Para blindar las escuelas de educación básica en el Estado de México y evitar que continúen los saqueos, los cuales se agudizaron durante la pandemia, es necesario endurecer los castigos penales contra quienes cometan robo de mobiliario o equipamiento, incluso por actos de vandalismo.
Así lo expresó el diputado local, Rigoberto Vargas Cervantes, secretario de la comisión de Educación del Congreso mexiquense, al impulsar una iniciativa que busca modificar el Código Penal del Estado de México.
De lo que se trata, dijo el legislador, “es aumentar de nueve a 15 años de cárcel por el robo de escuelas e inmuebles destinados a actividades educativas, castigo que podría llegar hasta 23 años si el delito es cometido por una persona servidora pública del ámbito educativo.
Desde tribuna, el representante popular indicó que el proyecto pretende frenar el daño a las más de 20 mil escuelas de educación pública de la entidad, de las cuales, según datos de autoridades educativas, han sido saqueadas y vandalizadas unas mil 250.
“La iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de México propone que, además del castigo descrito, se impongan de dos a cinco años de prisión cuando en el delito se use algún tipo de violencia o se dañe la infraestructura, mobiliario o instalaciones hidráulicas o eléctricas del centro educativo, así como de tres a ocho años de prisión cuando el delito sea cometido por personal del ramo educativo”, dijo.
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La propuesta busca establecer una correcta proporcionalidad en las penas a quienes cometan el delito de robo, estableciendo agravantes que garanticen la seguridad en las escuelas, prevengan este tipo de acciones, eviten la afectación de quienes prestan servicios educativos y pondera el derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes. La Comisión de Procuración y Administración de Justicia analizará esta propuesta.
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