La salud de los mexicanos está por encima de cualquier interés político, por lo que resulta apremiante que el gobierno federal dé certeza sobre la vacuna contra el Covid-19, para que millones de mexicanos sean inoculados de manera eficaz y oportuna.
Esa postura respaldada por fuerzas políticas tanto en el Congreso de la Ciudad de México como en la Cámara de Diputados, va acompañada a la exigencia que se le hace a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a vigilar permanentemente los establecimientos que comercialicen oxígeno medicinal y, de ser el caso, aplicar sanciones a quien lo venda con sobreprecio.
Mientras que la integrante de la bancada del PAN en el Legislativo de la capital del país, América Rangel Lorenzana presentó una demanda contra el gobierno federal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por privar a los mexicanos de tener acceso libre a la vacuna del Covid-19, el diputado local de Morena, José Martín Padilla Sánchez, exhortó a la Profeco y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a que generen una estrategia conjunta de vigilancia sobre el consumo y abuso en la venta de tanques de oxígeno en la metrópoli.
A lo anterior se sumó la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, al proponer que las autoridades sanitarias den la máxima publicidad a la estrategia para distribuir el inmunizante en las 32 entidades federativas.
La situación se torna aún más grave, debido al incremento en el número de contagios y por ende de fallecimientos, por eso, la petición a las autoridades sanitarias para que respondan las exigencias sanitarias de los mexicanos.
Mediante un punto de acuerdo, las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional, propusieron que desde el recinto de San Lázaro se exhorte al gobierno federal a dar transparencia a la estrategia para la distribución de la vacuna y a hacer públicos los convenios que firmó con países o industrias farmacéuticas para la precompra de la misma.
Resulta que el tiempo apremia y, es necesario evitar improvisaciones que sólo generan incertidumbre; urge tener información clara y puntual, porque lo que hoy existe son versiones oficiales confusas y hasta opuestas.
Según el representante popular del Congreso citadino, José Martín Padilla Sánchez, existe un alza indiscriminada de precios y el robo de tanques de oxígeno destinados a los enfermos graves por coronavirus, ya sea por la desesperación de no encontrar el recurso para sus familiares o con la finalidad de hacer dinero fácil al revenderlo.
“En el caso concreto de la Ciudad de México, estamos por llegar a un año de acciones contra la pandemia, pero a pesar de los esfuerzos transformados en la jornada de Sana Distancia y la difusión masiva de la información preventiva; no se ha logrado aplanar la curva de contagio”, sostuvo.
Tanto en el Congreso capitalino como en la Cámara de Diputados, se han hecho exhortos a la Profeco a verificar de forma permanente a los establecimientos que distribuyan, comercialicen, vendan, renten o brinden todos los servicios relacionados con los concentradores y tanques de oxígeno medicinal.
Ello, para aplicar las sanciones correspondientes a quien o quienes fijen sobreprecios de estos productos y servicios, así como a vigilar, retirar del mercado, sancionar y denunciar ante el Ministerio Público, la venta engañosa de oxígeno industrial por medicinal.
La diputada federal de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río, aseveró que existen distribuidores que lucran con la necesidad y el dolor de los mexicanos en esta pandemia, porque venden oxígeno industrial como si fuera medicinal, no obstante, aumentaron indiscriminadamente los precios. “Es necesario poner un alto a estos abusos”.
Por su parte, la postura del legislador morenista Marco Antonio Andrade Zavala, es que México vive una situación complicada debido a la pandemia. Sin embargo, agregó, se superará con el apoyo de todos.
“El oxígeno es un medicamento primordial y es necesario que exista una competencia leal de este producto, a fin de proteger los intereses de los mexicanos”, consideró.
PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR VIRUS
Y, ante la crisis económica que enfrenta el país, muchas personas han tenido que recurrir a sus ahorros, mientras que otras se han visto obligadas a endeudarse.
Relacionado a lo anterior, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, expuso la necesidad de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informe las acciones que ha emprendido para evitar los abusos de bancos y casas de empeño durante la pandemia provocada por el Covid-19.
La integrante de la bancada de Morena en San Lázaro, afirmó que las pérdidas no son para todos, porque los bancos y casas de empeño han resultado grandes ganadores, “pese a la reducción de las tasas de interés establecida por el Banco de México, algunas instituciones financieras han aumentado los costos de los créditos que otorgan; una buena porción de mexicanos no tiene acceso a los servicios financieros y recurre desde siempre a las casas de empeño”.
Padierna Luna citó que el año pasado, las operaciones de dichas empresas pasaron de 125 mil a 175 mil por día, es decir, tuvieron un incremento del 40 por ciento.
Aludió que el gobierno federal, a través de la Profeco, tomó medidas como prohibir la venta de bienes empeñados durante la crisis sanitaria, además de difundir información sobre la seriedad tan cuestionada de algunas de estas empresas para funcionar, que requieren estar registradas oficialmente.
“La otra cara de la crisis es la falta de empatía y solidaridad de las instituciones que llegan a cobrar intereses hasta de 200 por ciento. En el caso de los bancos, la baja tasa de fondeo interbancario no se ha traducido en beneficios para los usuarios; tiendas departamentales e instituciones bancarias que atienden a sectores de bajos ingresos siguen cobrando intereses que llegan a superar hasta 17 veces la tasa de referencia del Banco de México y hasta 23 veces el porcentaje de inflación que en 2020 fue de 3.15 por ciento”, señaló.
Entre las casas de empeño también hay casos de abierta usura, una prenda empeñada por 10 mil pesos, por ejemplo, podrá ser recuperada con el pago de 25 mil pesos.
Al respecto, la diputada morenista sostuvo: “sabemos que la crisis provocada por la pandemia será de larga duración, de ahí que precisemos poner en la mesa la discusión sobre los mecanismos para que la banca juegue un papel en la reactivación de la economía y para proteger a la ciudadanía para que no caigan en manos de usureros que ven en la pandemia que nos afecta a todos, una oportunidad para incrementar sus ganancias, también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe informar qué está haciendo para evitar todos estos abusos”.
A su vez, La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría de Salud para que, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, garantice el abasto, cobertura y aplicación de las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal.
El dictamen de la Segunda Comisión, resalta que a pesar de la concentración de esfuerzos para frenar la pandemia de Covid-19, se debe procurar el abasto de las vacunas para las niñas y niños, cumpliendo con el programa ordinario de vacunación.
Se dejó en claro que, conforme a la Constitución Política, toda persona tiene derecho a la protección de la salud y se reconoce la importancia de la vacunación como mecanismo de protección de la salud para las niñas, niños y adolescentes.
Diputados y Senadores, en su momento, desde la Permanente, exhortaron a la Secretaría de Salud y a la Cofepris, a que examinen la viabilidad del uso de todos los medicamentos y alternativas que puedan servir en la lucha contra el Covid-19.
También pidieron a autoridades federales y de las entidades, a garantizar el derecho a la salud con base en la capacidad de hospitales y unidades de salud, a fin de que brinden la atención a personas que lo requieran, debido a las diversas enfermedades y el coronavirus.
Pidieron, además, garantizar y fortalecer los protocolos sanitarios en los viajes internacionales que llegan al país, así como Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y a las instancias homólogas locales, implementar programas de atención a la salud mental femenina.
Algo recurrente es que la Cofepris vigile y controle la venta de equipo médico usado por la población para atender y prevenir el SARS-CoV-2, mientras que a la Profeco se le solicita intensificar la difusión de las características y los precios respectivos.
En repetidas ocasiones, se ha solicitado el llevar a cabo las verificaciones necesarias a las empresas que prestan el servicio de sanitización en lugares públicos y privados.
La crisis sanitaria ha llegado a tal grado en México, con un incremento en las cifras en los primeros días del año, que rebasan lo vivido en el 2020, que la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, diputada priísta Dulce María Sauri Riancho, con la representación de los legisladores, externó sus más sentidas condolencias a quienes durante estas semanas han sufrido la irreparable pérdida de sus seres queridos, deseando que encuentren pronto la resignación.
Otro de los exhortos surgidos entre los representantes populares, son los dirigidos al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutierrez y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, ´Hugo López-Gatell Ramírez, para que remitan un informe detallado, por escrito, sobre la situación en la que se encuentra el país ante la enfermedad Covid-19.
También se pidió información sobre la situación económica que la pandemia ha detonado. Ello ante la consideración de que, durante el pasado mes de diciembre, las autoridades del sector salud han mandado mensajes contradictorios a la población.
Para legisladores el semáforo epidemiológico que de manera original se planteó como una estrategia para mandar un mensaje claro a la población respecto de la situación en la que se encuentra la pandemia, ha sido empleado de forma discrecional por parte de las propias autoridades.
Fue la diputada perredista Mónica Almeida, quien celebró que el gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, reconociera el error en su estrategia de vacunación y, permita tanto a los gobiernos estatales, como a la iniciativa privada, comprar y aplicar la vacuna contra el Covid-19, escenario que ella propuso a finales del 2020.
“Por suerte en esta ocasión el Presidente decidió dar un paso atrás y a regañadientes reconocer que su estrategia de vacunación estaba equivocada esto permitirá que se salven más vidas”, difundió.
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