Ordena auditorías director del IMSS

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Ordena auditorías director del IMSS

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Noel F. Alvarado

El titular del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, ordenó revisión y auditorías en diferentes áreas de adquisiciones donde se habían detectado millonarios desfalcos con Adjudicación Directas.

El Órgano Interno de Control, encabezado por Marco Antonio Andrade Silva, revisa en forma escrupulosa la compra hecha en 2013 de 107 Neuroestimuladores para pacientes con Mal de Parkingson.

La investigación compromete en forma directa a Carlos Freddy Cuevas García, director general de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital Siglo XXI y al director administrativo, Jorge Murillo Rosales.

Ambos, gastaron 29 millones de pesos en 107 Neuroestimuladores, con un contrato vigente del 20 al 31 de marzo de 2013, pero que en forma violatoria se modificó el primero de abril fuera de los once días de vigencia.

Además, los equipos quedaron en guarda y custodia del proveedor, cuando estos debieron colocarse en forma gradual, con un inventario planeado con pacientes debidamente evaluados por un Comité Técnico y una relación de cirugías; trabajo que nunca se hizo.

La empresa proveedora farmacéuticos Maypo SA de CV, del controvertido empresario Carlos Arenas, entregaría al menos 74 Neuroestimuladoressin cumplir con la caducidad de 12 meses. Alrededor de 30 tenían no más de seis meses de vigencia.

Dos expedientes de pacientes a los que se les implantó el Neuroestimulador cerca del cerebro no se localizaron. Se presume simulación e, incluso, desvío del equipo. Cada pieza tiene un valor promedio de 271 mil 028 pesos y en el “mercado negro” hasta el triple.

Estos presuntos desvíos se suman a la pérdida de 500 frascos de Botox –en el mismo hospital– de los cuales nunca se conoció su destino.

En las cédulas de aplicación de Neuroestimuladores levantadas en el Ejercicio 2013, las observaciones que destacan son: no correspondencia de la fecha de caducidad entre factura y remisión; ausencia de etiquetas con número de lote USE BY, falta de solicitud de abastecimiento, inexistencia de hojas y expedientes  clínicos, omisión de firmas de pacientes y las solicitudes de abasto no coincide con la aplicación de los productos.

Los hallazgos traerán consecuencias; primero, tendrá que haber ceses e inhabilitaciones y, segundo, óptima utilización de recursos en beneficio de miles de derechohabientes.