Para evitar casos de maltrato infantil como sucedió en el albergue San Bernabé, la bancada del PAN en el Congreso capitalino promueve que sea asignada a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, la facultad de autorizar, registrar, certificar y supervisar los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS).
Al respecto, la diputada panista Gabriela Salido Magos, fundamentó que es preciso reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, con lo que además se atendería la recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país al recinto de Donceles y Allende para armonizar la legislación local.
Una vez que estableciera que se busca fortalecer los derechos de niñas y niños en situación de vulnerabilidad, estableció que es preciso se reconozca que maltrato el infantil causa consecuencias que influyen de forma negativa en el desarrollo económico y social de la sociedad.
“La intención de esta iniciativa no es generar debate, sino reflexionar sobre estas facultades que hoy podrían marcar una diferencia y, en efecto, evitar que casos como el de San Bernabé se vuelvan a repetir; porque no sólo se afecta a niñas y niños sino que el daño a la sociedad es invaluable, al atentar directamente contra la primera infancia de quienes hoy son y serán el futuro de nuestra ciudad”, estableció la legisladora local del blanquiazul.
Insistió que es momento de actuar y ejercer las funciones que han sido encomendadas al Congreso, atendiendo a la recomendación hecha al respecto por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
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“No podemos esperarnos a que las autoridades pongan cartas en el asunto y terminen las investigaciones; debemos realizar los ajustes necesarios a las leyes, para garantizar la supervisión y operación de estos centros, buscando siempre las mejores condiciones para las y los menores”, refrendó.
Salido Magos aclaró que la labor legislativa está encaminada a formar el tejido social que permita la construcción de ciudad a mediano y largo plazo; de ahí que las leyes deben considerar la protección más amplia en materia de derechos humanos, para garantizar la formación adecuada de las personas.
Dijo que ante el entendido de que la familia es pieza clave en la construcción de sociedades, mientras que la niñez como etapa inicial de desarrollo del ser humano va a determinar el porvenir en su vida personal y grupal, es de suma importancia evitar desde esa etapa que la formación de futuros ciudadanos sea deficiente, con malos tratos y abusos, mismos que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) son factores de riesgo.
Estableció que para aquellos infantes que por alguna causa no es posible el desarrollo dentro del seno familiar, el gobierno es el responsable de garantizar el ejercicio de ese derecho en las mejores condiciones y, por supuesto, evitar factores de riesgo.
“En el papel y la Ley, todo se escucha muy bien; sin embargo, hemos sido testigos de los lamentables acontecimientos en fechas recientes, en el CAIS San Bernabé, sobre las denuncias de maltrato a menores”, delineó.
Calificó a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, como una institución sujeta de responsabilidades administrativas, en la que se genera una obligación moral y legal de otorgar los mejores tratos y condiciones a todas los menores.
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