio a la tarea de reconstruir esa base de datos utilizando para ellos tres registros públicos: el padrón de beneficiarios de Sedesol, el padrón del IMSS y el propio RNPED, y regresar a las personas registradas el nombre que el gobierno les ha negado al publicar la información con la casilla respectiva vacía.

La base de datos oficial puede descargarse desde la página de la Segob.

Ahora la Ley General de Desaparecidos ya incluye la obligación de publicar los nombres”. La ley no ha sido publicada en el Diario Oficial, con lo que su decreto de creación no entra en vigor hasta que se cumpla ese formalismo.

Lo aprobado por los diputados establece la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de personas que incluye una comisión y un nuevo RNPED, entre otros herramientas de búsqueda, pero hasta el momento dicho sistema carece de presupuesto.

Santiago Aguirre afirmó que para el 2018 se cuenta en el Presupuesto de Egresos con una partida por 186 millones de pesos para “Acciones en materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares, así como Búsqueda de Personas” asignada a la Segob y otra de 286 millones para el mismo rubro pero catalogada como “Subsidios a las entidades federativas”, 8.6 millones de pesos en promedio por entidad federativa.

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