/ miércoles 21 de abril de 2021

Se debe brindar una alimentación adecuada a los capitalinos

El derecho humano a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria suficiente y de calidad, se consolida en la Ciudad de México, al haber dado el Congreso capitalino luz verde a la Ley de Comedores Sociales, que establece que las personas habitantes, residentes o que transitan por la urbe sean beneficiadas a recibir una ración diaria de comida, sin importar su condición social.

Con la legislación aceptada por los integrantes de todas las fracciones parlamentarias del Legislativo local y de la que el gobierno citadino deberá emitir su reglamento en un plazo de 90 días, se pretende combatir la desnutrición, con un enfoque especial hacia los grupos de atención prioritaria.

Quedó fundamentado que, en el contexto de la pandemia provocada por el Covid-19, los comedores sociales son una verdadera opción para personas en condiciones de vulnerabilidad, debido a que se duplicaron las raciones diarias para garantizar alimento a las personas beneficiarias.

Al explicar la Ley de Comedores Sociales, la presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar y Exigibilidad de Derechos Sociales del Legislativo local, Marisela Zúñiga Cerón, refirió que en el artículo segundo se establece el derecho de los habitantes, residentes o quienes transitan en la urbe, a ser beneficiarios sin importar su condición social, etnia, género, preferencia sexual, edad, domicilio o cualquier otro que limite su derecho humano a la alimentación, con especial interés a los infantes.

La diputada sin partido, Leonor Gómez Otegui, señaló en su momento que es importante blindar la seguridad alimentaria, con alimentos saludables y culturalmente aceptables, más aún durante la pandemia que ha provocado crisis económica, social y desempleo.

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Confirmó que la legislación abona en la atención a la población vulnerable, al tiempo que expuso que el artículo tercero transitorio establece que deberá emitirse el reglamento, en un plazo no mayor a 90 días hábiles posteriores a su entrada en vigor y ser expedido por la persona titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

El dictamen aprobado por los representantes populares engloba 9 iniciativas que modifican la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, en torno a la promoción de una seguridad alimentaria.

Zúñiga Cerón insistió que se busca hacer efectivo el derecho de los habitantes a una alimentación adecuada, así como tener alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles, culturalmente aceptables y que protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.

Refrendó que se armoniza, conforme a la Constitución Política de la Ciudad de México, que los comedores populares estarán dirigidos a los grupos de atención prioritaria y a toda persona que encuentre limitado su derecho humano a la alimentación.

Dijo que se establece que la autoridad responsable promoverá, en el ámbito de su competencia, la celebración de convenios con autoridades del área de educación para el establecimiento de comedores públicos en instalaciones educativas, ubicadas en zonas con alto nivel de marginación, con lo que se prioriza a los grupos más vulnerables.

Entre las modificaciones más importantes se establecen acciones que debe realizar la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) en caso de emergencia o desastre de cualquier índole, tales como elaborar un protocolo aplicable durante la emergencia, atendiendo a sus características, para garantizar la correcta inocuidad en el manejo, recepción y distribución de los alimentos, con un énfasis preventivo en la propagación de contagios.

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El derecho humano a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria suficiente y de calidad, se consolida en la Ciudad de México, al haber dado el Congreso capitalino luz verde a la Ley de Comedores Sociales, que establece que las personas habitantes, residentes o que transitan por la urbe sean beneficiadas a recibir una ración diaria de comida, sin importar su condición social.

Con la legislación aceptada por los integrantes de todas las fracciones parlamentarias del Legislativo local y de la que el gobierno citadino deberá emitir su reglamento en un plazo de 90 días, se pretende combatir la desnutrición, con un enfoque especial hacia los grupos de atención prioritaria.

Quedó fundamentado que, en el contexto de la pandemia provocada por el Covid-19, los comedores sociales son una verdadera opción para personas en condiciones de vulnerabilidad, debido a que se duplicaron las raciones diarias para garantizar alimento a las personas beneficiarias.

Al explicar la Ley de Comedores Sociales, la presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar y Exigibilidad de Derechos Sociales del Legislativo local, Marisela Zúñiga Cerón, refirió que en el artículo segundo se establece el derecho de los habitantes, residentes o quienes transitan en la urbe, a ser beneficiarios sin importar su condición social, etnia, género, preferencia sexual, edad, domicilio o cualquier otro que limite su derecho humano a la alimentación, con especial interés a los infantes.

La diputada sin partido, Leonor Gómez Otegui, señaló en su momento que es importante blindar la seguridad alimentaria, con alimentos saludables y culturalmente aceptables, más aún durante la pandemia que ha provocado crisis económica, social y desempleo.

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Confirmó que la legislación abona en la atención a la población vulnerable, al tiempo que expuso que el artículo tercero transitorio establece que deberá emitirse el reglamento, en un plazo no mayor a 90 días hábiles posteriores a su entrada en vigor y ser expedido por la persona titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

El dictamen aprobado por los representantes populares engloba 9 iniciativas que modifican la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, en torno a la promoción de una seguridad alimentaria.

Zúñiga Cerón insistió que se busca hacer efectivo el derecho de los habitantes a una alimentación adecuada, así como tener alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles, culturalmente aceptables y que protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.

Refrendó que se armoniza, conforme a la Constitución Política de la Ciudad de México, que los comedores populares estarán dirigidos a los grupos de atención prioritaria y a toda persona que encuentre limitado su derecho humano a la alimentación.

Dijo que se establece que la autoridad responsable promoverá, en el ámbito de su competencia, la celebración de convenios con autoridades del área de educación para el establecimiento de comedores públicos en instalaciones educativas, ubicadas en zonas con alto nivel de marginación, con lo que se prioriza a los grupos más vulnerables.

Entre las modificaciones más importantes se establecen acciones que debe realizar la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) en caso de emergencia o desastre de cualquier índole, tales como elaborar un protocolo aplicable durante la emergencia, atendiendo a sus características, para garantizar la correcta inocuidad en el manejo, recepción y distribución de los alimentos, con un énfasis preventivo en la propagación de contagios.

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