Al manifestar que la crisis por falta de agua en municipios del Valle de México ya es insostenible, diputados mexiquenses indicaron que es urgente frenar el robo del recurso natural por parte de grupos que práctican el “huachicoleo” en ayuntamientos como Naucalpan, Ecatepec y Tlalnepantla.
El legislador Daniel Sibaja aseveró que la escasez del líquido en cientos de comunidades se agrava precisamente por el hurto de agua, pues no sólo se tiene el problema de delincuentes que la extraen de la infraestructura hidráulica para posteriormente venderla, sino que también hay negocios como autolavados, purificadoras, hoteles y hasta industrias que se la roban.
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En entrevista con LA PRENSA, el representante popular agregó que estos giros se las ingenian para incrementar su caudal sin hacer el pago correspondiente, además de que prevalece la presencia de grupos que por la fuerza desconectan las tuberías para dejar sin agua a las comunidades, sustraen el líquido y lo venden a las familias.
Por ello, dijo que la fracción parlamentaria de Morena presentó una iniciativa para penalizar con hasta ocho años de cárcel el robo y sustracción de agua de la infraestructura hidráulica del Estado de México y de los municipios, pues sólo en Ecatepec cientos de miles de personas carecen del líquido en sus domicilios y se sustrae de manera ilegal.
Añadió que dicho proyecto legislativo fue presentado por él y por sus compañeros de bancada, Elba Aldana Duarte, Azucena Cisneros Coss, LuzMa Hernández Bermúdez y Faustino de la Cruz Pérez.
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Relató que sólo en Ecatepec la gente enfrenta desde hace años una severa escasez en sus hogares y cuentan con servicio de manera intermitente por diversos factores, entre ellos la instalación de tomas clandestinas en las redes, para sustraer el líquido de manera ilegal y hacer negocio con la misma.
PROPONEN REFORMAS AL CÓDIGO PENAL MEXIQUENSE
Sin embargo, Sibaja lamentó que hoy la normatividad para sancionar la sustracción de agua es muy laxa, y actualmente es muy complicado castigarla, por ello realizaron mesas de trabajo con la Fiscalía General de Justicia mexiquense para enriquecer la propuesta en busca de una ley efectiva.
La propuesta plantea reformas al Código Penal del Estado de México para sancionar al que sin causa justificada impida o restrinja de cualquier forma el flujo del agua destinado al suministro de los usuarios de dicho servicio, se impondrá de 2 a 6 años de prisión y de 50 a 200 días multa.
A quien sustraiga agua potable de la infraestructura hidráulica estatal y/o municipal, para uso no doméstico sin derecho y sin consentimiento de los prestadores de servicios conforme a la ley en materia del Estado, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión y de 100 a 500 días de multa.
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También se establecen sanciones a quien tome, almacene o transporte agua sustraída de la infraestructura hidráulica estatal y/o municipal. Las penas irán de uno hasta 8 años de prisión, y de 100 a 400 días multa, en función del volumen del líquido sustraído y/o transportado o distribuido.
Al propietario, arrendatario, poseedor o a quien se ostente como tal, de algún predio donde exista una toma clandestina en los términos del artículo anterior y tenga conocimiento de esta situación y no lo denuncie a las autoridades correspondientes, se le impondrá de 2 a 6 años de prisión y de 150 a 300 días de multa.
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