Endurecer requisitos de concesiones para transporte público

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Endurecer requisitos de concesiones para transporte público

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Por Genoveva Ortiz

México.- El lamentable feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, tras abordar una unidad del servicio Cabify, puso de relieve que la violencia contra las mujeres no decrece ni siquiera en los servicios ofrecidos por empresas que presumían garantizar la seguridad que no se tiene en el transporte público, denunció la senadora Angélica de la Peña.

Por ello, la legisladora propuso que las 32 entidades federativas revisen los criterios y requisitos para la concesión del servicio de transporte público, ya sea autobús de pasajeros, taxi, automóvil de alquiler, automóvil de radio servicio o colectivo de pasajeros en ruta fija.

Además, de los criterios y requisitos de permisos para las compañías de servicios de movilidad privada, a través de plataformas tecnológica, a fin de que se incorporen protocolos de selección rigurosos sobre las personas que conducen las unidades de transporte, así como la obligación de contar con protocolos de actuación a fin de garantizar la seguridad, integridad y vida de las mujeres usuarias de dichos servicios.

Dijo que luego de ocurrido el caso de Mara Fernanda han aflorado testimonios de mujeres que también se han sentido acosadas y amenazadas al utilizar las aplicaciones de transporte privado como Uber y Cabify.

De acuerdo con un informe elaborado por la asociación México Evalúa, en 2016, se señala que la población del Estado de México que se siente insegura en el transporte público incrementó un punto porcentual en cuatro años; en tanto, en la Ciudad de México subió dos puntos, pero el crecimiento más importante ocurrió entre 2014 y 2015, cuando ascendió de 75 a 80 por ciento. Por poner un ejemplo, con la propia información de la Secretaría de Movilidad del Estado de México se sabe que hay 50 mil unidades de transporte irregulares.

Dado el crecimiento de la inseguridad en el transporte público concesionada en el país, la senadora incluyó en su propuesta que las secretarías, dependencias e instancias federales, así como a los 32 mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas, en su modalidad de secretarías, institutos o similares, todas integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres informen el estado que guardan las acciones implementadas para enfrentar la violencia feminicida y garantizar el derecho a una vida libre de violencia a las mujeres y niñas en el país.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado alertó por el incremento en los casos de feminicidios en el país, pues en lo que va del año, se reportan por parte de las organizaciones que recopilan la información de los casos de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres a través de los medios de información, alrededor de 1, 300 casos documentados. Sin embargo, al contrastar con las cifras oficiales se observa las autoridades de procuración de justicia presentan resistencias y obstáculos en la aplicación del tipo penal.

De ejemplo, tómese el caso de Puebla, en donde las organizaciones han documentado 88 feminicidios en lo que va del año y la Fiscalía solo reconoce 58 feminicidios.

De la Peña Gómez solicitó en su punto de acuerdo que las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas informen el número averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas o iniciadas durante el año 2016 y hasta el momento de lo que ha transcurrido del año 2017, por los delitos de feminicidio y homicidio dolosos cometidos en contra de mujeres. De igual forma, se pide que informe a esta Soberanía cuantas de éstos han sido procesados o se encuentran vinculados a proceso y cuántos tienen sentencia.

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