La alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román y el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, anunciaron que presentarán una iniciativa de ley para equiparar los delitos de delincuencia organizada y trata de personas, con el que cometen los desarrolladores inmobiliarios que trabajan violando los sellos en las obras irregulares.
Así lo declararon al documentar ante la magistrada presidente, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Estela Fuentes, las irregularidades que cometen algunos despachos para realizar obras ilegales en los territorios con mayor plusvalía de las dos demarcaciones.
Hicieron del conocimiento de la funcionaria del poder judicial, las acciones que van a emprender las dos administraciones, para contrarrestar esta problemática.
Romo Guerra, reitera su compromiso de prohibir la operación de despachos que operan fuera de la ley “Queremos protocolos muy concretos de asuntos que involucren construcciones o desarrollo urbano en la Ciudad de México”.
Agregó que buscarán a la secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), para las lesividades que se han emitido de certificados y de manifestaciones que se han hecho en administraciones anteriores.
Por su parte, Layda Sansores declaró que la suma de esfuerzos de Álvaro Obregón de Miguel Hidalgo, presentada ante el Tribunal de lo Contencioso, tiene la finalidad de que es este órgano administrativo ponga la lupa en las constructoras y despachos que defienden la ilegalidad.
“Nos preocupa que se sigan trabajando, y que cuando llega el fallo, es porque la obra ya está terminada y nos deja de manos atadas para que estos cárteles inmobiliarios o esta red de corrupción, no siga avanzando”, aseveró Sansores San Román.
