/ miércoles 2 de febrero de 2022

Insuficiente, acuerdo reparatorio a víctimas de L12: abogado de afectados

De acuerdo con Teófilo Benítez, defensor de algunas de las víctimas, el apoyo es insuficiente para la rehabilitación y desarrollo de las víctimas heridas por el desplome en el tramo elevado de la estación Olivos; “es una burla”, aseguró

El acuerdo reparatorio de 80% que ofrece la empresa Construcción e Infraestructura Carso SA (CICSA), es insuficiente para la rehabilitación y el desarrollo a futuro de las víctimas heridas por el desplome del tramo elevado de la Línea 12 del Metro en la estación Olivos, aseguró Teófilo Benítez, abogado de algunos de los afectados.

Dicho acuerdo, anunciado por la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ernestina Godoy, fue catalogado como “resultado de la presión y del litigio que inició el Ministerio Público a favor de la empresa de Carlos Slim, que no ha sido inculpada y que, lejos de responder ante los órganos judiciales, ha sido beneficiada y exculpada de los hechos del 3 de mayo de 2021”, declaró Benítez.

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El penalista explicó que de las 14 víctimas que representa sólo dos recibieron la propuesta de Carso, “la cual es considerada una burla, puesto que el ofrecimiento no representa ni garantiza los gastos para resarcir los daños y continuar con una vida libre de complicaciones”.

Por otro lado, uno de sus defendidos fue citado a escondidas en el Centro de Bienestar Gilberto Ensástiga, en la alcaldía Tláhuac, a quien intentaron persuadir para convencerlo de aceptar la propuesta de reparación del daño, le retuvieron su celular para evitar que grabara y le impidieron la presencia de sus asesores jurídicos, contó el abogado.

“El acoso que han sufrido las personas afectadas por el desplome no ha sido sancionado a casi un año de ocurridos los hechos, por el contrario, han tenido que soportar la indolencia de autoridades, como de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, dijo.

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También habló de otro de sus representados, citado en la sede de Luis Moya, obligándolo a dejar su teléfono celular para no tener evidencia, donde dijo que se encontraba un representante de la FGJ de la Unidad de Medicación, así como del Centro de Atención a Víctimas, “mediando a favor de la empresa CICSA".

El jurista explicó en un mensaje a medios, que en ambos casos “los representantes del gobierno capitalino y de la FGJ reiteraron a los afectados que ignoraran la asesoría de sus abogados y los presionaban para firmar el convenio reparatorio (…), la autoridad está tratando de que ya no se siga con la imputación hacia Grupo Carso”, concluyó.

El acuerdo reparatorio de 80% que ofrece la empresa Construcción e Infraestructura Carso SA (CICSA), es insuficiente para la rehabilitación y el desarrollo a futuro de las víctimas heridas por el desplome del tramo elevado de la Línea 12 del Metro en la estación Olivos, aseguró Teófilo Benítez, abogado de algunos de los afectados.

Dicho acuerdo, anunciado por la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ernestina Godoy, fue catalogado como “resultado de la presión y del litigio que inició el Ministerio Público a favor de la empresa de Carlos Slim, que no ha sido inculpada y que, lejos de responder ante los órganos judiciales, ha sido beneficiada y exculpada de los hechos del 3 de mayo de 2021”, declaró Benítez.

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El penalista explicó que de las 14 víctimas que representa sólo dos recibieron la propuesta de Carso, “la cual es considerada una burla, puesto que el ofrecimiento no representa ni garantiza los gastos para resarcir los daños y continuar con una vida libre de complicaciones”.

Por otro lado, uno de sus defendidos fue citado a escondidas en el Centro de Bienestar Gilberto Ensástiga, en la alcaldía Tláhuac, a quien intentaron persuadir para convencerlo de aceptar la propuesta de reparación del daño, le retuvieron su celular para evitar que grabara y le impidieron la presencia de sus asesores jurídicos, contó el abogado.

“El acoso que han sufrido las personas afectadas por el desplome no ha sido sancionado a casi un año de ocurridos los hechos, por el contrario, han tenido que soportar la indolencia de autoridades, como de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, dijo.

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También habló de otro de sus representados, citado en la sede de Luis Moya, obligándolo a dejar su teléfono celular para no tener evidencia, donde dijo que se encontraba un representante de la FGJ de la Unidad de Medicación, así como del Centro de Atención a Víctimas, “mediando a favor de la empresa CICSA".

El jurista explicó en un mensaje a medios, que en ambos casos “los representantes del gobierno capitalino y de la FGJ reiteraron a los afectados que ignoraran la asesoría de sus abogados y los presionaban para firmar el convenio reparatorio (…), la autoridad está tratando de que ya no se siga con la imputación hacia Grupo Carso”, concluyó.

Policiaca

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