Otomíes desplazados y despojados de sus tierras en Hidalgo solicitan la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) para mediar en el conflicto y que se les permita regresar a sus casas, así lo expresó la familia Ramírez Yáñez.
Al cumplirse diez años de que fueron expulsados de la comunidad Portezuelo, municipio de Tasquillo, Hidalgo, recurrieron a LA PRENSA para solicitar la intervención de las instancias federales y estatales para que les sean devueltas sus seis casas y terrenos de trabajo.
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Han presentado escritos al gobierno de Hidalgo, que encabeza Omar Fayad Meneses, así como a la Segob, pero ninguna instancia interviene para solucionar el conflicto.
Narran que el conflicto inició por la construcción de las calles y banquetas de la comunidad, para lo cual tuvieron que donar unos metros de sus predios, a la cual accedieron, pero el delegado se extralimitó con ellos y se fueron a juicio, el cual ganaron.
Al perder en los juzgados, el delegado de la comunidad azuzó a los pobladores para expulsarlos, por lo que fueron sitiados en sus viviendas para luego ser sacados por la fuerza.
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En entrevista en la redacción de LA PRENSA, narraron que ellos vivían de trabajar la tierra con la siempre de alfalfa, maíz y frijol. Ahora tratan de sobrevivir con la venta de manteles que tejen y bordan las mujeres, mientras que los hombres se emplean de lo que encuentran por temporadas.
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Se trata de una madre de 92 años, seis hermanos, cada uno con su familia, para un total de 42 desplazados por problemas de tierras.
Indican que sus casas ya fueron saqueadas y uno de sus terrenos es usado como estacionamiento público que renta el delegado de la comunidad.
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