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Refugiados, peticiones de asilo en México se incrementó en 638%

Por: Arturo R. Pansza

El número de peticiones de asilo en México se incrementó en 638%, de 2013 a 2016; en el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, aumentaron en 400% en el mismo periodo.

Confirmó lo anterior el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Gonzalo Guízar Valladares, quien dijo es indispensable focalizar el fenómeno de refugiados solicitantes de asilo en el país.

Notificó que la mayor cifra de solicitudes de refugio se debe a la falta de respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas que tienen que salir de sus países de origen, derivado de la violencia, guerras o delincuencia.

Uno de los temas más complejos que enfrenta en la actualidad la comunidad mundial, es la problemática en torno a los refugiados, que es objeto de debates en las Naciones Unidas, en busca de medios más eficaces para proteger y asistir a este grupo especialmente vulnerable, compuesto por un 80% de mujeres y niños.

Pese a que algunos desplazamientos humanos pueden ser evitables, ninguno es voluntario. El hecho es que a nadie le gusta ser refugiado y mucho menos elige serlo, porque esa condición va más allá de ser extranjero, significa vivir en el exilio y depender de otros para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la vestimenta y el albergue.

La realidad que se enfrenta, es que la situación de los refugiados, que está estrechamente relacionada con los derechos humanos, se ha transformado en un ejemplo clásico de la interdependencia de la comunidad internacional, porque demuestra plenamente cómo los problemas de un país pueden tener consecuencias inmediatas dentro de otras naciones.

De acuerdo a especialistas, las violaciones de los derechos humanos no sólo son una de las principales causas de esa movilización humana, sino que también descartan la opción de la repatriación voluntaria, mientras persista la situación de peligro de ese grupo.

En algunos casos, los derechos de los refugiados son ignorados o desconocidos, por ello durante el proceso de solicitud de asilo, muchos tienen que hacer frente a medidas restrictivas que les niegan el acceso a territorios seguros.

Un lamentable hecho es que los solicitantes de asilo y los refugiados, también son víctimas de agresiones racistas y xenófobas, de ahí que los derechos humanos sean algo necesario para evitar las movilizaciones involuntarias.

Legalmente en México toda persona extranjera en territorio nacional tiene derecho a solicitar la condición de refugiado, misma que deberá presentar ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) o el Instituto Nacional de Migración (INM), dentro de los 30 días siguientes a su ingreso a territorio nacional.

Resulta que el procedimiento tiene una duración de 45 días hábiles y los solicitantes se someten a una audiencia con la Comar, en la que deben exponer los factores que amenazan su vida en su país de origen.

Concluido el plazo, el gobierno mexicano emite una resolución respecto a la condición de refugiado, que también otorga derecho a la residencia permanente.

Lo relativo a los refugiados es un tema importante que se ventilará en el último año de la actual LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de acuerdo a Gonzalo Guízar Valladares, representante popular de la bancada del Partido Encuentro Social.

Se pronunció por adecuar algunas reglas de operación de proyectos que apoyan al migrante, para que los refugiados tengan acceso a los beneficios de programas sociales como el Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM), destinado a familias de migrantes que envían remesas a México.

Dejó en claro que integrar a la vida productiva de México a casi 6 mil refugiados registrados, es primordial para que no sólo sean vistos con un enfoque asistencialista en los programas sociales, sino que formen parte del país.

Notificó que, en la comisión a su cargo, “no vemos la política migratoria como un asunto de partidos, sino como cuestión de Estado e institucional, lo cual ha permitido la colaboración con las organizaciones civiles para hacer adecuaciones al marco jurídico”.

Para el recinto deliberativo de San Lázaro, sería un gran logro incorporar el concepto de migrantes en calidad de refugiados a los programas que se tienen y que, las reglas de operación que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo permitiera.

Guízar Valladares confirmó que en la estructura programática del paquete económico para 2018, ya está incluido el Fondo de Apoyo a Migrantes, sólo falta considerar el monto etiquetado, lo cual es una buena noticia y un avance para atender las necesidades de ese sector, porque en el proyecto anterior no estaba contemplado.

En la reunión Marco para Integración de Respuestas de Protección y Soluciones para los Refugiados, efectuada en San Lázaro, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), presentaron a los diputados el Diagnóstico Participativo.

Se trata de una investigación realizada en cinco estados y la Ciudad de México, con la colaboración de 70 organizaciones civiles, refugiados, académicos, agencias de Naciones Unidas y autoridades, para exponer la problemática de este sector y sus propuestas para atenderla.

Al respecto, Gonzalo Guízar refirió: “este análisis es oportuno para que diseñemos iniciativas legales que adecuen el marco jurídico actual, en particular la Ley de Migración, a fin de traducirlas en políticas públicas”.

Resaltó la iniciativa que establece al agente migratorio como la única autoridad competente para solicitar a los viajeros su condición migrante y, no el Ejército, la Marina ni la Policía Federal, corporaciones que sólo deben coadyuvar a la seguridad.

Por parte de la bancada del PAN en la Cámara Baja, María Luisa Sánchez Meza detalló que en Baja California se observa un fenómeno migratorio nunca visto con la llegada de haitianos, africanos y centroamericanos que buscan cruzar hacia Estados Unidos; ya lo lograron 4 mil 800 personas, pero se quedaron 4 mil 700, y algunos ya entraron a diversos programas de apoyo.

Cuestionó cómo la Comar apoya a estos migrantes y por qué Baja California no fue incluida en el Diagnóstico Participativo realizado por dicha comisión y la Acnur, en virtud de que es un paso fronterizo de alto movimiento migratorio, y “sufrió una crisis migratoria el año pasado y en el presente con este fenómeno”.

El legislador perredista Felipe Reyes Álvarez, propuso clasificar o definir aspectos que requieren legislarse para adecuar el marco jurídico, y mejorar la protección a refugiados.

Inclusive, en las leyes secundarias o las normas internas de las instituciones, esto permitiría enfocar de forma directa el quehacer legislativo parlamentario en favor de migrantes que solicitan refugio en México.

La asesora de la coordinación general de la Comar, Marcela de la Rosa, señaló que en los últimos dos años se han incrementado los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado de países como Venezuela, norte de África, Asia y el Caribe además de los provenientes de Centroamérica, en particular Honduras, Guatemala y El Salvador.

Ello representa retos para México, entre los que destacan el identificar a personas que pudieran necesitar la protección internacional del Estado mexicano e integrarlos a la sociedad para garantizar su pleno desarrollo.

Mencionó que de 2013 a 2016, el número de solicitantes de reconocimiento de refugiado en México se ha incrementó en 638%; las cifras de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en esta figura han cuadruplicado las peticiones.

Fue en 2013 cuando se registraron 61 solicitudes de menores no acompañados, 2016 cerró con 242, y en lo que va del año se han recibido 159 peticiones.

Resulta que la tasa de reconocimiento en México a la población extranjera que solicita protección internacional es una de las más altas en América Latina, ya que en 2016 se le otorgó al 62 por ciento de las personas que concluyeron su trámite ante la Comar.

Marcela de la Rosa pidió a los diputados de la Comisión de Asuntos Migratorios aumentar los apoyos a refugiados que solicitan asilo; “necesitan tener un acceso real a derechos y que México les brinde una oportunidad de integrarse a la sociedad para convertirse en una comunidad que dé acogida a personas que salen huyendo de sus países de origen”.

Por su parte, el coordinador de Oficinas de Terreno de la Acnur, Rafael Zavala, puntualizó que el Diagnóstico Participativo se realizó en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Coahuila, Jalisco y la Ciudad de México, donde se recibe el mayor número de solicitudes de refugiados para asilo, con el objetivo de identificar sus necesidades y las soluciones.

Con la evaluación se identificó la necesidad de acciones concretas para enfrentar los retos y vacíos de protección de los refugiados que huyen de situaciones de violencia y llegan al país, pero no existen todos los mecanismos ni facilidades para solicitar apoyo, lo que propicia ingresen a sistemas de control migratorio tradicionales, pero no a especializados para acceder al asilo.

Se requiere institucionalizar el esquema de refugiados para que la Comar expida un certificado de esta condición de forma oportuna y se establezca un perfil de estas personas; estos dos principales hallazgos son clave en la protección cuando un migrante solicita este apoyo.

Entre las propuestas, Rafael Zavala citó instaurar un programa de información compartido entre la Comar y el Instituto Nacional de Migración, para que los refugiados reciban un documento que los certifique en esta figura. Actualmente, los migrantes pueden acceder por 90 días al Seguro Popular, pero los solicitantes de asilo quedan fuera de la cobertura de este servicio por la tardanza en que se les entrega un certificado que avale su situación en el país.

Asimismo, campañas de difusión para que conozcan los programas a los que pueden acceder y fortalecer la gobernanza local, es decir, generar actividades de coordinación institucional que generen proyectos para atender las necesidades de la población local y de refugiados.

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