El Movimiento Cannábico Mexicano (MCM) solicita a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; a la directora del STC, Florencia Serranía Soto y al titular de Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch,el cese inmediato de las detenciones arbitrarias y procedimientos implementados en el Metro de la Ciudad de México que resultan discriminatorios.
De acuerdo a lo expuesto por la SSC-CDMX en boletín del día 8 del presente, donde se menciona que un ciudadano fue detenido -adecuadamente- por beber en el interior de las instalaciones del Metro.
Y ante la intervención de la unidad canina, terminó siendo acusado también por posesión de narcóticos cuando esta última conducta estaba en la esfera de su privacidad, sin afectaciones a terceros, acusó.
Ahora, el sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México y los servidores públicos que han autorizado el uso de perros para continuar con la guerra contra los usuarios, se han vuelto cómplices de esta violencia y estas injusticias.
Lo hemos dicho anteriormente, la responsabilidad de legislar y acabar con las violaciones de derechos humanos es del Congreso de la Unión, pero todos los funcionarios públicos tienen la obligación de hacer respetar esos derechos.
El MCM denuncia que esta es una práctica que viola la libertad de tránsito de las personas usuarias de cannabis y atenta contra la dignidad de las mismas.
El consumo personal es un derecho reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Código Penal no sanciona la posesión de cantidades menores a 5 gramos por lo que perseguir a las y los usuarios, además de infligir los derechos más elementales, distrae a los elementos policiales de su verdadera función: contener los delitos que dañan o atentan contra la integridad y bienes de la ciudadanía que transita por las instalaciones del metro.
Además, los policías no están facultados para determinar la cantidad portada, los perros policías menos.
Esto implica que, aunque portemos cantidades no penalizadas, se nos remita al Juez y es, durante el traslado, como en la presentación, donde aparecen gramos extras, sustancias ajenas que le siembran al presunto inculpado, además de moretones, sangre y agresiones sicológicas, así como el robo de sus pertenencias, particularmente de sus celulares y carteras.
Esta es la realidad de cientos de personas todos los días en todo México.
“No somos criminales. Como personas mexicanas estamos cansadas de los abusos policiacos, hartos de que nos maltraten por un consumo que no daña a nadie y ya no estamos dispuestos a tolerar un trato que siga atentando contra nuestra dignidad”.
En México hay miles de personas amparadas para combatir una ley injusta e inmoral que nunca debió existir y en 100 años nunca detuvo el consumo. Un sistema administrativo de prohibición que solo ha servido como herramienta de extorsión institucional y que facilita las intensas afectaciones y violaciones de derechos humanos que ya señaló la máxima Corte en nuestro país.
“Denunciamos que esta política de usar perros catalogados como arma para interactuar con ciudadanos inocentes. Los funcionarios violan los derechos a no ser discriminados, la libertad de tránsito, la seguridad y la privacidad, entre otros.
Además, “le recordamos a la Jefa de Gobierno que la visitamos en sus oficinas el día 23 de Enero y nos aseguró que dio la orden para que ya no se molestara a los consumidores y que eso ya se había acabado con su administración, --declaración que tenemos grabada”.
Por ello, exigen les informen por escrito cómo determinan que alguien es sospechoso y amerita una revisión. ¿Cuáles son los criterios?
Nos demuestren la efectividad de su política.
Informen los detenidos por explosivos en cada estación y respondan por favor, ¿cuántos detenidos por posesión simple?, ¿con cuánta cantidad?
