México padece tremenda violencia, pero también una gran incompetencia de las autoridades que aventuran hipótesis irresponsables en los crímenes, afirmó el Centro Católico Multimedial, al cuestionar: ¿cuántas víctimas han sufrido lo mismo? ¿Cuántas carpetas de investigación han sido archivadas?
¿Cuántas denuncias están mal integradas? Miles de víctimas sufren esta incompetencia que ha paralizado la justicia. Y eso es también una forma de violencia, se preguntó.
Expuso que en el sexenio de López Obrador, cinco sacerdotes han muerto bajo circunstancias violentas. Algunos ataques fueron perpetrados directamente contra las víctimas; otros, fueron parte de las circunstancias cuando estuvieron en el lugar y hora equivocados padeciendo lo que millones en México han sufrido.
En el editorial titulado “autoridades irresponsables y la muerte del sacerdote”, recordó que la muerte del padre José Guadalupe Rivas Saldaña, del clero de la arquidiócesis de Baja California, vuelve a demostrar cómo se pueden manipular varias hipótesis que contradicen las versiones de las autoridades sobre las posibles causas del crimen.
Hallado de una manera inhumana, sus restos fueron tratados de una manera bárbara. El primero en aventurar una posible causa fue el alcalde de Tecate, Darío Benítez, quien pronto apresuró descartar el homicidio porque “no había casquillos percutidos” afirmando lo que parecía una “explosión” que pudo quitar la vida al sacerdote y a otra víctima sin identificar.
Pronto la Fiscalía de Baja California descartó esa inaudita posibilidad dirigiendo las investigaciones por las del homicidio. Algunos antecedentes son importantes considerar, especialmente sobre la actividad pastoral de Rivas Saldaña como director de la Casa del Migrante de Nuestra Señora de Guadalupe.
Tras difundirse la noticia, Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados – SMR, condenaron los hechos exigiendo el esclarecimiento de la muerte del sacerdote, indicó.
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“Sabemos que las personas que defienden los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas están expuestas a contextos de mucha adversidad y violencia, por lo que se hace imprescindible que el Estado garantice la protección de las personas que ejercen este compromiso”, señaló la organización a la vez de que presentó una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para garantizar “el respeto y protección a los derechos humanos de la familia del padre José Guadalupe Rivas, la familia de la persona aún desconocida y para las personas que trabajan dentro de las instalaciones de la Casa del Migrante de Nuestra Señora de Guadalupe, en Tecate”.
En 2016, el padre José Alfredo López Guillén fue señalado de haber entrado a un hotel junto a un menor provocando el revuelo en redes que acusaron al sacerdote de no haber padecido un secuestro.
Pronto, una usuaria de redes sociales señaló que no era el sacerdote, sino que se trataba de su ex pareja y escribió: “Es muy triste todo lo que está pasando, lo que no se me hace justo que los periódicos den información falsa, amiga, a las personas que captaron en video saliendo del hotel no es el padre desaparecido (José Alfredo López) es el padre de mis hijos, la criatura es mi hijo, no se vale”.
Hoy los asesinos de López Guillén cumplen una condena por secuestro y robo agravado.
La muerte del padre José Guadalupe Rivas quiso pasar por esto mismo, una supuesta explosión que lo hace irreconocible, otro cadáver del que no hay identidad, latas y botellas de alcohol y la irresponsable declaración de un alcalde que pronto se vino abajo cuando la misma CNDH, el 21 de mayo, “solicitó la implementación de medidas cautelares.
A efecto de evitar daños irreparables al derecho a la vida, a la seguridad e integridad de los familiares del padre, de la persona encontrada a su lado, y de los integrantes y personas en contexto de migración que se alojan en la Casa del Migrante de Nuestra Señora de Guadalupe, en Tecate, Baja California”, lo que podría apuntar hacia un indicio de que la actividad pastoral del sacerdote pudiera ser una de las causas de su condenable asesinato.
La Conferencia del Episcopado Mexicano no condenó los hechos, sino que señaló su tristeza por la muerte del sacerdote y la de un niño de tres años asesinado al interior del templo de Nuestra Señora de Guadalupe en Fresnillo, y llamó a “deponer las armas y acabar con toda forma de violencia” rogando oraciones para tener los mejores caminos de pacificación y de seguridad.
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