Es esencial la formación especializada y robusta para proteger los derechos de las personas y comunidades, como función principal del Poder Judicial, manifestó la presidenta la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Nashieli Ramírez Hernández.
En la inauguración de la Competencia Universitaria sobre Derechos Humanos “Sergio García Ramírez” 2024, explicó que este certamen fomenta una cultura de respeto y protección de los derechos humanos por medio de habilidades de investigación, metodologías, argumentación jurídica y aplicación de estándares del sistema regional de derechos humanos y del control de convencionalidad.
Destacó que el Doctor Sergio García Ramírez, fue un jurista clave en la evolución del derecho mexicano, pero también del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Ramírez Hernández indicó que como Juez y Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), García Ramírez participó ampliamente del desarrollo del control de convencionalidad, que forma parte fundamental de los conocimientos y de las habilidades con las que debe contar cualquier persona que estudia Derecho.
Ramírez Hernández expuso que en la Competencia que se desarrollará esta semana participarán 14 equipos (México, Perú, Bolivia y Guatemala) quienes debatirán en torno a un caso hipotético que requiere el análisis de temas por demás actuales y relevantes: participación de las empresas en el respeto de los derechos humanos; aplicación certera del enfoque de niñez [no minoría]; y la responsabilidad del Estado en relación a la participación de grupos armados en violaciones graves a derechos humanos, entre otros.
La Competencia consiste en la simulación de un procedimiento seguido en un primer momento ante una Corte Constitucional; en una segunda fase frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y finalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre la base de hechos presuntamente violatorios contenidos en un caso hipotético.
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El jurado, añadió, está compuesto por 75 abogadas y abogados que forman parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como también integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Academia, de Organismos Autónomos y del sector privado que han centrado su trabajo en la protección de los derechos humanos y promueven la puesta en práctica del control de convencionalidad.
En este contexto, consideró necesario fortalecer los mecanismos de protección jurisdiccional -y no jurisdiccional – para el efectivo acceso a la justicia de las personas y comunidades.
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