La mejor manera de evitar catástrofes como las que se han vivido en capital del país a causa de movimientos telúricos y otros fenómenos naturales, es justamente estar informados, saber en qué condiciones está la vivienda que se habita y en qué zona, por lo que es importante que todos los datos estén abiertos.
Ese reconocimiento lo hizo el titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, César Arnulfo Cravioto Romero, al exponer que, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, se han atendido 370 viviendas multifamiliares, siete mil 233 unifamiliares y 173 edificios de ocho Unidades Habitacionales.
A su vez, el director de difusión del Centro Nacional de Desastres (CENAPRED), Tomás Alberto Sánchez Pérez, ha revelado en varios foros que la información en el contexto de la gestión de riesgos es un recurso estratégico que puede ayudar a salvar vidas, a reducir la incertidumbre entre la población y sustenta la toma de decisiones tanto de autoridades como de los diferentes sectores de la población.
Su postura es que el desafío es que la información llegue con oportunidad y que además sea accesible, confiable y socialmente útil, a fin de que permita cubrir las necesidades específicas en situaciones de emergencia, como la ocurrida con el sismo del 19 de septiembre de 2017.
“La actual contingencia sanitaria demuestra que las situaciones críticas ponen a prueba nuestras capacidades de prevención, de preparación y respuesta, por ello, debatir sobre la transparencia, la apertura y los procesos de comunicación toma una gran relevancia para poder prevenir los riesgos y mitigar”, reconoció.
Resulta fundamental la apertura institucional en el rediseño de ciudades que cuenten con mecanismos de resiliencia, de sostenibilidad y de replicabilidad, con el objetivo de empoderar a personas y a comunidades.
Con motivo de lo anterior, la comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), María del Carmen Nava Polina, sostuvo que la apertura institucional en el proceso de reacción y respuesta ante situaciones de riesgo es pieza clave para la toma de decisiones de las personas, así como para la rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Así, en el marco del segundo Coloquio Internacional por una Reconstrucción Abierta en la Ciudad de México, aceptó que la falta de instrumentos normativos de apertura y políticas que articulen las necesidades de información con las acciones que implementan los estados, ha conducido a vulneraciones, no sólo en el derecho de acceso a la información, sino en otros.
Por ello, se deben garantizar los pisos mínimos de apertura y apresurar el paso desde las instancias de gobierno para responder a la realidad cambiante y asegurar una recuperación económica y social, que al mismo tiempo fortalezca la imagen de las instituciones públicas.
En ese ejercicio organizado por el equipo de Estado Abierto del INFO, Nava Polina mencionó que desde el órgano garante al que pertenece, se han realizado acciones de colaboración, como la construcción de un bosquejo de protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y recuperación ante el riesgo, como un mecanismo que ayudará a saber qué hacer en materia de apertura institucional, así como a cubrir los vacíos de información que pudieran existir en una situación de emergencia.
Aludió que es preciso se visibilice el trabajo realizado durante el último año y que, la información sobre los riesgos de desastre es un bien público. “Es necesario invertir en investigar qué riesgos enfrentamos, cuáles de ellos tienen mayor probabilidad de ocurrencia y qué daños pueden ocasionar; y esta información debe ser accesible a todas las personas interesadas, con oportunidad, en un lenguaje sencillo, para facilitar su aprovechamiento”.
AVANCE DE RECONSTRUCCIÓN PROGRESIVO EN LA CAPITAL
Por su parte, el comisionado presidente del INFO, Julio César Bonilla Gutiérrez, señaló que bajo el contexto de riesgos que enfrenta la metrópoli, la información útil, oportuna y cabal, representa una herramienta fundamental, no sólo para ejercer el derecho de acceso a la información, sino también el del saber, a la vivienda y a la vida, además de que coadyuva a una efectiva rendición de cuentas de los recursos públicos.
Aceptó que el avance en la reconstrucción de la Ciudad ha sido progresivo porque, a la fecha, de 11 mil 893 inmuebles afectados, 133 han sido demolidos, 214 se encuentran terminados y 3 mil 088 en obra o por iniciarse.
“La tarea no ha concluido, pero el compromiso de la ciudad con sus habitantes y su bienestar es claro y el avance es permanente”, estimó.
Calificó prioritario el no perder de vista que las instituciones y la sociedad son un solo ente y aliados frente a fenómenos como los desastres naturales o la emergencia sanitaria generada por Covid-19 y, por ello, se deben sumar esfuerzos para trabajar de manera coordinada y humanitaria en la construcción y reconstrucción de una capital que goce de todos sus derechos y sea cada vez más democrática.
A su vez, la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, reconoció que se tiene que reflexionar sobre el Estado Abierto en situaciones de emergencia, la apertura y el derecho a la privacidad, los protocolos de transparencia y cómo se reconstruye una sociedad abierta, sostenible, resiliente y pacífica, lo cual es necesario para vislumbrar soluciones que permitan enfrentar futuras emergencias de la misma y de otra naturaleza.
Añadió que todo ello, en concordancia con la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas que busca lograr el desarrollo sostenible de la humanidad a través de 17 objetivos, entre ellos, poner fin a la pobreza, combatir la desigualdad, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas y proteger los derechos humanos.
El vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Adrián Franco Barrios, puntualizó que la participación ciudadana es fundamental en la toma de decisiones de los gobiernos, sobre todo durante los procesos de reconstrucción, a fin de lograr la satisfacción total y un mejor resultado de las políticas públicas y la implementación de programas sociales.
Desde el INEGI se han realizado ejercicios estadísticos en los que la transparencia y de participación social son dos elementos fundamentales para reducir problemas de corrupción, incluso son temas que se vinculan con una mejor calidad de vida de las personas y una mayor confianza hacia las autoridades gubernamentales.
Mientras tanto, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, aludió la importancia de los datos abiertos para mejorar la calidad de vida de la población y cómo a través de ellos se pueden lograr sociedades más receptivas a las necesidades y transparentes en sus operaciones.
La correcta gestión de la información pública, aseveró, facilita la inclusión y la participación ciudadana, lo que representa una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida de la población.
Comunicó que en la capital del país se han establecido normas y acciones para que la gestión integral de riesgo y la protección civil formen parte de la vida cotidiana de sus ciudadanos y, les permitan el disfrute de servicios de seguridad y asistencia social, así como actitudes solidarias y responsables para el mejoramiento de sus condiciones de vida.
La directora de Ciudadanía 19S y Ruta Cívica, Mónica Tapia, señaló que el Estado abierto prácticamente es un ecosistema amplio en el que gobierno, ciudadanos, academia y empresarios, tienen obligación de publicar información durante una situación de emergencia y cómo se utiliza para prevenir.
Ante ello, Bonilla Gutiérrez hizo notar que los servicios públicos, la atención a las personas, la defensa y protección de los derechos humanos, no pueden suspenderse o mantenerse sin resolución, porque la sociedad es cuando más tiene interés en las labores que realiza el gobierno ante situaciones de emergencia.
Comentó que en 2019 se presentaron 912 solicitudes de información mientras que en lo que va del 2020 y a pesar de la pandemia derivada del Covid-19, se han registrado 284, de las cuales, 189 han sido respondidas y 95, se encuentran al momento, pendientes de respuesta.
Durante este año, ante el INFO se han promovido 13 recursos de revisión en relación con solicitudes de información pública y una denuncia por incumplimiento a obligaciones de transparencia.
El gestor de proyectos y comunicación, Nova Gob, de España, Rafael Camacho, habló de los elementos que conforman un Estado Abierto y que contribuyen a salvar vidas, y de cómo a través de la información se generan espacios de colaboración que aporten soluciones reales y aplicables a los problemas que se generan en una situación de emergencia.
La subjet matter expert, del International Institute of Global Reciliencie de Estados Unidos, Janet K. Benini, indicó que la población debe asegurarse de contar con información que estamos recibiendo efectivamente es veraz y nos puede ayudar a reaccionar de la manera correcta, y se debe brindar retroalimentación para que las autoridades sepan si esa información funciona o no.
En el coloquio se abordó la importancia de contar con información en datos abiertos y transparencia sobre situaciones de emergencia y, de la gran oportunidad que tienen las instancias gubernamentales para mejorar la publicación y dar continuidad a los datos abiertos.
María del Carmen Nava Polina anunció la liberación de bases de datos con 6,819 solicitudes de información de la Ciudad de México, referentes al tema de la reconstrucción realizadas en 2017, 2018 y 2019.
Esas bases de datos se integran en un repositorio en el que se pueden consultar archivos de Excel, con distintos niveles de agregación de las solicitudes reclasificadas.
En el repositorio se encuentran la solicitud en versión pública, el sujeto obligado al que se realizó la solicitud, e información sociodemográfica del solicitante.
Especialistas de distintos países coincidieron en la importancia de apelar a la ética en todo momento para el tratamiento de datos personales en situaciones de emergencia como el Covid-19, así como hacer transparente la información sobre la compra y adquisiciones por parte de los gobiernos federal, estatal, municipal y alcaldías en momentos de desastres naturales o pandemias a nivel mundial.
La comisionada ciudadana del INFO, Elsa Bibiana Peralta Hernández, afirmó que en contextos como la pandemia que se vive en el país y a nivel mundial, lo primero que se debe hacer es difundir información verdadera a través de todos los medios posibles sobre la gran cantidad de acciones que se están llevando a cabo, de manera específica, aquellas que se realizan para proteger la vida de las personas y su vida privada, incluyendo sus datos personales.
Pugnó por la generación de campañas de concientización para que las personas sepan qué hacer en situaciones de emergencia y cómo protegerse de ataques que pueden ser tanto físicos como virtuales.
Una emergencia no es una oportunidad para reducir la transparencia; “hay que trabajar mucho esto, porque entre algunos mecanismos para atender la emergencia se cree que se puede pasar por encima de los derechos de las personas y esto no es así”, aclaró.
La comisionada ciudadana Marina San Martín Rebolloso, en su turno, resaltó que, ante situaciones de emergencia, la garantía del acceso a la información es esencial y tan importante como los demás derechos, porque permite tomar decisiones con sustento, puede salvar vidas y, favorece el ejercicio de otras prerrogativas como la salud, el trabajo, la seguridad, además de facilitar la prevención y detección de posibles actos de corrupción.
Hizo notar que es necesario entender el valor a la información, no sólo para las personas en lo individual y colectivo, sino como herramienta aliada que fortalece a las Instituciones del Estado, porque les permite comunicar mejor qué están haciendo, qué se debe hacer, cómo, cuándo y hacia dónde vamos.
