Para terminar con el rezago legal ante el incremento de los delitos denominados cibernéticos, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, promueve adicionar un capítulo 3 al Título 7 del Código Penal local, para establecer una penalidad de 3 a 5 años de prisión y una multa de 300 a 500 unidades de medida de actualización (44 mil 810 pesos), a quien use indebidamente las tecnologías de la información y comunicación para defraudar, obtener dinero, bienes o información, además de que provoque la pérdida de información contenida en sistemas y equipos de informática protegidos por algún mecanismo.
El diputado de la bancada de Morena expuso que también se propone imponer la misma sanción a quien modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado o de empresas privadas, protegida por algún mecanismo de seguridad.
Refirió que se agravaría la pena hasta una tercera parte, cuando los datos sean utilizados en provecho propio o ajeno por parte de algún servidor público.
Detalló que en la iniciativa se prevé aumentar la penas hasta en una mitad cuando a través del uso de los medios electrónicos o informáticos y redes sociales, se realicen conductas de usurpación de identidad, abuso y acoso sexual, fraude, extorsión o cualquier otro hecho que la ley señale como delito.
En su documento, remitido a comisiones, el legislador morenista fundamenta que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2019 en el país las pérdidas monetarias de quienes fueron víctimas de uno o más ilícitos ascendió a 225.9 mil millones de pesos; los delitos informáticos son la cuarta causa de estas mermas.
Nazario Norberto confirmó que en el segundo trimestre del 2021 disminuyeron en 5 por ciento los fraudes cibernéticos en comparación con el 2020, pero cada año lamentablemente aumentan con mayor proporción, al pasar del 47 por ciento en 2017 a un 70 por ciento en la actualidad.
Dijo que con la entrada de la pandemia por el Covid-19, empresas y ciudadanos incrementaron el uso de las tecnologías para hacer compras, pagos y transferencias, pero también se aumentaron en un 20 por ciento todos aquellos ciberdelitos como hackeo, phishing, robo de identidad, ciberterrorismo, programas espías, ciberacoso, ciberbullyng, cajeros automáticos manipulados y páginas apócrifas, entre otros delitos.
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Señaló que también existen delitos que atentan en contra de las niñas, niños y adolescentes, ocasionados por migrar sus actividades escolares a internet, donde los ciberdelincuentes encontraron la manera de iniciar un ciclo de persuasión para obtener información y utilizarla para chantajes, extorsión, amenazas, y en algunos casos, concretar el ciberacoso, el ciberbullyng o bien tener encuentros físicos.
En el proyecto de decreto se reconocen las acciones encaminadas por el gobierno de México para evitar ilícitos, como la Ciber Guía para prevenir delitos y violencia digital, “que fue presentada el pasado 25 de octubre por Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad federal, o bien, el decálogo para el uso de videojuegos que presentó Andrés Manuel López Obrador, así como el gran avance que tuvo este Congreso de la I Legislatura al aprobar la Ley Olimpia, y el trabajo invaluable de la Unidad de Policía cibernética quien además, hace dos días también señaló que en lo que va del año aumentaron el 68% de los fraudes a través de las redes sociales como Facebook y whatsapp”.
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