/ martes 4 de agosto de 2020

Urgen en Edomex a crear una ley de amnistía

Por defender sus tierras, campesinos acabaron encerrados: diputados

Ante la sobrepoblación existente en las 22 cárceles del Estado de México, donde hay más de 30 mil internos, cuando la capacidad en conjunto es de alrededor de 13 mil, el Congreso de esa entidad comenzó la carrera para despresurizar los centros penitenciarios mediante una ley de amnistía, motivada, además, por las exigencias de acabar con los excesos en el sistema de impartición de justicia.

Los legisladores mexiquenses pretenden liberar a personas consideradas entre los grupos vulnerables: campesinos que por defender sus tierras y el agua se les inició un proceso judicial y terminaron encarcelados; jóvenes que fueron sorprendido portando mariguana, aunque haya sido para consumo propio, hoy están tras las rejas; mujeres, que ante la necesidad de abortar, de igual manera fueron llevadas a prisión, o bien, los llamados presos políticos.

Los diputados aseguran, en contra parte, que la ley de amnistía no será para beneficiar, bajo ninguna circunstancia, a quienes hayan cometido algún delito mayor o grave, sean reincidentes o delincan con habitualidad, porque de lo que se trata es también brindar protección a las víctimas.

Para integrar esta ley de amnistía, en la Cámara de diputados del estado se discuten tres iniciativas. Una pertenece a la fracción de Morena, otra a la del Partido del Trabajo y una más al activista José Humbertus Pérez Espinoza, quien estuvo privado de su libertad en una cárcel durante el gobierno pasado y fue considerado como preso político.

Apenas el pasado 27 de julio comenzó formalmente la carrera legislativa para este propósito, después de que desde mayo pasado fueran presentadas las iniciativas correspondientes. Los trabajos proyectan incluir a diversos colectivos, al Poder Judicial, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al Colegio de Abogados, a organismos de derechos humanos tanto estatales como internacionales, así como a las víctimas.

Desde el Congreso estatal, los representantes populares buscarán tumbar las evidencias que demuestran que el acceso a la justicia y la condición de pertenecer a grupo vulnerables, tienen una relación inversa en el sistema de justicia, ya que precisamente por ser parte de estos segmentos poblacionales es inmediata la aparición de violaciones a los procesos y a los derechos humanos.

Los diputados del Estado de México han advertido que el propio gobierno estatal, a través de la Secretaría de Seguridad de la entidad, ha reconocido que no se puede hablar de una verdadera reinserción social cuando existen más de 30 mil personas privadas de su libertad en los 22 penales, cuya capacidad está dispuesta para alrededor de 13 mil internos.

Ante tal panorama, los legisladores urgieron a acelerar la despresurización de las cárceles, mediante la figura de la amnistía, y no a través de la construcción de más centros carcelarios.

INICIATIVA CIUDADANA

El pasado 26 de mayo, la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, a cargo del diputado Maurilio Hernández González, dio el acuse de recibido a la iniciativa ciudadana para crear la ley de amnistía, firmada por José Humbertus Pérez Espinoza, dirigente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, quien apenas en enero pasado fue puesto en libertad, tras más de 4 años de permanecer encarcelado por supuestos delitos de extorsión y robo a casa habitación con violencia.

El activista fue llevado a prisión en el gobierno pasado, pero después de un largo proceso un juez determinó su libertad porque la fiscalía no acreditó los delitos en su contra, y uno de los testigos que presentó la parte demandante reconoció que no existió delito alguno, abriendo con ello la hipótesis de que hubo motivos políticos.

De hecho, en su iniciativa el propio Humbertus Pérez se presenta como “ex prisionero de conciencia” y resalta el hecho de ser el 47 preso político liberado en el país. El documento presentado por el activista menciona que esta ley de amnistía debe contribuir y dar atención al compromiso número 88 presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la ciudad de México, después de que tomara posesión.

En su exposición de motivos, el dirigente aduce que en el Estado de México nunca se ha cumplido con la reforma constitucional de junio de 2008, que instauró el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el cual establece que el acusado es considerado inocente hasta que no se demuestre lo contrario.

Menciona también que el anterior sistema ordinario penal inquisitorio, donde el acusado tenía la obligación de demostrar su inocencia y que en teoría debió haber desaparecido, ha estado presente en la práctica en el territorio mexiquense.

Subrayó que la reforma de seguridad y justicia de aquel año tuvo como eje central elevar a rango constitucional la presunción de inocencia, que representa una gran diferencia con el sistema de justicia inquisitorio, situación que, sin embargo, no se ha cumplido en el Estado de México, donde hay miles de personas encarceladas a pesar de ser inocentes.

PARLAMENTO ABIERTO

Durante la primera reunión de comisiones legislativas realizada el pasado 27 de julio, encaminada a la conformación de la ley de amnistía el legislador Max Correa Hernández planteó la posibilidad de celebrar un parlamento abierto, con sesiones virtuales donde se incluyan a diversos sectores, entes de gobierno y a especialistas.

La iniciativa de Morena establece 14 supuestos motivos para otorgar la libertad a quienes accedan a la ley de amnistía y que para hacer efectivo alguno de éstos deberá solicitarse al poder legislativo, de mutuo propio i con el apoyo de abogados, parientes hasta el quinto grado u organismos locales, estatales o internacionales de defensa de los derechos humanos.

A diferencia de la ley federal, donde es la Secretaría de Gobernación es la instancia que evalúa los casos de presos federales, en la ley estatal, sería el Congreso local, a través de una comisión especial, la que daría seguimiento a casos especiales.

“Se trata de un instrumento que va a lograr la reconciliación de la sociedad mexiquense con sus instituciones de impartición de justicia, que puede ayudar a construir paz en nuestro estado y permitirá despoblar las cárceles de la entidad y atender recomendaciones de organismos de derechos humanos”, sostuvo el legislador.

Por ello, dijo, en atención a las exigencias de la sociedad civil se está contemplando la realización de un parlamento abierto, utilizando las tecnologías de la información, mediante al menos tres sesiones virtuales.

La idea es que estos foros incluyan, además de legisladores, a todos los grupos parlamentarios, la propia participación del activista José Humbertus Pérez, al Poder Judicial, a la Fiscalía General de Justicia, a Comision de Derechos Humanos del Estado de México, al Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, al Colegio de Abogaos, a colectivos como Zeferino Ladrillero y Haz Valer mi Libertad, así como a las organizaciones que defienden la vida y la familia.

POBREZA SIN JUSTICIA

Al respecto, diputada Mariana Uribe, quien también impulsa la iniciativa de Morena, advirtió que el actual sistema de justicia penal ha dejado miles de casos de violaciones a derechos humanos, a ataques al debido proceso y a la libertad de las personas, cuyos afectados son en su mayoría personas pobres y en situación vulnerable, quienes carecen de acceso pleno a la justicia.

Aseveró que en el Estado de México por lo menos 100 mujeres han sido encarceladas por haber abortado desde 2018 a la fecha, y tan solo 19 han sido detenidas entre enero y febrero del presente año.

Mencionó que a nivel nacional son 4 mil prisioneras por este delito, pese a que organizaciones como ProVida y el Frente Nacional por la Familia afirme que no hay mujeres detenidas por esta causa.

En tanto, la legisladora Alicia Mercado, recordó que durante años pasaron desapercibidas las personas que están presas por su condición vulnerable, debido a diversas limitaciones, a su edad, a la condición social, y a la falta de oportunidades, por lo que los legisladores no pueden permanecer inactivos ante ello.

En ese mismo tenor se pronunció la diputada Violeta Nova, quien lamentó que hoy en el Estado de México se fabriquen delincuentes “para quitar a personas que estorban”. Pidió que la ley de amnistía se analice a fondo, con apoyo de especialistas para garantizar la justicia tanto a víctimas como a aquellos que están presos de manera irregular, por lo que sugirió contar con un grupo interdisciplinario para que determine quienes pueden acceder a este beneficio.

FUERA POSTURAS POLÍTICAS

Además de la iniciativa ciudadana y la de Morena existe otro proyecto que presentó la fracción del Partido del Trabajo, el cual establece que deben liberarse las personas que estén encarceladas por el delito de aborto y por delitos contra la salud.

Asimismo, a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.

La iniciativa del PT también pide liberar a quienes hayan incitado a la comisión de algún delito y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.

Al respecto, el diputado Gerardo Ulloa llamó a encontrar las coincidencias entre grupos parlamentarios, más allá de posturas políticas, para construir la ley de amnistía en el Estado de México, mediante un trabajo institucional.

Solicitó respaldar la propuesta de parlamento abierto virtual y definir el método de trabajo para agilizar el análisis de la iniciativa. “Podemos tener diferencias en cuanto a la formación política y es válido, pero si hacemos llegar la propuesta a instituciones y diversos grupos, podemos llegar a un buen término en la aprobación de esta ley”, dijo.

Finalmente, Julio Hernández, presidente de la comisión de derechos humanos sostuvo que no se estaría liberando a delincuentes. “Hay que escuchar a las miles de voces a nivel estatal que están reclamando esa justicia porque simplemente llegaron los policías y se lo llevaron, hay una fabricación de culpables enorme en el Estado de México”, dijo.

Ante la sobrepoblación existente en las 22 cárceles del Estado de México, donde hay más de 30 mil internos, cuando la capacidad en conjunto es de alrededor de 13 mil, el Congreso de esa entidad comenzó la carrera para despresurizar los centros penitenciarios mediante una ley de amnistía, motivada, además, por las exigencias de acabar con los excesos en el sistema de impartición de justicia.

Los legisladores mexiquenses pretenden liberar a personas consideradas entre los grupos vulnerables: campesinos que por defender sus tierras y el agua se les inició un proceso judicial y terminaron encarcelados; jóvenes que fueron sorprendido portando mariguana, aunque haya sido para consumo propio, hoy están tras las rejas; mujeres, que ante la necesidad de abortar, de igual manera fueron llevadas a prisión, o bien, los llamados presos políticos.

Los diputados aseguran, en contra parte, que la ley de amnistía no será para beneficiar, bajo ninguna circunstancia, a quienes hayan cometido algún delito mayor o grave, sean reincidentes o delincan con habitualidad, porque de lo que se trata es también brindar protección a las víctimas.

Para integrar esta ley de amnistía, en la Cámara de diputados del estado se discuten tres iniciativas. Una pertenece a la fracción de Morena, otra a la del Partido del Trabajo y una más al activista José Humbertus Pérez Espinoza, quien estuvo privado de su libertad en una cárcel durante el gobierno pasado y fue considerado como preso político.

Apenas el pasado 27 de julio comenzó formalmente la carrera legislativa para este propósito, después de que desde mayo pasado fueran presentadas las iniciativas correspondientes. Los trabajos proyectan incluir a diversos colectivos, al Poder Judicial, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al Colegio de Abogados, a organismos de derechos humanos tanto estatales como internacionales, así como a las víctimas.

Desde el Congreso estatal, los representantes populares buscarán tumbar las evidencias que demuestran que el acceso a la justicia y la condición de pertenecer a grupo vulnerables, tienen una relación inversa en el sistema de justicia, ya que precisamente por ser parte de estos segmentos poblacionales es inmediata la aparición de violaciones a los procesos y a los derechos humanos.

Los diputados del Estado de México han advertido que el propio gobierno estatal, a través de la Secretaría de Seguridad de la entidad, ha reconocido que no se puede hablar de una verdadera reinserción social cuando existen más de 30 mil personas privadas de su libertad en los 22 penales, cuya capacidad está dispuesta para alrededor de 13 mil internos.

Ante tal panorama, los legisladores urgieron a acelerar la despresurización de las cárceles, mediante la figura de la amnistía, y no a través de la construcción de más centros carcelarios.

INICIATIVA CIUDADANA

El pasado 26 de mayo, la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, a cargo del diputado Maurilio Hernández González, dio el acuse de recibido a la iniciativa ciudadana para crear la ley de amnistía, firmada por José Humbertus Pérez Espinoza, dirigente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, quien apenas en enero pasado fue puesto en libertad, tras más de 4 años de permanecer encarcelado por supuestos delitos de extorsión y robo a casa habitación con violencia.

El activista fue llevado a prisión en el gobierno pasado, pero después de un largo proceso un juez determinó su libertad porque la fiscalía no acreditó los delitos en su contra, y uno de los testigos que presentó la parte demandante reconoció que no existió delito alguno, abriendo con ello la hipótesis de que hubo motivos políticos.

De hecho, en su iniciativa el propio Humbertus Pérez se presenta como “ex prisionero de conciencia” y resalta el hecho de ser el 47 preso político liberado en el país. El documento presentado por el activista menciona que esta ley de amnistía debe contribuir y dar atención al compromiso número 88 presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la ciudad de México, después de que tomara posesión.

En su exposición de motivos, el dirigente aduce que en el Estado de México nunca se ha cumplido con la reforma constitucional de junio de 2008, que instauró el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el cual establece que el acusado es considerado inocente hasta que no se demuestre lo contrario.

Menciona también que el anterior sistema ordinario penal inquisitorio, donde el acusado tenía la obligación de demostrar su inocencia y que en teoría debió haber desaparecido, ha estado presente en la práctica en el territorio mexiquense.

Subrayó que la reforma de seguridad y justicia de aquel año tuvo como eje central elevar a rango constitucional la presunción de inocencia, que representa una gran diferencia con el sistema de justicia inquisitorio, situación que, sin embargo, no se ha cumplido en el Estado de México, donde hay miles de personas encarceladas a pesar de ser inocentes.

PARLAMENTO ABIERTO

Durante la primera reunión de comisiones legislativas realizada el pasado 27 de julio, encaminada a la conformación de la ley de amnistía el legislador Max Correa Hernández planteó la posibilidad de celebrar un parlamento abierto, con sesiones virtuales donde se incluyan a diversos sectores, entes de gobierno y a especialistas.

La iniciativa de Morena establece 14 supuestos motivos para otorgar la libertad a quienes accedan a la ley de amnistía y que para hacer efectivo alguno de éstos deberá solicitarse al poder legislativo, de mutuo propio i con el apoyo de abogados, parientes hasta el quinto grado u organismos locales, estatales o internacionales de defensa de los derechos humanos.

A diferencia de la ley federal, donde es la Secretaría de Gobernación es la instancia que evalúa los casos de presos federales, en la ley estatal, sería el Congreso local, a través de una comisión especial, la que daría seguimiento a casos especiales.

“Se trata de un instrumento que va a lograr la reconciliación de la sociedad mexiquense con sus instituciones de impartición de justicia, que puede ayudar a construir paz en nuestro estado y permitirá despoblar las cárceles de la entidad y atender recomendaciones de organismos de derechos humanos”, sostuvo el legislador.

Por ello, dijo, en atención a las exigencias de la sociedad civil se está contemplando la realización de un parlamento abierto, utilizando las tecnologías de la información, mediante al menos tres sesiones virtuales.

La idea es que estos foros incluyan, además de legisladores, a todos los grupos parlamentarios, la propia participación del activista José Humbertus Pérez, al Poder Judicial, a la Fiscalía General de Justicia, a Comision de Derechos Humanos del Estado de México, al Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, al Colegio de Abogaos, a colectivos como Zeferino Ladrillero y Haz Valer mi Libertad, así como a las organizaciones que defienden la vida y la familia.

POBREZA SIN JUSTICIA

Al respecto, diputada Mariana Uribe, quien también impulsa la iniciativa de Morena, advirtió que el actual sistema de justicia penal ha dejado miles de casos de violaciones a derechos humanos, a ataques al debido proceso y a la libertad de las personas, cuyos afectados son en su mayoría personas pobres y en situación vulnerable, quienes carecen de acceso pleno a la justicia.

Aseveró que en el Estado de México por lo menos 100 mujeres han sido encarceladas por haber abortado desde 2018 a la fecha, y tan solo 19 han sido detenidas entre enero y febrero del presente año.

Mencionó que a nivel nacional son 4 mil prisioneras por este delito, pese a que organizaciones como ProVida y el Frente Nacional por la Familia afirme que no hay mujeres detenidas por esta causa.

En tanto, la legisladora Alicia Mercado, recordó que durante años pasaron desapercibidas las personas que están presas por su condición vulnerable, debido a diversas limitaciones, a su edad, a la condición social, y a la falta de oportunidades, por lo que los legisladores no pueden permanecer inactivos ante ello.

En ese mismo tenor se pronunció la diputada Violeta Nova, quien lamentó que hoy en el Estado de México se fabriquen delincuentes “para quitar a personas que estorban”. Pidió que la ley de amnistía se analice a fondo, con apoyo de especialistas para garantizar la justicia tanto a víctimas como a aquellos que están presos de manera irregular, por lo que sugirió contar con un grupo interdisciplinario para que determine quienes pueden acceder a este beneficio.

FUERA POSTURAS POLÍTICAS

Además de la iniciativa ciudadana y la de Morena existe otro proyecto que presentó la fracción del Partido del Trabajo, el cual establece que deben liberarse las personas que estén encarceladas por el delito de aborto y por delitos contra la salud.

Asimismo, a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.

La iniciativa del PT también pide liberar a quienes hayan incitado a la comisión de algún delito y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.

Al respecto, el diputado Gerardo Ulloa llamó a encontrar las coincidencias entre grupos parlamentarios, más allá de posturas políticas, para construir la ley de amnistía en el Estado de México, mediante un trabajo institucional.

Solicitó respaldar la propuesta de parlamento abierto virtual y definir el método de trabajo para agilizar el análisis de la iniciativa. “Podemos tener diferencias en cuanto a la formación política y es válido, pero si hacemos llegar la propuesta a instituciones y diversos grupos, podemos llegar a un buen término en la aprobación de esta ley”, dijo.

Finalmente, Julio Hernández, presidente de la comisión de derechos humanos sostuvo que no se estaría liberando a delincuentes. “Hay que escuchar a las miles de voces a nivel estatal que están reclamando esa justicia porque simplemente llegaron los policías y se lo llevaron, hay una fabricación de culpables enorme en el Estado de México”, dijo.

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