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Ciudad de México.- Por el uso faccioso de instituciones, ejerciendo violencia política de género, la ciudadana Laura Alejandra Álvarez Soto presentó este jueves una denuncia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en contra del alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo y los concejales de Morena, Yair Figueroa y Raúl Paredes.
En la querella, se describe el “modus operandi” entre funcionarios y dependencias para la publicación en medios de comunicación de información falsa que generó un daño a la imagen y trayectoria de Álvarez Soto.
“Por ser mujer y esposa del precandidato del Partido Acción Nacional, eso es violencia política contra mí, como mujer en razón de género, al afectar el desempeño del cargo público que desempeñé, resulta discriminatorio y afecta el libre desarrollo de la función pública y la toma de decisiones”, relata la agraviada.
Agregó que su desempeño profesional no puede ser juzgado por ser la esposa de alguien, “soy mujer y me están violentando, es algo que no puede pasar más en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México y mucho menos en el país”.
La denuncia da cuenta del uso político de las instituciones para favorecer las aspiraciones de reelección de Víctor Hugo Romo en la alcaldía Miguel Hidalgo. “Utilizando a mi persona, mi condición de mujer y esposa del precandidato de Acción Nacional a la Alcaldía Miguel Hidalgo para sus fines”.
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La ciudadana Laura Alejandra Álvarez Soto, estuvo acompañada por las diputadas Gabriela Salido y Patricia Báez, así como de la concejala del PAN en Miguel Hidalgo, Gabriela González.
Salido manifestó su rechazo a la violencia en cualquiera de sus expresiones y llamó a ejercer en la Ciudad una política de altura. “Hoy el agredir a una mujer tan sólo por tener una relación personal y sentimental con un actor político es nuevamente una expresión de violencia que debemos de combatir”.
La diputada Patricia Báez lamentó que en el momento en que las mujeres buscan más espacios en la toma de decisiones sucedan este tipo de situaciones: “es una guerra sucia hacia una mujer que ha realizado un gran trabajo durante doce años y sólo por ser esposa de un candidato está siendo difamada. ¡Ya basta!”.
Por su parte, la concejala Gabriela González instó a las autoridades a poner un alto a la violencia política de género. “Es inadmisible que a estas alturas se siga violentando a las mujeres con fines electorales”.
De consignarse la culpa, el o los acusados en caso de aspirar a cargos de elección popular, la sanción con base en la Ley Procesal Electoral en su artículo 19, es la pérdida del derecho a ser registrado como candidata o candidata o en caso, de ya haberse registrado, se procede a la cancelación del mismo.
Además, el acusado quedaría boletinado en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres y una multa de 500 SUMA.
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