La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México, determinó pedir un informe detallado en torno al escándalo en que se ha visto inmiscuida el área de Comunicación Social de ese órgano deliberativo.
Producto al ruido que ha generado la difusión de información que establece que la coordinadora de Comunicación Social del Poder Legislativo local, Jacqueline Rico, renunció a su cargo tras negarse a firmar documentos para justificar gastos por más de un millón de pesos, que no estarían respaldados en actividades de su gestión, se pidió profundizar en el asunto.
En la sesión de la Jucopo celebrada en la tarde del miércoles, el vicecoordinador de la bancada del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, puso el tema a discusión. Refirió que luego de que se ha difundido públicamente el tema, es necesario que se conozcan detalladamente los hechos.
La advertencia que lanzó el perredista es que ningún legislador puede solicitar la renuncia a un funcionario administrativo del Congreso. Hizo un extrañamiento de que este asunto no haya sido abordado en la Jucopo, que es el organismo para desahogar cualquier irregularidad.
“Ninguna diputada o diputado podría desde punto de vista legal solicitar renuncias a los titulares de las áreas administrativas del Congreso, porque ningún diputado por mucho que haya propuesto a alguien, es el dueño del cargo que ha propuesto”, aclaró.
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Gaviño Ambriz demandó citar a la coordinadora de Comunicación Social para que entregue la información sobre este tema y se aclare cualquier duda.
A su vez, el presidente de la Jucopo, Víctor Hugo Lobo Román, informó que se solicitarán las tarjetas informativas para conocer qué es lo que pasa y propuso una reunión en los próximos días para darle salida al asunto.
En su turno, la coordinadora de los diputados de Morena, Martha Ávila Ventura, aseguró que pudiera haber algún manejo inadecuado de información sobre algunas facturas que se pagaron, pero rechazó tajantemente que pudiera haber algún desvío de recursos.
Recomendó que también sean llamados el tesorero y el contralor interno, a fin de que dejar en claro el manejo de los recursos públicos y que no hay ninguna anomalía.
Estimó que cualquier funcionario está en su derecho de renunciar a su cargo si ello conviene a sus intereses personales.
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