Todos aquellos que busquen revertir la orientación sexual o identidad de género de una persona a través de tratamientos psicológicos o religiosos, así como por cualquier otra vía de presión, serán sancionados hasta con tres años de cárcel, afirmaron diputados del Estado de México, tras presentar una iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad.
En el proyecto, la legisladora Beatriz García Villegas, quien habló a nombre de la fracción parlamentaria de Morena, dijo que los castigos incluyen toda intención de buscar corregir o revertir la orientación sexual.
Agregó que las sanciones incluyen de uno a tres años de prisión, o bien, de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad, pues aclaró que la Corte Interamericana de Derechos ha establecido que la orientación sexual de una persona se encuentra ligada al concepto de libertad y la posibilidad de toda persona de auto-determinarse y escoger libremente las circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, el diputado Valentín González Bautista presentó la propuesta de su compañera de bancada, que plantea prohibir en la entidad estas prácticas.
La propuesta considera que la orientación sexual de una persona es independiente del sexo que le asignaron al nacer, e independiente de su identidad de género, y este derecho.
Con esta reforma se prohibirían los pseudo tratamientos psicológicos o religiosos que abarcan desde los golpes, la medicación, la abstinencia sexual, la privación ilegal de la libertad, los electrochoques, sesiones de terapias psicológicas, la negación de alimentos, las amenazas, los castigos físicos, el abuso emocional y/o psicológico hasta las violaciones multitudinarias correctivas, lo que abona a la criminalización y el estigma hacia dicho sector poblacional.
“En su mayoría, dichas prácticas provienen de organizaciones con una perspectiva ideológica que condena la homosexualidad, y los resultados que arrojan están colmados de prejuicios sociales, porque quienes las ofrecen no son clínicas especializadas, sino “cursos o talleres” manejados en la informalidad, violentando la libre determinación de las personas”, sostiene la iniciativa de la diputada Beatriz García.
El proyecto plantea sancionar de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad, y de 50 hasta 200 días multa al que promueva, ofrezca, imparta, aplique, obligue, induzca o someta a tratamiento, terapia o cualquier tipo de servicio que pretenda cambiar la orientación sexual o identidad de género.
La pena se incrementaría al doble cuando se trate de menores, personas con discapacidad, personas adultas mayores, sujetos privados de libertad o con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse.
