/ martes 1 de marzo de 2022

Inhabilitan en Edomex a 33 ex servidores por malversación de los fondos públicos

El castigo contempla inhabilitaciones de hasta 10 años, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones temporales e indemnizaciones por sanción económica

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México reveló que 33 personas, entre quienes se desempeñaron como presidentes municipales, tesoreros, síndicos, directores de obras en los ayuntamientos de la entidad en 2017 y 2018, fueron sancionados por presunto desvió de recursos públicos o peculado.

Durante la sesión con la comisión legislativa del ramo en el Congreso mexiquense, indicó que a través de la unidad de investigación, el órgano fiscalizador logró que el Tribunal de Justicia Administrativa mexiquense emitiera nueve sentencias y sancionara a estas personas, en las no solo aparecen ex funcionarios municipales, sino también del gobierno del Estado de México.

Las acusaciones tienen que ver con abuso de autoridad y tergiversación de dineros públicos, por lo que la dependencia que preside la auditora Miroslava Carillo Martínez, una vez hechas las revisiones en la materia, determinó sancionar a estos 33 ex servidores públicos.

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Las sentencias, las cuales quedaron firmes y en las que no hay posibilidad de interponer amparos, incluyen también a contralores internos, presidentas o presidentes de DIF municipales, ex rectoras, entre otros ex funcionarios.

El castigo contempla inhabilitaciones de hasta 10 años, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones temporales e indemnizaciones por sanción económica por arriba de los 5 millones de pesos.

Las personas sancionadas laboraron en los municipios de Acolman, Tonanitla, Tequixquiac, Otzolotepec, Teotihuacán, Teoloyucan, Hueypoxtla, el DIF Tequixquiac, el IMCUFIDE Jaltenco y la Universidad Politécnica de Chimalhuacán.

Al concluir el análisis del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales 2020 del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por parte de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Miroslava Carrillo Martínez, y su equipo de trabajo recordaron que actualmente hay 643 expedientes en la Unidad de Investigación y 113 tienen un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) que se litigan en la Octava y Novena Sala del TRIJAEM DE Toluca y Atizapán, respectivamente.

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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México reveló que 33 personas, entre quienes se desempeñaron como presidentes municipales, tesoreros, síndicos, directores de obras en los ayuntamientos de la entidad en 2017 y 2018, fueron sancionados por presunto desvió de recursos públicos o peculado.

Durante la sesión con la comisión legislativa del ramo en el Congreso mexiquense, indicó que a través de la unidad de investigación, el órgano fiscalizador logró que el Tribunal de Justicia Administrativa mexiquense emitiera nueve sentencias y sancionara a estas personas, en las no solo aparecen ex funcionarios municipales, sino también del gobierno del Estado de México.

Las acusaciones tienen que ver con abuso de autoridad y tergiversación de dineros públicos, por lo que la dependencia que preside la auditora Miroslava Carillo Martínez, una vez hechas las revisiones en la materia, determinó sancionar a estos 33 ex servidores públicos.

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Las sentencias, las cuales quedaron firmes y en las que no hay posibilidad de interponer amparos, incluyen también a contralores internos, presidentas o presidentes de DIF municipales, ex rectoras, entre otros ex funcionarios.

El castigo contempla inhabilitaciones de hasta 10 años, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones temporales e indemnizaciones por sanción económica por arriba de los 5 millones de pesos.

Las personas sancionadas laboraron en los municipios de Acolman, Tonanitla, Tequixquiac, Otzolotepec, Teotihuacán, Teoloyucan, Hueypoxtla, el DIF Tequixquiac, el IMCUFIDE Jaltenco y la Universidad Politécnica de Chimalhuacán.

Al concluir el análisis del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales 2020 del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por parte de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Miroslava Carrillo Martínez, y su equipo de trabajo recordaron que actualmente hay 643 expedientes en la Unidad de Investigación y 113 tienen un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) que se litigan en la Octava y Novena Sala del TRIJAEM DE Toluca y Atizapán, respectivamente.

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