/ miércoles 3 de marzo de 2021

Entra en vigor el próximo viernes la Ley de Amnistía en Edomex

Es una oportunidad para despresurizar las 22 cárceles del estado

A partir del próximo viernes entrará en vigor la Ley de Amnistía en el Estado de México, aprobada el pasado 17 de diciembre por diputados locales, por lo que comenzará el proceso de solicitudes de liberación de presos, las cuales, sin embargo, no se darán en automático, advirtió el titular del Poder Judicial en la entidad, Ricardo Sodi Cuéllar.

Al sostener que aún no se sabe a cuántas personas va a beneficiar este nuevo marco jurídico, el funcionario consideró que “ciertamente es una oportunidad para despresurizar a las 22 cárceles del estado”.

En entrevista posterior a su participación en el evento por el 197 aniversario del Estado de México, Sodi Cuéllar manifestó ante diversos medios de comunicación, que los presos candidatos a ser liberados tienen que cumplir una serie de requisitos, siendo la reparación del daño uno de los más importantes.

Se espera que las solicitudes para liberar a los presos, en el marco de lo estipulado en la Ley de Amnistía, puedan promoverse por la vía virtual o de manera presencial. Aquellas personas que aspiren a beneficarise de este instrumento legal deberán estar acusados de delitos menores.

Ricardo Sodi Cuellar indicó que ciertamente existe un mapeo sobre el universo general de las personas encarceladas, “para no generar falsas expectativas hay que ver quiénes son los que cumplen los requisitos”, aclaró.

El titular del Poder Judicial del Estado de México agregó que mañana se estarían publicando los lineamientos para poner en marcha la Ley de Amnistía, los cuales deben contar con el aval del Consejo de la Judicatura, “y a partir del cinco de marzo se cumplen los 60 días necesarios para entrar en vigor tras su publicación en la gaceta de gobierno”.

Consideró que esta ley representa una gran oportunidad para despresurizar los centros penitenciarios y eximir de sanción a delincuentes menores que por circunstancias de diversa índole han delinquido y para sensibilizar a las autoridades de que las penas deben ser racionales y no excesivas.

El 17 de diciembre de 2020, el Pleno de la Legislatura estatal aprobó por mayoría de votos la Ley de Amnistía, tras más de seis meses de discusiones con expertos en la materia, con el fin de excarcelar a mujeres, jóvenes indígenas, adultos mayores y personas en condición de pobreza, que fueron acusados o sentenciados de delitos no graves.

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Las estimaciones de los legisladores advierten que este marco legal podría favorecer al menos a unos 5 mil reos, “y esto ayudaría a despresurizar un sistema penitenciario sobrepoblado con más de 31 mil personas privadas de su libertad, “dijo en aquella ocasión el diputado Max Correa.

La Ley de Amnistía fue producto de cuatro iniciativas que presentaron el PRD, Morena, PT y una de origen ciudadano, enriquecida con propuestas del Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y organismos como la comisión estatal de derechos humanos y otros colectivos y familiares de internos, que se recibieron en el parlamento abierto donde se analizaron las iniciativas.

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A partir del próximo viernes entrará en vigor la Ley de Amnistía en el Estado de México, aprobada el pasado 17 de diciembre por diputados locales, por lo que comenzará el proceso de solicitudes de liberación de presos, las cuales, sin embargo, no se darán en automático, advirtió el titular del Poder Judicial en la entidad, Ricardo Sodi Cuéllar.

Al sostener que aún no se sabe a cuántas personas va a beneficiar este nuevo marco jurídico, el funcionario consideró que “ciertamente es una oportunidad para despresurizar a las 22 cárceles del estado”.

En entrevista posterior a su participación en el evento por el 197 aniversario del Estado de México, Sodi Cuéllar manifestó ante diversos medios de comunicación, que los presos candidatos a ser liberados tienen que cumplir una serie de requisitos, siendo la reparación del daño uno de los más importantes.

Se espera que las solicitudes para liberar a los presos, en el marco de lo estipulado en la Ley de Amnistía, puedan promoverse por la vía virtual o de manera presencial. Aquellas personas que aspiren a beneficarise de este instrumento legal deberán estar acusados de delitos menores.

Ricardo Sodi Cuellar indicó que ciertamente existe un mapeo sobre el universo general de las personas encarceladas, “para no generar falsas expectativas hay que ver quiénes son los que cumplen los requisitos”, aclaró.

El titular del Poder Judicial del Estado de México agregó que mañana se estarían publicando los lineamientos para poner en marcha la Ley de Amnistía, los cuales deben contar con el aval del Consejo de la Judicatura, “y a partir del cinco de marzo se cumplen los 60 días necesarios para entrar en vigor tras su publicación en la gaceta de gobierno”.

Consideró que esta ley representa una gran oportunidad para despresurizar los centros penitenciarios y eximir de sanción a delincuentes menores que por circunstancias de diversa índole han delinquido y para sensibilizar a las autoridades de que las penas deben ser racionales y no excesivas.

El 17 de diciembre de 2020, el Pleno de la Legislatura estatal aprobó por mayoría de votos la Ley de Amnistía, tras más de seis meses de discusiones con expertos en la materia, con el fin de excarcelar a mujeres, jóvenes indígenas, adultos mayores y personas en condición de pobreza, que fueron acusados o sentenciados de delitos no graves.

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Las estimaciones de los legisladores advierten que este marco legal podría favorecer al menos a unos 5 mil reos, “y esto ayudaría a despresurizar un sistema penitenciario sobrepoblado con más de 31 mil personas privadas de su libertad, “dijo en aquella ocasión el diputado Max Correa.

La Ley de Amnistía fue producto de cuatro iniciativas que presentaron el PRD, Morena, PT y una de origen ciudadano, enriquecida con propuestas del Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y organismos como la comisión estatal de derechos humanos y otros colectivos y familiares de internos, que se recibieron en el parlamento abierto donde se analizaron las iniciativas.

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