/ jueves 21 de octubre de 2021

Promueven en el Congreso otorgar atención médica a locatarios de mercados públicos

El punto de acuerdo presentado por la diputada priísta Silvia Sánchez Barrios, recibió el apoyo de legisladores de diversos partidos como Morena, PRD y PAN

Al presentar un punto de acuerdo para que se les otorgue a los locatarios de los 329 mercados públicos atención médica de primer contacto, la integrante de la bancada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Silvia Sánchez Barrios, recibió el apoyo inmediato a su propuesta de legisladores de diversos partidos como Morena, PRD y PAN, ante el reconocimiento que a los de ese sector se les debe apoyar porque son la base de los centros de abasto tradicional.

Desde la tribuna del recinto de Donceles y Allende, la priísta también propuso solicitar a los titulares de las 16 alcaldías que participen con acciones que velen por la salud de los más de 72 mil locatarios y, recordó que las autoridades capitalinas tienen la obligación de asegurar progresivamente la cobertura universal de servicios e infraestructura médica y hospitalaria, así como la existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos y actividades sociales que mejoren la calidad de vida y la convivencia, a efecto de propiciar modos de vida saludable.

Sánchez Barrios, en su documento de urgente y obvia resolución, exhortó a los titulares de las Secretarías de Salud, Oliva López Arellano y de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León, se les otorgue a esas personas atención médica de primer contacto, con base a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México.

“Por mandato constitucional, el gobierno local tiene la obligación de garantizar la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas

Hizo alusión a que los lugares de abasto y distribución de alimentos tradicionales con funciones de centro de barrio, así como de desarrollo de actividades económicas y culturales dentro de un núcleo poblacional, son fundamentales en su existencia y operación, sin dejar a un lado el desarrollo de la sociedad, lo que los vuelve punto de alta afluencia de personas.

Planteó mesas de trabajo con una representación de locatarios de los mercados públicos y de acuerdo a las capacidades presupuestales, a la vez que delineó que esos espacios mercantiles generan más de 285 mil empleos entre directos e indirectos, por lo que es importante el apoyo médico también para los dependientes y usuarios en general de los mercados.

Insistió que, por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, corresponde a las autoridades locales garantizar el abasto y distribución de alimento, por lo que resulta necesario generar líneas de acción que permitan el desarrollo de actividades que tengan relación con la cadena de abasto.

El texto constitucional establece el derecho que tienen las personas de acceder a un sistema de salud público local con el objeto de mejorar su calidad de vida, así como prevenir enfermedades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas.

Silvia Sánchez aludió que ese primer nivel de atención médica es imprescindible para la prevención, detección, tratamiento y seguimiento de las enfermedades crónicas estabilizadas, responsabilizándose del paciente en su conjunto, para decidir su derivación a los especialistas cuando alguna patología se descompense.

Hizo referencia al artículo 9 de la Constitución citadina, en donde establece en su apartado “D” que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Asimismo, se lee que se deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas.

Sin embargo, expuso que “la realidad es que los locatarios, dependientes y usuarios en general de los mercados públicos han quedado al margen de la atención médica”.

Acotó que, durante el desarrollo del segundo semestre del año, las tasas de mortalidad y hospitalización generadas por el coronavirus han ido a la baja, pero “se debe reconocer el riesgo permanente en el que se encuentran los locatarios, dependientes y usuarios en general de esos espacios a contraer esta y otras enfermedades al laborar en centros de alta afluencia”.

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Comentó que los mercados públicos están reconocidos desde el 16 de agosto de 2016 como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, debido al valor arquitectónico, artístico y patrimonial de muchos de ellos, así como el conjunto de festividades, manifestaciones gastronómicas, ferias populares, actividades de esparcimiento, exposiciones de arte, artesanía nacional, formas de comercialización, abasto y organización comunitaria que se realizan dentro.

Indicó que los centros de abasto tradicional son indispensables para garantizar un acceso a la canasta básica para las comunidades y colonias de la capital. Asimismo, son un centro de convivencia social en el que transitan y se congregan vecinos para realizar sus actividades primordiales.

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Al presentar un punto de acuerdo para que se les otorgue a los locatarios de los 329 mercados públicos atención médica de primer contacto, la integrante de la bancada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Silvia Sánchez Barrios, recibió el apoyo inmediato a su propuesta de legisladores de diversos partidos como Morena, PRD y PAN, ante el reconocimiento que a los de ese sector se les debe apoyar porque son la base de los centros de abasto tradicional.

Desde la tribuna del recinto de Donceles y Allende, la priísta también propuso solicitar a los titulares de las 16 alcaldías que participen con acciones que velen por la salud de los más de 72 mil locatarios y, recordó que las autoridades capitalinas tienen la obligación de asegurar progresivamente la cobertura universal de servicios e infraestructura médica y hospitalaria, así como la existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos y actividades sociales que mejoren la calidad de vida y la convivencia, a efecto de propiciar modos de vida saludable.

Sánchez Barrios, en su documento de urgente y obvia resolución, exhortó a los titulares de las Secretarías de Salud, Oliva López Arellano y de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León, se les otorgue a esas personas atención médica de primer contacto, con base a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México.

“Por mandato constitucional, el gobierno local tiene la obligación de garantizar la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas

Hizo alusión a que los lugares de abasto y distribución de alimentos tradicionales con funciones de centro de barrio, así como de desarrollo de actividades económicas y culturales dentro de un núcleo poblacional, son fundamentales en su existencia y operación, sin dejar a un lado el desarrollo de la sociedad, lo que los vuelve punto de alta afluencia de personas.

Planteó mesas de trabajo con una representación de locatarios de los mercados públicos y de acuerdo a las capacidades presupuestales, a la vez que delineó que esos espacios mercantiles generan más de 285 mil empleos entre directos e indirectos, por lo que es importante el apoyo médico también para los dependientes y usuarios en general de los mercados.

Insistió que, por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, corresponde a las autoridades locales garantizar el abasto y distribución de alimento, por lo que resulta necesario generar líneas de acción que permitan el desarrollo de actividades que tengan relación con la cadena de abasto.

El texto constitucional establece el derecho que tienen las personas de acceder a un sistema de salud público local con el objeto de mejorar su calidad de vida, así como prevenir enfermedades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas.

Silvia Sánchez aludió que ese primer nivel de atención médica es imprescindible para la prevención, detección, tratamiento y seguimiento de las enfermedades crónicas estabilizadas, responsabilizándose del paciente en su conjunto, para decidir su derivación a los especialistas cuando alguna patología se descompense.

Hizo referencia al artículo 9 de la Constitución citadina, en donde establece en su apartado “D” que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Asimismo, se lee que se deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas.

Sin embargo, expuso que “la realidad es que los locatarios, dependientes y usuarios en general de los mercados públicos han quedado al margen de la atención médica”.

Acotó que, durante el desarrollo del segundo semestre del año, las tasas de mortalidad y hospitalización generadas por el coronavirus han ido a la baja, pero “se debe reconocer el riesgo permanente en el que se encuentran los locatarios, dependientes y usuarios en general de esos espacios a contraer esta y otras enfermedades al laborar en centros de alta afluencia”.

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Comentó que los mercados públicos están reconocidos desde el 16 de agosto de 2016 como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, debido al valor arquitectónico, artístico y patrimonial de muchos de ellos, así como el conjunto de festividades, manifestaciones gastronómicas, ferias populares, actividades de esparcimiento, exposiciones de arte, artesanía nacional, formas de comercialización, abasto y organización comunitaria que se realizan dentro.

Indicó que los centros de abasto tradicional son indispensables para garantizar un acceso a la canasta básica para las comunidades y colonias de la capital. Asimismo, son un centro de convivencia social en el que transitan y se congregan vecinos para realizar sus actividades primordiales.

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