A nombre de los tribunales superiores de justicia del país, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, expresó su respaldo a la iniciativa para que el artículo 116 constitucional, fracción III, disponga una garantía institucional de autonomía presupuestal a favor de los poderes judiciales locales.
Al participar en el foro virtual Desafíos de la justicia mexicana, organizado por el Senado, afirmó que, de manera unánime, la Conatrib se pronuncia porque en el citado artículo se prevenga una asignación anual que no podrá ser inferior a 2 por ciento del presupuesto general de cada estado ni menor al previsto en el ejercicio del año anterior, es decir, una cláusula de no regresividad.
Con la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, entre otros, el también presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México enfatizó que, con el fin de lograr un cambio sustantivo en materia jurisdiccional, debe reorientarse el presupuesto asignado a los tribunales locales en forma equitativa.
Es imprescindible, abundó, avanzar hacia una refundación de la justicia en el país, en ruta a construir un federalismo judicial con jueces locales garantes de los derechos que se litigan por la mayoría de los ciudadanos ante la justicia del fuero común.
Guerra Álvarez advirtió que la pacificación del país requiere instituciones de justicia sólidas y transparentes, así como juzgadores con capacidad para dictar resoluciones con prontitud y ajustadas únicamente al mandato de la Constitución.
Por otra parte, el magistrado se refirió a la necesidad de que la oralidad y los juicios en línea en las materias civil y familiar que se han puesto a disposición de la sociedad con el uso de las tecnologías de la información tengan un respaldo jurídico expreso.
Ello, dijo, con el fin de potencializar su aplicación en aquellas controversias civiles y familiares que, por su naturaleza, permitan su desarrollo con el aprovechamiento de las tecnologías de la información.
Planteó que el nuevo código de procedimientos civiles y familiares incorpore en sus disposiciones mecanismos jurídicos para el trámite de procedimientos orales en línea, formalidades para la presentación de demandas y promociones autenticadas con firma electrónica.
Asimismo, para el uso de mensajes de datos para la ejecución de notificaciones y requisitos para el desahogo de interrogatorios, así como para procesos de identificación a distancia de las partes involucradas.
Se pronunció porque en la regulación de estos procedimientos orales en línea se lleve a cabo un proceso de consulta con los operadores del sistema de impartición y administración de justicia –magistradas, magistrados, juezas y jueces-, en una franca apertura democrática del Senado que permita el intercambio de experiencias y necesidades.
El foro contó con la participación de servidores públicos de los tres poderes, tanto del nivel federal como local.
JLP
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