/ martes 13 de julio de 2021

Promueve Congreso capitalino brindar seguridad jurídica a fiscalización electrónica

La reforma brindará la seguridad jurídica necesaria para la implementación del uso de los medios electrónicos en los procesos de fiscalización

Con el objetivo de dotar de legalidad y seguridad jurídica a la gestión fiscalizadora electrónica, el vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso capitalino, José Luis Rodríguez Díaz de León, promueve reformas a la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.

Reconoció que se requiere contar con un marco normativo innovador y eficiente en los procedimientos de fiscalización, a través de la implementación de herramientas tecnológicas que hagan más eficientes tanto las funciones propias de la Auditoría Superior como la de los sujetos de fiscalización, en consideración de las actuales condiciones de salud debido a la presencia del Covid-19 y a la realización de actividades vía remota.

El diputado morenista presentó una iniciativa de reforma de los artículos 2, 3, 8, 53, 56, y 75 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, en la que indica que entre los beneficios de las adecuaciones es que la gestión fiscalizadora electrónica propuesta, permitirá la implementación de medidas de austeridad y racionalidad del gasto público, administrando los recursos de manera más eficiente y eficaz, reorientando su destino a incentivar el uso de medios electrónicos en los procesos de fiscalización.

Rodríguez Díaz de León, quien preside la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aludió que, si bien en el periodo previo a la pandemia ya existía una clara tendencia hacia el uso intensivo de medios electrónicos, durante la contingencia y con el retorno a la nueva normalidad es necesario continuar con los esfuerzos en la implementación de dichos medios, tanto desde el punto de vista tecnológico como jurídico.

Dijo que estas acciones favorecerán la austeridad y la racionalización en el gasto público y se traducirán en un menor consumo de energía eléctrica, en la reducción de la adquisición de insumos materiales, además de una disminución de costos en la comunicación con los sujetos de fiscalización.

Aludió que las modificaciones propuestas, también se encuentran dirigidas a reducir los costos gubernamentales y eficientar los tiempos de los servidores públicos, lo cual a su vez contribuirá a eliminar la “huella medioambiental” con la disminución del uso del papel y otros recursos que producen contaminantes.

Bajo esta óptica, la implementación de las herramientas tecnológicas, como medida medioambiental, favorecerán: la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero; la disminución de costos asociados a la gestión de papelería, tinta, hojas, impresoras, almacenamiento, entre otros; se pasará de una lógica de uso intensivo de papel en la integración de expedientes a la implementación de expedientes electrónicos; y se mejorará la calidad de los servicios gubernamentales, al disminuir los tiempos de respuesta entre los sujetos de fiscalización, entre otros.

La reforma brindará la seguridad jurídica necesaria para la implementación del uso de los medios electrónicos en los procesos de fiscalización, ya que, por una parte, otorgará a la Auditoría Superior de la Ciudad de México las herramientas necesarias para el debido ejercicio de su función fiscalizadora, y por la otra, dará certeza a los sujetos de fiscalización en el desarrollo de las auditorías a través del uso de medios electrónicos.

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Entre las modificaciones destaca la relativa al artículo 8, que propone, que corresponde a la Auditoría Superior,” establecer la forma y el medio de presentación de la información y documentación que le solicite a los Sujetos de Fiscalización, pudiendo hacer uso de los medios electrónicos, de conformidad a lo dispuesto por los Lineamientos que ésta emita para la implementación de medios electrónicos”.

Y la de modificación al artículo 75, que propone, que las notificaciones que se realicen en los procedimientos que regula la Ley “surtirán efecto el mismo día de su realización, ya sean efectuadas de manera presencial o a través de los medios electrónicos que sean determinados por la Auditoría Superior en los Lineamientos que ésta emita para la implementación de medios electrónicos”.

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Con el objetivo de dotar de legalidad y seguridad jurídica a la gestión fiscalizadora electrónica, el vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso capitalino, José Luis Rodríguez Díaz de León, promueve reformas a la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.

Reconoció que se requiere contar con un marco normativo innovador y eficiente en los procedimientos de fiscalización, a través de la implementación de herramientas tecnológicas que hagan más eficientes tanto las funciones propias de la Auditoría Superior como la de los sujetos de fiscalización, en consideración de las actuales condiciones de salud debido a la presencia del Covid-19 y a la realización de actividades vía remota.

El diputado morenista presentó una iniciativa de reforma de los artículos 2, 3, 8, 53, 56, y 75 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, en la que indica que entre los beneficios de las adecuaciones es que la gestión fiscalizadora electrónica propuesta, permitirá la implementación de medidas de austeridad y racionalidad del gasto público, administrando los recursos de manera más eficiente y eficaz, reorientando su destino a incentivar el uso de medios electrónicos en los procesos de fiscalización.

Rodríguez Díaz de León, quien preside la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aludió que, si bien en el periodo previo a la pandemia ya existía una clara tendencia hacia el uso intensivo de medios electrónicos, durante la contingencia y con el retorno a la nueva normalidad es necesario continuar con los esfuerzos en la implementación de dichos medios, tanto desde el punto de vista tecnológico como jurídico.

Dijo que estas acciones favorecerán la austeridad y la racionalización en el gasto público y se traducirán en un menor consumo de energía eléctrica, en la reducción de la adquisición de insumos materiales, además de una disminución de costos en la comunicación con los sujetos de fiscalización.

Aludió que las modificaciones propuestas, también se encuentran dirigidas a reducir los costos gubernamentales y eficientar los tiempos de los servidores públicos, lo cual a su vez contribuirá a eliminar la “huella medioambiental” con la disminución del uso del papel y otros recursos que producen contaminantes.

Bajo esta óptica, la implementación de las herramientas tecnológicas, como medida medioambiental, favorecerán: la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero; la disminución de costos asociados a la gestión de papelería, tinta, hojas, impresoras, almacenamiento, entre otros; se pasará de una lógica de uso intensivo de papel en la integración de expedientes a la implementación de expedientes electrónicos; y se mejorará la calidad de los servicios gubernamentales, al disminuir los tiempos de respuesta entre los sujetos de fiscalización, entre otros.

La reforma brindará la seguridad jurídica necesaria para la implementación del uso de los medios electrónicos en los procesos de fiscalización, ya que, por una parte, otorgará a la Auditoría Superior de la Ciudad de México las herramientas necesarias para el debido ejercicio de su función fiscalizadora, y por la otra, dará certeza a los sujetos de fiscalización en el desarrollo de las auditorías a través del uso de medios electrónicos.

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Entre las modificaciones destaca la relativa al artículo 8, que propone, que corresponde a la Auditoría Superior,” establecer la forma y el medio de presentación de la información y documentación que le solicite a los Sujetos de Fiscalización, pudiendo hacer uso de los medios electrónicos, de conformidad a lo dispuesto por los Lineamientos que ésta emita para la implementación de medios electrónicos”.

Y la de modificación al artículo 75, que propone, que las notificaciones que se realicen en los procedimientos que regula la Ley “surtirán efecto el mismo día de su realización, ya sean efectuadas de manera presencial o a través de los medios electrónicos que sean determinados por la Auditoría Superior en los Lineamientos que ésta emita para la implementación de medios electrónicos”.

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