/ lunes 21 de diciembre de 2020

Urge en Edomex crear registro público de agresores sexuales

Busca el Poder Legislativo mexiquense cambios a leyes para que quienes cometan este tipo de delitos queden inscritos de 10 a 30 años

Ante los elevados niveles de violencia en el Estado de México, que afectan a la población en general, es necesario combatir otro fenómeno plagado de vejaciones, el cual en gran medida va en detrimento de la población femenina, aunque ninguna persona está exenta, y es el relacionado a las agresiones sexuales.

En esa tónica desde el Poder Legislativo comenzó un proyecto que busca concretar modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad y a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, a fin de crear el Registro Público de Agresores Sexuales.

El tema se encuentra en el ánimo de discusión de los diputados, luego de que la iniciativa en la materia fuera presentada por los legisladores Tanech Sánchez Ángeles y Margarito González Morales.

De acuerdo con el Índice GLAC, entre enero y julio de 2019, el Estado de México registró 7.57 casos de violación por cada 100 mil habitantes, con lo que se posicionó en el décimo cuarto lugar a nivel nacional, según manifestaron los diputados ante los demás integrantes de las diversas fracciones parlamentarias.

Dicho índice genera información que sirve para identificar elementos y tendencias que afectan las condiciones de seguridad de un país o una entidad que es parte del estudio. Es un indicador que compara los valores del estudio a nivel nacional e internacional a través de una escala.

El objetivo de estos cambios legales va encaminado a romper vicios institucionales y dejar firme el planteamiento expuesto en la Cámara de Diputados, en el sentido de que sancionar los delitos de naturaleza sexual rompe con la costumbre cultural de encubrir y tolerar a los agresores sexuales y se le hace frente a una problemática que afecta a toda la sociedad, ya que una agresión sexual perjudica a la víctima y a su entorno social.

En el Registro Público de Agresores Sexuales estarían enlistadas las personas con sentencia firme, bajo un proceso penal de delitos sexuales, y permanecerán inscritos en un plazo mínimo de 10 años y máximo de 30.

Entre los cambios legales que deberán aprobar los diputados, si es que la iniciativa no queda en la congeladora, sobresalen reformas al Código Penal para especificar delitos en la materia que vayan contra la población femenina o contra cualquier otra persona, pues si existe alguna agresión sexual se podrá prohibir al sentenciado acercarse a la víctima, así como no permitirle acercarse a su domicilio o a su trabajo, o bien, al entorno donde se mueva.

ENORME IMPUNIDAD

De acuerdo con el Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México, realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, existen niveles importantes de impunidad de los delitos de carácter sexual, resultado de diversas causas, entre las que se encuentran la cultura que culpabiliza a las víctimas, afirmó el legislador Tanech Sánchez Ángeles.

Las personas que son objetivo de cualquier manifestación de agresión sexual miran como normales las conductas de lenocinio, acoso y hostigamiento sexual, así como la discriminación hacia determinados grupos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, trabajadores migrantes e indígenas, además de las personas adultas mayores y personas con discapacidades físicas o mentales, así como integrantes LGBTTTI y personas detenidas.

Para fundamentar la iniciativa, los legisladores expusieron datos del “Protocolo de Investigación de los delitos de violencia sexual hacia las mujeres, desde la perspectiva de género”, en el apartado de violencia sexual, la cual se reconoce como una forma de dominio y poder sobre otra persona, a quien el agresor percibe como inferior u objeto sexual.

“Es una forma de violencia que se ejerce principalmente contra las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes, sin dejar de considerar que cualquiera puede padecerla”, afirmó Tanech Sánchez Ángeles, quien es presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior del Estado de México.

Resaltó que la violencia sexual vulnera la libertad y el derecho a decidir de las personas sobre el ejercicio de su sexualidad, provocando daños graves a la salud física y mental de quienes son objeto de esta brutal violencia.

En entrevista con LA PRENSA, ambos legisladores que promovieron el proyecto para crear el Registro Público de Agresores Sexuales, coincidieron en señalar que la violencia sexual vulnera la libertad y el derecho a decidir de las personas sobre el ejercicio de su sexualidad, provocando daños graves a la salud física y mental de quienes son objeto de esta brutal violencia.

Advirtieron que otra causa de alta impunidad en este tipo de delitos deriva de la inacción de la víctima, es decir, prefiere no denunciar a fin de evitar el enfrentamiento, la exposición en más de una ocasión al relato de la vivencia de los hechos.

Esto implica una revictimización, derivado de la desconfianza de las víctimas hacia los operadores del sistema de justicia penal y la inacción de las autoridades ante las denuncias de carácter sexual, sentenció Margarito González Morales.

Lamentó la deficiencia en su capacitación y profesionalización, el maltrato de algunas autoridades a las víctimas y otra vez el desconocimiento de los operadores del sistema de justicia penal.

No obstante, dijo, existen normas y formatos para el registro de información sobre las víctimas de violencia, sobre las prácticas o delitos, sobre los servicios brindados o sobre las presuntas personas agresoras, aunque consideró que resulta evidente que en términos generales, cada instancia de atención registra las variables que considera relevantes y lo hace de manera distinta, tomando en cuenta diferentes rangos, periodos y tipos de información.

REFORZAR EL CÓDIGO PENAL

Con la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales en el Estado de México se reforzará el marco legal como una medida de seguridad más dentro del Código Penal del Estado de México.

Su conformación estará en términos de lo señalado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, asegurando la protección que se debe garantizar a las niñas, niños y adolescentes como potenciales víctimas den agresores sexuales, al conocer y ubicar a las personas que hayan sido sentenciadas por delitos vinculados con esa violencia.

La Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al igual que su homóloga en el Estado de México, identifican con características diferentes las figuras de acoso y el hostigamiento sexual, el primero se da entre personas en las que no existe un poder jerárquico y, por tanto, no hay subordinación alguna, mientras que sí existe en el hostigamiento sexual. A pesar de ser una importante distinción, no todos los Códigos Penales tipifican ambas conductas.

Esta iniciativa está enfocada en la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales, que permita contar con información de las personas con sentencia firme, teniendo como consecuencia que las investigaciones de estos delitos sean más eficientes y se garantice el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de violencia.

El registro responde al interés primordial de proteger y salvaguardar los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, erradicando la violencia en contra de dichos sectores de atención prioritaria, el cual represente una herramienta de protección pública que puede hacer uso de la información contenida de forma adecuada y oportuna, convirtiéndose en un mecanismo de prevención que facilite identificar a las y los delincuentes reincidentes y elementos de prueba para la impartición de justicia.

Con el proyecto legislativo se promueve el uso correcto de la información contenida dentro del registro, asegurando el derecho a la protección de datos personales de la persona agresora, evitando daños a su intimidad, privacidad, dignidad y a su vez procurar la protección de los derechos de las personas en una posición de riesgo de agresión sexual.

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL

De acuerdo con los legisladores Tanech Sánchez Ángeles y Margarito González Morales para fortalecer la base de datos del Registro Público de Agresores Sexuales se necesitará la colaboración de diversas dependencias, entre ellas, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la cual deberá entrar en coordinación con instancias como el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Este banco crea expedientes electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia, salvaguardando la información personal recopilada, con el fin de alcanzar una correcta ejecución y funcionamiento del Registro de Agresores Sexuales del Estado de México.

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Asimismo, se necesitará la colaboración de otras instancias como el Poder Judicial del Estado de México, la Secretaría de la Mujer, el Instituto Mexiquense de la Juventud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

“Sin duda fijaremos un parteaguas en la defensa de las víctimas de estos delitos y atenderemos el ámbito preventivo, antes que el correctivo, lo que nos llevará a conseguir un Estado de México más seguro para las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, agregó Sánchez Ángeles.

Con el proyecto se incluye la posibilidad de ofrecer vigilancia, por parte de la Secretaría de Seguridad estatal a la víctima, e incluso la custodia por parte de esa dependencia, cuando el caso lo amerite.

La propuesta incluye un área del Registro Público de Agresores Sexuales, como una unidad administrativa adscrita a la Secretaría General de Gobierno y coordinada con la de Seguridad y alimentada por el Poder Judicial mexiquense para inscribir a quienes tengan sentencia y haya causado ejecutoria por algún delito contra la libertad sexual.

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Ante los elevados niveles de violencia en el Estado de México, que afectan a la población en general, es necesario combatir otro fenómeno plagado de vejaciones, el cual en gran medida va en detrimento de la población femenina, aunque ninguna persona está exenta, y es el relacionado a las agresiones sexuales.

En esa tónica desde el Poder Legislativo comenzó un proyecto que busca concretar modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad y a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, a fin de crear el Registro Público de Agresores Sexuales.

El tema se encuentra en el ánimo de discusión de los diputados, luego de que la iniciativa en la materia fuera presentada por los legisladores Tanech Sánchez Ángeles y Margarito González Morales.

De acuerdo con el Índice GLAC, entre enero y julio de 2019, el Estado de México registró 7.57 casos de violación por cada 100 mil habitantes, con lo que se posicionó en el décimo cuarto lugar a nivel nacional, según manifestaron los diputados ante los demás integrantes de las diversas fracciones parlamentarias.

Dicho índice genera información que sirve para identificar elementos y tendencias que afectan las condiciones de seguridad de un país o una entidad que es parte del estudio. Es un indicador que compara los valores del estudio a nivel nacional e internacional a través de una escala.

El objetivo de estos cambios legales va encaminado a romper vicios institucionales y dejar firme el planteamiento expuesto en la Cámara de Diputados, en el sentido de que sancionar los delitos de naturaleza sexual rompe con la costumbre cultural de encubrir y tolerar a los agresores sexuales y se le hace frente a una problemática que afecta a toda la sociedad, ya que una agresión sexual perjudica a la víctima y a su entorno social.

En el Registro Público de Agresores Sexuales estarían enlistadas las personas con sentencia firme, bajo un proceso penal de delitos sexuales, y permanecerán inscritos en un plazo mínimo de 10 años y máximo de 30.

Entre los cambios legales que deberán aprobar los diputados, si es que la iniciativa no queda en la congeladora, sobresalen reformas al Código Penal para especificar delitos en la materia que vayan contra la población femenina o contra cualquier otra persona, pues si existe alguna agresión sexual se podrá prohibir al sentenciado acercarse a la víctima, así como no permitirle acercarse a su domicilio o a su trabajo, o bien, al entorno donde se mueva.

ENORME IMPUNIDAD

De acuerdo con el Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México, realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, existen niveles importantes de impunidad de los delitos de carácter sexual, resultado de diversas causas, entre las que se encuentran la cultura que culpabiliza a las víctimas, afirmó el legislador Tanech Sánchez Ángeles.

Las personas que son objetivo de cualquier manifestación de agresión sexual miran como normales las conductas de lenocinio, acoso y hostigamiento sexual, así como la discriminación hacia determinados grupos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, trabajadores migrantes e indígenas, además de las personas adultas mayores y personas con discapacidades físicas o mentales, así como integrantes LGBTTTI y personas detenidas.

Para fundamentar la iniciativa, los legisladores expusieron datos del “Protocolo de Investigación de los delitos de violencia sexual hacia las mujeres, desde la perspectiva de género”, en el apartado de violencia sexual, la cual se reconoce como una forma de dominio y poder sobre otra persona, a quien el agresor percibe como inferior u objeto sexual.

“Es una forma de violencia que se ejerce principalmente contra las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes, sin dejar de considerar que cualquiera puede padecerla”, afirmó Tanech Sánchez Ángeles, quien es presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior del Estado de México.

Resaltó que la violencia sexual vulnera la libertad y el derecho a decidir de las personas sobre el ejercicio de su sexualidad, provocando daños graves a la salud física y mental de quienes son objeto de esta brutal violencia.

En entrevista con LA PRENSA, ambos legisladores que promovieron el proyecto para crear el Registro Público de Agresores Sexuales, coincidieron en señalar que la violencia sexual vulnera la libertad y el derecho a decidir de las personas sobre el ejercicio de su sexualidad, provocando daños graves a la salud física y mental de quienes son objeto de esta brutal violencia.

Advirtieron que otra causa de alta impunidad en este tipo de delitos deriva de la inacción de la víctima, es decir, prefiere no denunciar a fin de evitar el enfrentamiento, la exposición en más de una ocasión al relato de la vivencia de los hechos.

Esto implica una revictimización, derivado de la desconfianza de las víctimas hacia los operadores del sistema de justicia penal y la inacción de las autoridades ante las denuncias de carácter sexual, sentenció Margarito González Morales.

Lamentó la deficiencia en su capacitación y profesionalización, el maltrato de algunas autoridades a las víctimas y otra vez el desconocimiento de los operadores del sistema de justicia penal.

No obstante, dijo, existen normas y formatos para el registro de información sobre las víctimas de violencia, sobre las prácticas o delitos, sobre los servicios brindados o sobre las presuntas personas agresoras, aunque consideró que resulta evidente que en términos generales, cada instancia de atención registra las variables que considera relevantes y lo hace de manera distinta, tomando en cuenta diferentes rangos, periodos y tipos de información.

REFORZAR EL CÓDIGO PENAL

Con la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales en el Estado de México se reforzará el marco legal como una medida de seguridad más dentro del Código Penal del Estado de México.

Su conformación estará en términos de lo señalado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, asegurando la protección que se debe garantizar a las niñas, niños y adolescentes como potenciales víctimas den agresores sexuales, al conocer y ubicar a las personas que hayan sido sentenciadas por delitos vinculados con esa violencia.

La Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al igual que su homóloga en el Estado de México, identifican con características diferentes las figuras de acoso y el hostigamiento sexual, el primero se da entre personas en las que no existe un poder jerárquico y, por tanto, no hay subordinación alguna, mientras que sí existe en el hostigamiento sexual. A pesar de ser una importante distinción, no todos los Códigos Penales tipifican ambas conductas.

Esta iniciativa está enfocada en la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales, que permita contar con información de las personas con sentencia firme, teniendo como consecuencia que las investigaciones de estos delitos sean más eficientes y se garantice el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de violencia.

El registro responde al interés primordial de proteger y salvaguardar los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, erradicando la violencia en contra de dichos sectores de atención prioritaria, el cual represente una herramienta de protección pública que puede hacer uso de la información contenida de forma adecuada y oportuna, convirtiéndose en un mecanismo de prevención que facilite identificar a las y los delincuentes reincidentes y elementos de prueba para la impartición de justicia.

Con el proyecto legislativo se promueve el uso correcto de la información contenida dentro del registro, asegurando el derecho a la protección de datos personales de la persona agresora, evitando daños a su intimidad, privacidad, dignidad y a su vez procurar la protección de los derechos de las personas en una posición de riesgo de agresión sexual.

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL

De acuerdo con los legisladores Tanech Sánchez Ángeles y Margarito González Morales para fortalecer la base de datos del Registro Público de Agresores Sexuales se necesitará la colaboración de diversas dependencias, entre ellas, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la cual deberá entrar en coordinación con instancias como el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Este banco crea expedientes electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia, salvaguardando la información personal recopilada, con el fin de alcanzar una correcta ejecución y funcionamiento del Registro de Agresores Sexuales del Estado de México.

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Asimismo, se necesitará la colaboración de otras instancias como el Poder Judicial del Estado de México, la Secretaría de la Mujer, el Instituto Mexiquense de la Juventud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

“Sin duda fijaremos un parteaguas en la defensa de las víctimas de estos delitos y atenderemos el ámbito preventivo, antes que el correctivo, lo que nos llevará a conseguir un Estado de México más seguro para las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, agregó Sánchez Ángeles.

Con el proyecto se incluye la posibilidad de ofrecer vigilancia, por parte de la Secretaría de Seguridad estatal a la víctima, e incluso la custodia por parte de esa dependencia, cuando el caso lo amerite.

La propuesta incluye un área del Registro Público de Agresores Sexuales, como una unidad administrativa adscrita a la Secretaría General de Gobierno y coordinada con la de Seguridad y alimentada por el Poder Judicial mexiquense para inscribir a quienes tengan sentencia y haya causado ejecutoria por algún delito contra la libertad sexual.

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