/ jueves 14 de octubre de 2021

Proponen 10 años de cárcel a servidor público que retarde la impartición de justicia en feminicidios

El morenista José de Jesús Martín del Campo consideró que el fenómeno se ha mantenido invisibilizado durante mucho tiempo, de tal forma que el feminicidio no es una situación nueva o coyuntural en la historia

El integrante de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, José de Jesús Martín del Campo, propuso imponer pena de prisión de cinco a diez años y de mil 500 a dos mil 500 días de multa, al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración e impartición de justicia en el delito de feminicidio.

También pugnó porque se le sancione por falta grave, de acuerdo con lo establecido en las normativas aplicables a las responsabilidades de los servidores públicos de la capital del país.

Al hacer uso de la tribuna en el recinto de Donceles y Allende, fundamentó que datos del gobierno local revelan que en 2020 se presentaron por parte de mujeres 22 mil 298 denuncias sobre violencia familiar y en lo que va del presente año, se tienen contabilizadas 15 mil 179.

Mediante una iniciativa, el diputado morenista busca adicionar un párrafo al artículo 148 Bis del Código Penal local, al exponer que el asesinato de una mujer por el simple hecho de serlo, es un fenómeno que durante las últimas décadas se ha hecho más visible en México y que, refleja la forma más agresiva de violencia que padece la mujer frente al hombre y la sociedad en general.

Consideró que el fenómeno se ha mantenido invisibilizado durante mucho tiempo, de tal forma que el feminicidio no es una situación nueva o coyuntural en la historia, al ser reflejo de factores o condiciones de diversa índole que han afrontado las mujeres a través del tiempo y que les impide el pleno ejercicio de sus derechos y libertades en igualdad de circunstancias ante las demás personas.

“La gravedad y frecuencia con la que se presenta el feminicidio ha generado la necesidad de atenderlo de forma prioritaria y contundente por parte de las autoridades de los tres Poderes y niveles de gobierno, además de hacer partícipe a la sociedad para su prevención”, declaró.

Dio cuenta que ante la necesidad de visibilizar, diferenciar, procurar y administrar la justicia en delitos de asesinato que contengan razones de género en su comisión y que por su gravedad son meritorios de atender con un enfoque distinto a los demás, en junio de 2012 quedó tipificado el delito de feminicidio en del Código Penal Federal y en el caso de la Ciudad de México se logró desde un año antes, en julio de 2011.

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Martín del Campo refirió que las acciones y mecanismos que con relación al feminicidio se han ido implementando gradualmente en los últimos años dentro de la Ciudad de México, han permitido llegar a atender el fenómeno desde una visión integral, desde la prevención y respeto a las mujeres, hasta el tratamiento de los casos que lamentablemente llegan a ser materia del ámbito penal.

Aceptó que aún existen desafíos respecto al perfeccionamiento de las políticas públicas, las normas, la formación de los servidores públicos en cuanto a su función y responsabilidad y la permeación de las políticas en la sociedad para su concientización y en particular en el género masculino.

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El integrante de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, José de Jesús Martín del Campo, propuso imponer pena de prisión de cinco a diez años y de mil 500 a dos mil 500 días de multa, al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración e impartición de justicia en el delito de feminicidio.

También pugnó porque se le sancione por falta grave, de acuerdo con lo establecido en las normativas aplicables a las responsabilidades de los servidores públicos de la capital del país.

Al hacer uso de la tribuna en el recinto de Donceles y Allende, fundamentó que datos del gobierno local revelan que en 2020 se presentaron por parte de mujeres 22 mil 298 denuncias sobre violencia familiar y en lo que va del presente año, se tienen contabilizadas 15 mil 179.

Mediante una iniciativa, el diputado morenista busca adicionar un párrafo al artículo 148 Bis del Código Penal local, al exponer que el asesinato de una mujer por el simple hecho de serlo, es un fenómeno que durante las últimas décadas se ha hecho más visible en México y que, refleja la forma más agresiva de violencia que padece la mujer frente al hombre y la sociedad en general.

Consideró que el fenómeno se ha mantenido invisibilizado durante mucho tiempo, de tal forma que el feminicidio no es una situación nueva o coyuntural en la historia, al ser reflejo de factores o condiciones de diversa índole que han afrontado las mujeres a través del tiempo y que les impide el pleno ejercicio de sus derechos y libertades en igualdad de circunstancias ante las demás personas.

“La gravedad y frecuencia con la que se presenta el feminicidio ha generado la necesidad de atenderlo de forma prioritaria y contundente por parte de las autoridades de los tres Poderes y niveles de gobierno, además de hacer partícipe a la sociedad para su prevención”, declaró.

Dio cuenta que ante la necesidad de visibilizar, diferenciar, procurar y administrar la justicia en delitos de asesinato que contengan razones de género en su comisión y que por su gravedad son meritorios de atender con un enfoque distinto a los demás, en junio de 2012 quedó tipificado el delito de feminicidio en del Código Penal Federal y en el caso de la Ciudad de México se logró desde un año antes, en julio de 2011.

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Martín del Campo refirió que las acciones y mecanismos que con relación al feminicidio se han ido implementando gradualmente en los últimos años dentro de la Ciudad de México, han permitido llegar a atender el fenómeno desde una visión integral, desde la prevención y respeto a las mujeres, hasta el tratamiento de los casos que lamentablemente llegan a ser materia del ámbito penal.

Aceptó que aún existen desafíos respecto al perfeccionamiento de las políticas públicas, las normas, la formación de los servidores públicos en cuanto a su función y responsabilidad y la permeación de las políticas en la sociedad para su concientización y en particular en el género masculino.

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