Es preciso se apuntale la actuación de los concejales de las alcaldías de la capital del país, porque en la actualidad carecen de participación con sus representados, reconoció el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez.
Por lo anterior y con el objetivo de que las concejalías como órganos colegiados de las demarcaciones territoriales cumplan su trabajo con la ciudadanía, promueve reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
Fundamentó en sesión ordinaria virtual del Legislativo local, que se ha detectado que las concejalías de cada administración de alcaldía carecen de participación con sus representados y en los asuntos que se vierten en el gobierno en turno.
Los concejales, dijo, tienen como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos.
Al explicar su iniciativa, el diputado de la bancada de Morena detalló que se considera oportuno que a partir de la siguiente administración el Concejo de la alcaldía sea un órgano colegiado eficiente y eficaz que verdaderamente atienda las necesidades de la demarcación, dentro del marco normativo consagrado en La Constitución local y la ley secundaria.
Mencionó que se propone establecer que se reúnan al menos una vez al mes; que el reglamento sea expedido o ratificado en los primeros 30 días después de la toma de protesta de la persona titular de la alcaldía, así como que las convocatorias a sesión se notifiquen por escrito y al menos con 48 horas de anticipación.
Nazario Norberto precisó que se facultaría a la Secretaría Técnica del Concejo para realizar las convocatorias, elaborar proyectos de acuerdos, actas, moderar las sesiones, mientras que en materia de transparencia establece que todos los documentos deben publicarse en los portales oficiales de las alcaldías.
Definió que las comisiones internas deberán instalarse en los primeros 60 días de trabajo en la demarcación, para realizar el análisis y aprobación, en su caso, de proyectos de acuerdos y opiniones.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias para su análisis y dictamen.
