Que en el análisis de reformas al sistema de justicia penal acusatorio

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Que en el análisis de reformas al sistema de justicia penal acusatorio

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Por: Genoveva Ortiz

Ciudad de México.- El respeto total a los derechos humanos de víctimas e imputados, debe subsistir en el análisis de las reformas que se pretenden al Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA).

Así lo declaró el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez al participar en la reunión de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), con motivo de la aprobación del Protocolo para la Coordinación entre el Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y las Unidades Estatales de Protección o los Mecanismos Locales creados para tal efecto, expresó que se debe entender el SJPA en su vertiente de garantizar tanto los derechos del imputado como de las víctimas del delito, y en este sentido precisó que la prisión preventiva significa restricción a la libertad, y en ella debe estar limitada solo a quienes representen un riesgo para la sociedad.

Puntualizó la necesidad de capacitación y profesionalización suficiente para los operadores del sistema, como policías, Ministerio Público y jueces, y añadió que la reciente Unidad de Medidas Cautelares debe operar a plenitud. “Parte del sistema de justicia penal recae en los operadores”, sentenció.

Apuntó que debe hacerse un análisis y valoraciones objetivas e integrales, pues la posibilidad de violentar derechos humanos es muy alta si hay uso indiscriminado y arbitrario de la prisión preventiva.

González Pérez puntualizó que el objetivo del SJPA no es suprimir la prisión preventiva, sino racionalizar su aplicación, ya que los resultados dependerán de la calidad y profesionalismo con que actúen los operadores del mismo.

La atención de los problemas de inseguridad y falta de acceso a la justicia –explicó— requieren soluciones integrales que propicien el respeto y vigencia de los derechos de todas las personas, al igual que el cumplimiento y aplicación de la ley. Sin un compromiso real y efectivo en este sentido, no habrá media o sistema que nos permita abatir la impunidad.

La violencia y la inseguridad que aquejan a nuestro país requieren políticas públicas eficaces y pertinentes, sustentadas en el respeto y vigencia de los derechos humanos, que prevengan y combatan la corrupción y la impunidad, asumiendo como una premisa irrenunciable el cumplimiento y aplicación de la ley, comentó.

González Pérez señaló que valora la invitación y el acuerdo que tomaron para que anticipadamente, se la den a conocer a la CNDH para hacer observaciones, al tiempo que solicitó se escuche a todos los actores, como sociedad civil y académicos, entre otros.

Por otra parte, al referirse al Protocolo para la Coordinación entre el Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y las Unidades Estatales de Protección o los Mecanismos Locales, señaló que toda política pública o acción que se genere, si aspira a ser efectiva, debe tomar en consideración la opinión de las víctimas y de los propios periodistas y defensores de derechos humanos, quienes no necesitan medidas paliativas que lleguen mediante declaraciones puramente formales o estructuras burocráticas inoperantes.

Expuso que en ese sentido se han realizado ejercicios como el denominado “Agenda de Periodistas”, cuyos resultados y propuestas tendrían que ser valorados y discutidos en la integración de las políticas públicas relativas a este tema.

El Presidente de la CNDH exhortó respetuosamente a los miembros de la CONAGO a que estén abiertos a la actualización permanente del Protocolo y se incorporen las propuestas que haga el Consejo Consultivo de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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