A casi tres años de que se incrementara la participación de los militares para contener el flujo migratorio, el saldo en términos de derechos humanos es devastador, revela el informe Bajo la Bota.
La política migratoria militarizada ha profundizado los contextos de riesgo de las personas migrantes, especialmente de quienes están en mayor vulnerabilidad social por razones de género, raza y etnia.
Las mujeres migrantes y solicitantes de asilo afrodescendientes y africanas en su tránsito por México, han sido víctimas de violación sexual, acoso e intimidación por parte de elementos de la Guardia Nacional.
El documento fue realizado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), entre organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes que trabajaron por más de un año para visibilizar la violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes, a raíz de la militarización de la migración.
En un conferencia de prensa, Alicia Moncada, investigadora de la FJEDD; representantes de organizaciones civiles y el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de Migrantes, Felipe González, alertaron sobre el “incremento exponencial” de la militarización contra los migrantes que transitan por México hacia Estados Unidos.
En 2019 había ocho mil 715 miembros de las Fuerzas Armadas en tareas migratorias en las fronteras norte y sur, la cifra creció más del triple para abril de 2022, a más de 28 mil 500, indicó el informe.
Aunque el fenómeno no es nuevo, “sí ha habido un incremento exponencial de dicha militarización, sobre todo a partir de la firma de acuerdos migratorios que han sido impulsados por Estados Unidos y aceptados, en concreto, por México”, indicó Ana Lorena Delgadillo, directora de la FJEDD, al presentar la investigación.
Dijo que el gobierno de México optó por ejecutar “una política migratoria sin enfoque de derechos humanos”, con el despliegue de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares con elementos que “no actúan como garantes de derechos, sino como agentes de contención y deportación o incluso como generadores de riesgos para las personas migrantes y sus familias, quienes actúan con criterios racistas, de género y de etnia”.
El informe Bajo la Bota y el micrositio www.bajolabota.com.mx documentan –a través de trabajo de campo en las fronteras norte y sur, 100 testimonios y 144 respuestas a solicitudes de información pública– la realidad desoladora que viven en el día a día las personas que intentan solicitar asilo en México o atravesar este país, en su búsqueda de una vida mejor en Estados Unidos de América.
Además, indica el informe, obliga a las personas migrantes a viajar por rutas clandestinas haciéndoles más vulnerables a distintos tipos de violaciones a derechos humanos y delitos, como lo son: desapariciones forzadas, secuestros, extorsión, trata de personas y corrupción, además de discriminación racial y étnica, situaciones climáticas extremas y accidentes.
Detenciones arbitrarias e ilegales
Una de las cuestiones que más nos preocupan, como organizaciones civiles que acompañamos y defendemos a la población migrante, es el hecho de que la Guardia Nacional perpetra detenciones arbitrarias, muchas veces basadas en perfilamiento racial, participando también en expulsiones colectivas, contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”.
Cita que en Tijuana (Baja California) y Tapachula (Chiapas), por ejemplo, documentaron situaciones de personas migrantes y solicitantes de asilo afrodescendientes y africanas detenidas arbitrariamente, a través del uso de perfiles raciales, las cuales se suman a un contexto de narrativas xenofóbicas y otras formas de discriminación.
La Guardia Nacional, junto al Instituto Nacional de Migración, ha hecho uso excesivo de la fuerza contra grupos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, así como otras personas en situación de vulnerabilidad.
En este informe se documenta que la Guardia Nacional ha incumplido sus obligaciones respecto al uso de la fuerza, cuando sus agentes han realizado controles y detenciones de personas migrantes y solicitantes de asilo, especialmente en el contexto de las “caravanas migrantes”, que son grupos masivos de personas migrantes y en necesidad de protección internacional que transitan por Centroamérica y/o México con la intención de protegerse de los riesgos y abusos en la ruta migratoria.
Bajo la Bota también señala que es necesario emitir las siguientes recomendaciones, tanto para el gobierno de México, como para el de Estados Unidos, a continuación se citan sólo algunas de ellas:
Al gobierno mexicano: cese de la participación de las fuerzas militares en tareas migratorias; eliminar expresamente de toda política pública relacionada con la movilidad humana la detención de las personas migrantes.
Al gobierno estadounidense: cesar la aplicación de toda política migratoria y de relaciones exteriores en la región que se centre en la contención migratoria, mediante la detención y el uso de la fuerza y políticas de “externalización” del control migratorio.
Evitar de manera absoluta exigir, alentar, acordar o apoyar la participación de fuerzas militares en tareas de control migratorio en otros países de la región.
Participar de manera coordinada con otros gobiernos de la región en esfuerzos por garantizar la seguridad de las personas migrantes, solicitantes de asilo y en necesidad de protección internacional.
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