A cinco meses de terminar la actual administración de Naucalpan, integrantes del cabildo demandaron al gobierno de la alcaldesa Patricia Durán Reveles, dejar de canalizar recursos federales al organismo de agua potable local y tratar de fortalecer la recaudación local, con el fin de superar la severa crisis financiera que enfrenta el ayuntamiento.
Luego de la comparecencia del tesorero municipal, Leopoldo Corona Aguilar, quien por fin acudió ante la comisión de Hacienda, tras varios llamados de síndicos y regidores para que explicara el estado de la administración, los miembros de ese cuerpo colegiado reprobaron la falta de información y transparencia en el manejo de los recursos.
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El funcionario aseveró que los fondos el gobierno local han resentido los efectos de la contingencia sanitaria por Covid-19 y omitió hablar de la posibilidad de que la gestión de Patricia Durán Reveles recurra a la venta de bienes patrimoniales del municipio, como alternativa para salir de la crisis financiera.
La fracción edilicia del PAN fijó hoy su postura ante las explicaciones del tesorero y demandaron tener la información por escrito para su análisis y buscar las estrategias que permitan solventar la grave situación que padece la administración municipal.
La décima regidora Paulina Pérez dijo que es necesario contar recursos para el pago de nóminas y garantizar los servicios básicos, como recolección de desechos y en seguridad, entre otros.
Cuestionó la canalización de recursos federales para el pago de compromisos del organismo de agua potable.
Reprochó el hecho de que esa dependencia "se supone es autosuficiente y tiene sus propios ingresos y egresos; entonces lo mejor seria que regresara esos fondos para la administración municipal".
No descartó que se pueda impulsar algún procedimiento legal a efecto de que les regresen las participaciones federales y salir del estado financiero en el que se encuentran Naucalpan.
El tesorero subrayó que el municipio depende 70% de dicha fuente y se refirió a que el Fortamun tuvo una baja por segundo año consecutivo equivalente a 400 millones de pesos tan solo en 2020.
Manifestó que para hacer frente al contingente económico de litigios laborales, que aumentó considerablemente en administraciones pasadas, el gobierno actual ha destinado más de 200 millones de pesos para la liquidación de los mismos.
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Las cuentas bancarias de la administración municipal están bloqueadas y enfrenta descuentos millonarios de participaciones federales y estatales por laudos laborales, mercantiles y administrativos, así como deudas contraídas en la actual gestión y anteriores.
La tercera síndica panista Sandra León Hernández; la regidora de ese mismo partido, María Paulina Pérez González, y el regidor independiente Anselmo García, solicitaron a la alcaldesa explicaciones más claras de la situación financiera del municipio.
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Es preciso mencionar que desde el arranque del actual gobierno, el 1 de enero de 2019, éste tenía que pagar mil 500 millones de pesos por laudos laborales-civiles-mercantiles y otros asuntos administrativos-fiscales, por lo que para 2019 se destinaron 100 millones de pesos, pero por presiones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, así como del Juzgado de Distrito erogó más de 204 millones.
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como la Sala Auxiliar, generaron oficios de embargo de cuentas bancarias tanto de recursos propios como federales, lo que rebasó el ámbito de su competencia, pues violaron la Ley de Disciplina Financiera que establece que las partidas presupuestales federales son inembargables, pero además sustrajeron dinero de esas cuentas bancarias del ayuntamiento.
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