La bancada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México promueve una agilización de los trámites de adopción, como un derecho innegable de los menores de edad a contar con un hogar y el acceso a la salud, que debe ser garantizado por las autoridades.
Por parte de la diputada priísta Silvia Sánchez Barrios, se logró que el Poder Legislativo local exhortara a la jefatura de gobierno y al Tribunal Superior de Justicia, para que en coordinación con el DIF capitalino, se establezca una mesa de trabajo interinstitucional, con la participación de la representación de la Fiscalía General de Justicia, así como con legisladores, para armonizar y actualizar el marco legal relativo a la adopción de menores.
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Refrendó que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a contar con un hogar y el acceso a la salud debe ser garantizado y, ello incluye a quienes se encuentran en espera de adopción.
Se mostró a favor de que se agilicen los trámites para que sean llevados a un hogar donde se respete lo que marca la Constitución Política de la Ciudad de México, en lo que fue apoyada por diputados de diversos partidos.
“Los procesos de adopción en la Ciudad de México, se han visto detenidos o restringidos por el actual marco jurídico local, la realidad para las personas que pretenden adoptar a un menor de edad es que son poco accesibles y en ocasiones, se ven envueltas en una serie de trámites legales y administrativos poco ágiles”, refirió la representante popular del tricolor.
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Expuso que, finalmente, los más afectados en el proceso de los trámites de adopción, son las niñas, niños y adolescentes que esperan ser incorporados a una familia.
Silvia Sánchez aludió que la adopción es el medio por el cual menores de edad que por diversas causas han terminado el vínculo con su familia biológica, tienen la oportunidad de integrarse a un ambiente armónico, protegidos por el cariño que propicie su desarrollo integral y estabilidad material, así como emocional, que les dote de una infancia feliz y los prepare para la vida adulta.
Detalló que en el ámbito judicial, el órgano máximo del poder judicial determinó que la adopción “es una medida excepcional que busca la restitución definitiva del derecho de la niñez a crecer en familia. Las figuras jurídicas de adopción nacional e internacional son formas en las que el Estado fomenta que las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse dentro de un núcleo familiar idóneo”.
Expuso que el proceso de adopción puede demorar dos años o más en la metrópoli, de ahí la necesidad de analizar la posibilidad de integrarlos con su familia extensa, como es el caso de abuelos y tíos, con la finalidad de que sean aquellas personas con las que tienen un lazo consanguíneo y de afecto preexistente, las que les proporcionen la atención y cuidados que necesitan.
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