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La Asociación Parlamentaria Ciudadana subió al pleno del Congreso de la CDMX un punto de acuerdo para evitar la figura de Ejecutivos de Coordinación Institucional.
El objetivo es evitar generar mayor burocracia en la administración pública de la Ciudad de México, pero sobre todo no atentar contra la autonomía de las 16 alcaldías en la Ciudad de México a través del uso político-electoral de programas sociales del gobierno federal a través de la Secretaría del Bienestar.
Sobre el tema, la diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho impulsó la medida con carácter de urgente y obvia resolución para solicitar al gobierno de la CDMX, dejar sin efectos el decreto publicado el 16 de agosto en la Gaceta Oficial local, pues, además, no existen recursos suficientes para soportar el gasto operativo de estas plazas.
“Se trata de figuras que se homologan a los del Gobierno Federal en el resto del país, establecidos desde el Ejecutivo con la intención de generar y centralizar la política social, a fin de mantener un control político electoral y posicionar a los perfiles que eventualmente competirían por los cargos públicos en la siguiente elección, utilizando como plataforma y trampolín político el uso y entrega de los programas sociales a los más necesitados”, dijo.
La legisladora blanquiazul añadió que estos funcionarios a nivel federal son cuestionados por la sociedad, ya que generan dudas respecto a sus alcances y su existencia genera un clima de confrontación con las autoridades legítimamente electas por la gente.
“Figuras administrativas como estos superdelegados propuestos en la Ciudad de México llegan a convertirse en otros estados en todos los peligros, pues abusan de su posición para incrementar su poder, facilitan la intromisión del Ejecutivo en decisiones locales, han debilitado la imagen de los gobiernos locales”.
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Álvarez Camacho comentó que estos cargos, elegidos directamente por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tendrían acceso a presupuesto público y serían utilizados como trampolín perfecto para impulsar su carrera política en las elecciones, en perjuicio de la legalidad, el Estado de Derecho y la justicia en la Ciudad de México.
“Esta figura ha generado más problemas que beneficios y ha evidenciado el fracaso de la política de dispersión de recursos públicos ajena a intereses electorales, ejemplo de ello es, que desde el año 2020, la Secretaría de la Función Pública reporta que recibió más de 250 denuncias en contra de ex delegados y delegados del Bienestar por la comisión de delitos de servidor público, entre ellos usurpación de funciones que competen al orden estatal, abuso de funciones al incurrir en prácticas de intercambio de dádivas sociales a cambio de la afiliación a Morena, proselitismo en su favor o de su partido, nepotismo e incluso por violencia de género”, finalizó
El punto de acuerdo fue votado por el pleno con 27 sufragios a favor y 31 en contra.
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