/ miércoles 3 de marzo de 2021

Reportan al menos 895 crímenes atroces durante primer bimestre en el país

En estos hechos, que sobresalen por su extrema crueldad, se registraron al menos 963 víctimas: Causa en Común

Durante febrero pasado se cometieron, por lo menos, 428 hechos de extrema violencia en el país que pueden ser clasificados como atrocidades. Lo anterior lo reveló Causa en Común en la entrega bimestral del estudio “Galería del horror: atrocidades registradas en medios periodísticos”.

Para efectos del estudio, esta Organización no Gubernamental define “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.

Es así que en el primer bimestre del año, la tortura fue el tipo de atrocidad que se registró con más frecuencia en los medios locales y nacionales, con al menos 158 casos, siendo Michoacán la entidad con más registros, con 26.

Y cita como ejemplo que el 26 de febrero fueron hallados los cuerpos torturados de seis personas sobre la carretera, en Tacámbaro, Michoacán.

Según la ONG la segunda atrocidad más frecuente fue el hallazgo de cuerpos o restos humanos en fosas clandestinas, con al menos 156 hechos, siendo Guanajuato la entidad con más casos registrados, con 35.

El calcinamiento de personas, principalmente en Tamaulipas (con al menos 23 víctimas) sobresalió entre los tres principales crímenes de extrema violencia.

Le siguieron el descuartizamiento y destrucción de cadáveres, principalmente en Veracruz y Jalisco, (con al menos 20 víctimas cada uno); y masacres, particularmente en Chihuahua y Guanajuato (con al menos 11 casos cada uno).

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Además se registraron más víctimas por intento de linchamiento en febrero pasado, respecto a enero de 2021 (32 más).

También resalta que el registro de asesinato de actores políticos pasó de cuatro víctimas en enero, a 10 víctimas en febrero, acumulando 14 en lo que va del año.

Por desgracia, Guanajuato fue la entidad que encabezó la lista en cuatro tipos de atrocidades: masacres (11), asesinato de niñas, niños y adolescentes (8); fosas clandestinas (35) y descuartizamiento y destrucción de cadáveres (16).

Es necesario hacer énfasis que en las diversas categorías de atrocidades se registraron 963 víctimas. Resaltando aquí el asesinato de niños, niñas y adolescentes, con 72 casos, y el asesinato de mujeres con crueldad extrema, con 51 registros.

Los estados con más víctimas de atrocidades registradas fueron; Guanajuato (con 120), Jalisco (con 98); Chihuahua (con 69), y Zacatecas (con 66). Los estados con el menor número de víctimas de atrocidades registradas fueron Nayarit y Aguascalientes (con 4); Yucatán (con 2); Baja California Sur y Coahuila (con 1).

Cabe destacar que habrá un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por los medios, y que permanecen aún sin ser conocidas.

No está por demás insistir en que, dados los niveles de criminalidad que padece el país, los gobiernos federales y estatales están obligados a poner en marcha una estrategia urgente en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem


Durante febrero pasado se cometieron, por lo menos, 428 hechos de extrema violencia en el país que pueden ser clasificados como atrocidades. Lo anterior lo reveló Causa en Común en la entrega bimestral del estudio “Galería del horror: atrocidades registradas en medios periodísticos”.

Para efectos del estudio, esta Organización no Gubernamental define “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.

Es así que en el primer bimestre del año, la tortura fue el tipo de atrocidad que se registró con más frecuencia en los medios locales y nacionales, con al menos 158 casos, siendo Michoacán la entidad con más registros, con 26.

Y cita como ejemplo que el 26 de febrero fueron hallados los cuerpos torturados de seis personas sobre la carretera, en Tacámbaro, Michoacán.

Según la ONG la segunda atrocidad más frecuente fue el hallazgo de cuerpos o restos humanos en fosas clandestinas, con al menos 156 hechos, siendo Guanajuato la entidad con más casos registrados, con 35.

El calcinamiento de personas, principalmente en Tamaulipas (con al menos 23 víctimas) sobresalió entre los tres principales crímenes de extrema violencia.

Le siguieron el descuartizamiento y destrucción de cadáveres, principalmente en Veracruz y Jalisco, (con al menos 20 víctimas cada uno); y masacres, particularmente en Chihuahua y Guanajuato (con al menos 11 casos cada uno).

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Además se registraron más víctimas por intento de linchamiento en febrero pasado, respecto a enero de 2021 (32 más).

También resalta que el registro de asesinato de actores políticos pasó de cuatro víctimas en enero, a 10 víctimas en febrero, acumulando 14 en lo que va del año.

Por desgracia, Guanajuato fue la entidad que encabezó la lista en cuatro tipos de atrocidades: masacres (11), asesinato de niñas, niños y adolescentes (8); fosas clandestinas (35) y descuartizamiento y destrucción de cadáveres (16).

Es necesario hacer énfasis que en las diversas categorías de atrocidades se registraron 963 víctimas. Resaltando aquí el asesinato de niños, niñas y adolescentes, con 72 casos, y el asesinato de mujeres con crueldad extrema, con 51 registros.

Los estados con más víctimas de atrocidades registradas fueron; Guanajuato (con 120), Jalisco (con 98); Chihuahua (con 69), y Zacatecas (con 66). Los estados con el menor número de víctimas de atrocidades registradas fueron Nayarit y Aguascalientes (con 4); Yucatán (con 2); Baja California Sur y Coahuila (con 1).

Cabe destacar que habrá un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por los medios, y que permanecen aún sin ser conocidas.

No está por demás insistir en que, dados los niveles de criminalidad que padece el país, los gobiernos federales y estatales están obligados a poner en marcha una estrategia urgente en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

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