/ sábado 18 de septiembre de 2021

Proponen hasta ocho años de cárcel a quien falsifique o altere documentos públicos o privados

El diputado de Morena, Miguel Ángel Macedo hizo referencia a los más de cinco mil juegos de placas vehiculares de diversas entidades del país, posiblemente apócrifas

A las personas que se dedican a falsificar y alterar documentos públicos o privados, se les debe castigar con cárcel, propuso el integrante de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Miguel Ángel Macedo Escartín, al referir que en las colonias Ex Ejido de Santa Úrsula Coapa y San Andrés Totoltepec, fueron asegurados más de cinco mil juegos de placas vehiculares de diversas entidades del país, posiblemente apócrifas.

Por lo anterior, promueve adicionar un artículo al Código Penal del Distrito Federal para sancionar a quien incurra en esos delitos, como es la falsificación de placas, engomados o documentación para identificación de automóviles.

Refirió que el propósito es dejar establecido en el artículo 339 Bis, que a la persona que “comercialice o posea indebidamente documentos falsificados o alterados, sean públicos o privados, se le impondrá una pena de cuatro a ochos años de prisión y multa de cien a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA)”, cuyo valor diario para 2021 es de 89.62 pesos.

Añadió que si quien realiza la comercialización o la posesión ilegitima es un funcionario público, la pena aumentaría hasta una mitad más.

El diputado morensita consideró que es necesario castigar a las bandas delictivas que falsifican o alteren documentos públicos y privados. Puso como ejemplo el caso que se registró recientemente en la Ciudad de México, de forma específica en las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, cuando se dio un golpe en contra de bandas delictivas que expedían y comercializaban placas de forma falsa.

Recordó que en los inmuebles localizados en las colonias Ex Ejido de Santa Úrsula Coapa y San Andrés Totoltepec, fueron asegurados más de cinco mil juegos de placas vehiculares de diversas entidades del país, posiblemente apócrifas, y diversas dosis de posible droga.

Detalló que tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, un juez de control determinó vincular a proceso a dos hombres y tres mujeres, por la probable comisión de los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, encubrimiento por receptación, así como posesión de placas, engomados y documentos falsos para la identificación de automotores.

Macedo Escartín precisó que, en la práctica, la comercialización de documentos falsos y de la posición ilegitima de documentos falsos, sean estos públicos o privados, no se encuentran previstas en algún tipo penal.

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Estimó que “este tipo de bandas delictivas no solo incentivan la portación y comercialización de documentos falsos, si no que impulsan a la ciudadanía a portar documentos, para poder circular, de otros estados de la república para evadir impuestos”.

Refrendó que esos hechos generan una incertidumbre en la ciudadanía y, además, promueven otros actos delictivos en total impunidad.

Señaló que, por ello, se propone que se modifiquen diversas normas de la Ciudad de México, para erradicar los hechos que la ley señala como delitos.

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A las personas que se dedican a falsificar y alterar documentos públicos o privados, se les debe castigar con cárcel, propuso el integrante de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Miguel Ángel Macedo Escartín, al referir que en las colonias Ex Ejido de Santa Úrsula Coapa y San Andrés Totoltepec, fueron asegurados más de cinco mil juegos de placas vehiculares de diversas entidades del país, posiblemente apócrifas.

Por lo anterior, promueve adicionar un artículo al Código Penal del Distrito Federal para sancionar a quien incurra en esos delitos, como es la falsificación de placas, engomados o documentación para identificación de automóviles.

Refirió que el propósito es dejar establecido en el artículo 339 Bis, que a la persona que “comercialice o posea indebidamente documentos falsificados o alterados, sean públicos o privados, se le impondrá una pena de cuatro a ochos años de prisión y multa de cien a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA)”, cuyo valor diario para 2021 es de 89.62 pesos.

Añadió que si quien realiza la comercialización o la posesión ilegitima es un funcionario público, la pena aumentaría hasta una mitad más.

El diputado morensita consideró que es necesario castigar a las bandas delictivas que falsifican o alteren documentos públicos y privados. Puso como ejemplo el caso que se registró recientemente en la Ciudad de México, de forma específica en las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, cuando se dio un golpe en contra de bandas delictivas que expedían y comercializaban placas de forma falsa.

Recordó que en los inmuebles localizados en las colonias Ex Ejido de Santa Úrsula Coapa y San Andrés Totoltepec, fueron asegurados más de cinco mil juegos de placas vehiculares de diversas entidades del país, posiblemente apócrifas, y diversas dosis de posible droga.

Detalló que tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, un juez de control determinó vincular a proceso a dos hombres y tres mujeres, por la probable comisión de los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, encubrimiento por receptación, así como posesión de placas, engomados y documentos falsos para la identificación de automotores.

Macedo Escartín precisó que, en la práctica, la comercialización de documentos falsos y de la posición ilegitima de documentos falsos, sean estos públicos o privados, no se encuentran previstas en algún tipo penal.

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Estimó que “este tipo de bandas delictivas no solo incentivan la portación y comercialización de documentos falsos, si no que impulsan a la ciudadanía a portar documentos, para poder circular, de otros estados de la república para evadir impuestos”.

Refrendó que esos hechos generan una incertidumbre en la ciudadanía y, además, promueven otros actos delictivos en total impunidad.

Señaló que, por ello, se propone que se modifiquen diversas normas de la Ciudad de México, para erradicar los hechos que la ley señala como delitos.

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