/ lunes 31 de mayo de 2021

Imparable la extorsión telefónica en México; hubo más de seis millones de casos el año pasado

Altísimo costo social: en 2018, 12 mil millones de pesos se canalizaron al crimen organizado por ese ilícito

La extorsión telefónica ha crecido de manera importante. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es el delito más frecuente en 14 entidades y el centro del país tiene una cifra alta, de ahí la importancia del consenso que se dio en torno a las iniciativas que dieron lugar a la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de poner orden cuanto antes.

El titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, David Pérez Esparza, destacó que, de los 33 millones de delitos que se comenten en México anualmente, el segundo es el de extorsión, más de seis millones se cometieron el año pasado.

Foto: Ignacio Huitzil | La Prensa

Foto: Ignacio Huitzil | La Prensa

Hay un incremento importante en el costo social de extorsión. En 2018, 12 mil millones de pesos se canalizaron al crimen organizado producto de este ilícito.

Desde 2019, de acuerdo al funcionario, se trabaja en una base de datos, cuyo objetivo es que los ciudadanos realicen una denuncia a la línea 089 y al 911 para reportar una extorsión; en octubre de este año se recibieron 10 mil llamadas.

En el marco del foro virtual sobre “Registro de Usuarios de Telefonía Móvil”, diputados, funcionarios, concesionarios y sociedad civil externaron sus comentarios sobre las iniciativas y, señalaron que la prioridad es brindar seguridad a la población y, en particular se reduzca el delito de extorsión.

Fue el titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Rafael Eslava Herrada, quien coincidió en la necesidad apremiante de encontrar una solución al crecimiento exponencial en materia delictiva e identificar los medios que permitan abatir este problema de seguridad pública.

Aludió que el artículo 6º constitucional señala que es función del Estado garantizar el derecho de acceso a las tecnologías y servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que es necesario analizar una medida legal a efecto de no perjudicar en otros ámbitos la labor del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como regulador.

Por su parte, el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Sóstenes Díaz González, señaló que un registro requiere que se realice una verificación contra una base que contenga datos biométricos y esto podría tener como ventaja reducir la posibilidad de fraude.

Sería obligación de los usuarios proporcionar la información necesaria para el registro, como nombre, identificación y comprobante de domicilio. Los concesionarios deberían validar los datos e inscribirlos en la base del IFT. Una vez implementada se debería establecer quiénes pueden acceder a esa información y protección de datos.

Foto: Ignacio Huitzil | La Prensa

Foto: Ignacio Huitzil | La Prensa

TELEFONÍA MÓVIL POR MEDIO DEL CHIP

A su vez, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, el panista Víctor Manuel Pérez Díaz, explicó con la discusión de ideas en el ejercicio del foro, se abonó al análisis de las iniciativas sobre un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil para normar su funcionamiento, así como regular la compra de tarjetas SIM prepago, a fin de conocer quiénes son los dueños de las líneas telefónicas y reducir su uso en actos delictivos.

Notificó que hay cerca de 140 millones de líneas y, de ellas, 122 millones son móviles. “Nos interesa escuchar todos los puntos de vista sobre cuánto nos cuesta implementarlo y cuánto el no hacerlo”.

Pérez Díaz llamó a encontrar cómo el marco jurídico ayudará a solucionar definitivamente el tema del secuestro, robo y la comisión de delitos a través del uso de la telefonía móvil por medio del chip.

“Debemos hacer algo, pero en el marco del respeto a los derechos humanos; la presunción de inocencia no se puede evadir ni incluir en una iniciativa que pasará a ser política pública; hay que proteger los datos personales y visualizar la factibilidad económica de implementar el registro”, aclaró.

El exdirector general en la Subsecretaría de Comunicaciones federal, Carlos Gorostiza Zatarain, destacó la importancia del registro y estimó fundamental su implementación, en especial la certeza del buen manejo de los datos personales de los usuarios y que se informe de los procedimientos a seguir en caso de pérdida o robo del celular para deslindar cualquier mal uso.

En su momento, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, la morenista Juanita Guerra Mena, apoyó la regulación de la propuesta planteada en las iniciativas, que calificó de indispensable. Recordó que en LXIV Legislatura “nos hemos caracterizado por realizar esfuerzos para revisar una estructura y mecanismo punitivos, a fin de fortalecer el papel institucional del Estado”.

Foto: Ignacio Huitzil | La Prensa

Foto: Ignacio Huitzil | La Prensa

LA DELINCUENCIA ACTÚA CON MAYOR VIOLENCIA

Relató que hace meses se aprobaron modificaciones institucionales para incorporar ciertas conductas, como delitos que ameritan prisión preventiva, dada su recurrencia. La extorsión, dijo, aumentó y los afectados son los ciudadanos. La delincuencia actúa con una mayor violencia; es necesaria la regulación y respetar los datos personales, afirmó.

El diputado del PAN Carlos Elhier Cinta Rodríguez, expresó que, si 90 por ciento de los usuarios de telefonía son de prepago, lo que se debe atacar es un mercado negro de chips, a fin de que haya efectividad en reducir la extorsión. Además, dijo, países de primer mundo, como Canadá y Estados Unidos no tienen ese tipo de registros, por lo que es importante conocer cómo controlan el tema de extorsión y qué les funciona.

Por la bancada de Morena, Juana Carrillo Luna, pidió conocer cómo se podría transitar a salvaguardar la integridad de los usuarios y que sepan que sus datos no serán usados para la extorsión.

De la misma fracción parlamentaria, la diputada Rosalinda Domínguez Flores expresó su inquietud sobre los proyectos prioritarios del gobierno, dado el presupuesto que se aprobó para el presente año en la Cámara de Diputados para tal fin.

El morenista Erwin Jorge Areizaga Uribe mencionó que es preocupante el tema de extorsión y se debe hacer algo diferente. “Sabemos que no se va a acabar este ilícito, pero sí hay que poner candados; lo que se apruebe beneficiará a la sociedad que está tan lastimada por los temas de inseguridad”.

El titular de la Unidad Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ignacio Hernández, destacó que hay instrumentos que usa la delincuencia para secuestrar y extorsionar, entre ellos los teléfonos celulares y los chips de telefonía de prepago, que son de costo accesible y sin registro del adquiriente.

Mencionó que el enfoque que se tiene es que el sujeto obligado no sea el usuario, sino el concesionario, como se hace en la telefonía de pago mensual o renta, para que ellos recaben los datos y el IFT tenga control de esta información. “Es preocupante que en un secuestro o extorsión se usen cinco o seis números telefónicos y no se tenga el registro de quién es el que controla ese chip de telefonía”.

También participó el vicepresidente nacional de vinculación de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Miguel Calderón, quien subrayó que aún con registro de identidad confiable, los criminales podrían hacerse de un teléfono robado para realizar sus delitos.

Resaltó que no hay forma de garantizar que las personas que contraten un servicio mantengan los mismos datos en un periodo posterior y los menores no tendrían acceso a los servicios; solicitó analizar otros medios de solución.

Foto: Ignacio Huitzil | La Prensa

Foto: Ignacio Huitzil | La Prensa

El director regional para México y Centroamérica de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, Fernando López, indicó que habría que revisar si realmente la comisión de estos delitos está vinculada con el registro al teléfono móvil. Consideró que la sociedad lo agradecerá en la medida que se aseguren sus derechos y que se emprendan las medidas adecuadas para combatir la delincuencia.

ROBO DE IDENTIDAD

Mientras, el director de política pública de la Asociación Global de Sistemas Móviles de Comunicación, Lucas Gallitto, comentó que si bien no hay duda de que los delincuentes y terroristas utilizan tarjetas sin prepago para mantenerse anónimos, no hay evidencia empírica que demuestre que el registro de usuarios conduce a una reducción en la actividad delictiva. Estimó que el registro puede tener aspectos negativos como generar una restricción de accesibilidad para los consumidores.

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De la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, su director general Gabriel Székely, expuso que el registro no ha funcionado ni lo hará, porque el tener uno de tipo biométrico y con huella tendría un costo de más de 21 mil millones de pesos. Además, durante los últimos cinco años se ha emprendido una coordinación de las autoridades para impedir llamadas desde los penales.

El vicepresidente de asuntos externos de AT&T México, Daniel Ríos Villa, argumentó que varios países de América Latina han decidido utilizar este registro, pero “no han encontrado evidencia clara ni contundente de que impacten en la reducción de delitos como la extorsión; la legislación debe proteger datos personales y es necesario analizar su diseño porque son más de cien millones de líneas y se necesita estudiar si es el mecanismo idóneo”.

Para el director de regulación de América Móvil, Daniel Bernal, cualquier mecanismo que limite el acceso a los servicios de telecomunicaciones atentará contra el acceso de los ciudadanos a los servicios de comunicaciones que hoy en día son el principal medio de acceso a la educación, salud y trabajo. “Un registro de esta naturaleza no es una herramienta idónea para la lucha contra la delincuencia”, advirtió.

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La extorsión telefónica ha crecido de manera importante. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es el delito más frecuente en 14 entidades y el centro del país tiene una cifra alta, de ahí la importancia del consenso que se dio en torno a las iniciativas que dieron lugar a la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de poner orden cuanto antes.

El titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, David Pérez Esparza, destacó que, de los 33 millones de delitos que se comenten en México anualmente, el segundo es el de extorsión, más de seis millones se cometieron el año pasado.

Foto: Ignacio Huitzil | La Prensa

Foto: Ignacio Huitzil | La Prensa

Hay un incremento importante en el costo social de extorsión. En 2018, 12 mil millones de pesos se canalizaron al crimen organizado producto de este ilícito.

Desde 2019, de acuerdo al funcionario, se trabaja en una base de datos, cuyo objetivo es que los ciudadanos realicen una denuncia a la línea 089 y al 911 para reportar una extorsión; en octubre de este año se recibieron 10 mil llamadas.

En el marco del foro virtual sobre “Registro de Usuarios de Telefonía Móvil”, diputados, funcionarios, concesionarios y sociedad civil externaron sus comentarios sobre las iniciativas y, señalaron que la prioridad es brindar seguridad a la población y, en particular se reduzca el delito de extorsión.

Fue el titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Rafael Eslava Herrada, quien coincidió en la necesidad apremiante de encontrar una solución al crecimiento exponencial en materia delictiva e identificar los medios que permitan abatir este problema de seguridad pública.

Aludió que el artículo 6º constitucional señala que es función del Estado garantizar el derecho de acceso a las tecnologías y servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que es necesario analizar una medida legal a efecto de no perjudicar en otros ámbitos la labor del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como regulador.

Por su parte, el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Sóstenes Díaz González, señaló que un registro requiere que se realice una verificación contra una base que contenga datos biométricos y esto podría tener como ventaja reducir la posibilidad de fraude.

Sería obligación de los usuarios proporcionar la información necesaria para el registro, como nombre, identificación y comprobante de domicilio. Los concesionarios deberían validar los datos e inscribirlos en la base del IFT. Una vez implementada se debería establecer quiénes pueden acceder a esa información y protección de datos.

Foto: Ignacio Huitzil | La Prensa

Foto: Ignacio Huitzil | La Prensa

TELEFONÍA MÓVIL POR MEDIO DEL CHIP

A su vez, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, el panista Víctor Manuel Pérez Díaz, explicó con la discusión de ideas en el ejercicio del foro, se abonó al análisis de las iniciativas sobre un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil para normar su funcionamiento, así como regular la compra de tarjetas SIM prepago, a fin de conocer quiénes son los dueños de las líneas telefónicas y reducir su uso en actos delictivos.

Notificó que hay cerca de 140 millones de líneas y, de ellas, 122 millones son móviles. “Nos interesa escuchar todos los puntos de vista sobre cuánto nos cuesta implementarlo y cuánto el no hacerlo”.

Pérez Díaz llamó a encontrar cómo el marco jurídico ayudará a solucionar definitivamente el tema del secuestro, robo y la comisión de delitos a través del uso de la telefonía móvil por medio del chip.

“Debemos hacer algo, pero en el marco del respeto a los derechos humanos; la presunción de inocencia no se puede evadir ni incluir en una iniciativa que pasará a ser política pública; hay que proteger los datos personales y visualizar la factibilidad económica de implementar el registro”, aclaró.

El exdirector general en la Subsecretaría de Comunicaciones federal, Carlos Gorostiza Zatarain, destacó la importancia del registro y estimó fundamental su implementación, en especial la certeza del buen manejo de los datos personales de los usuarios y que se informe de los procedimientos a seguir en caso de pérdida o robo del celular para deslindar cualquier mal uso.

En su momento, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, la morenista Juanita Guerra Mena, apoyó la regulación de la propuesta planteada en las iniciativas, que calificó de indispensable. Recordó que en LXIV Legislatura “nos hemos caracterizado por realizar esfuerzos para revisar una estructura y mecanismo punitivos, a fin de fortalecer el papel institucional del Estado”.

Foto: Ignacio Huitzil | La Prensa

Foto: Ignacio Huitzil | La Prensa

LA DELINCUENCIA ACTÚA CON MAYOR VIOLENCIA

Relató que hace meses se aprobaron modificaciones institucionales para incorporar ciertas conductas, como delitos que ameritan prisión preventiva, dada su recurrencia. La extorsión, dijo, aumentó y los afectados son los ciudadanos. La delincuencia actúa con una mayor violencia; es necesaria la regulación y respetar los datos personales, afirmó.

El diputado del PAN Carlos Elhier Cinta Rodríguez, expresó que, si 90 por ciento de los usuarios de telefonía son de prepago, lo que se debe atacar es un mercado negro de chips, a fin de que haya efectividad en reducir la extorsión. Además, dijo, países de primer mundo, como Canadá y Estados Unidos no tienen ese tipo de registros, por lo que es importante conocer cómo controlan el tema de extorsión y qué les funciona.

Por la bancada de Morena, Juana Carrillo Luna, pidió conocer cómo se podría transitar a salvaguardar la integridad de los usuarios y que sepan que sus datos no serán usados para la extorsión.

De la misma fracción parlamentaria, la diputada Rosalinda Domínguez Flores expresó su inquietud sobre los proyectos prioritarios del gobierno, dado el presupuesto que se aprobó para el presente año en la Cámara de Diputados para tal fin.

El morenista Erwin Jorge Areizaga Uribe mencionó que es preocupante el tema de extorsión y se debe hacer algo diferente. “Sabemos que no se va a acabar este ilícito, pero sí hay que poner candados; lo que se apruebe beneficiará a la sociedad que está tan lastimada por los temas de inseguridad”.

El titular de la Unidad Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ignacio Hernández, destacó que hay instrumentos que usa la delincuencia para secuestrar y extorsionar, entre ellos los teléfonos celulares y los chips de telefonía de prepago, que son de costo accesible y sin registro del adquiriente.

Mencionó que el enfoque que se tiene es que el sujeto obligado no sea el usuario, sino el concesionario, como se hace en la telefonía de pago mensual o renta, para que ellos recaben los datos y el IFT tenga control de esta información. “Es preocupante que en un secuestro o extorsión se usen cinco o seis números telefónicos y no se tenga el registro de quién es el que controla ese chip de telefonía”.

También participó el vicepresidente nacional de vinculación de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Miguel Calderón, quien subrayó que aún con registro de identidad confiable, los criminales podrían hacerse de un teléfono robado para realizar sus delitos.

Resaltó que no hay forma de garantizar que las personas que contraten un servicio mantengan los mismos datos en un periodo posterior y los menores no tendrían acceso a los servicios; solicitó analizar otros medios de solución.

Foto: Ignacio Huitzil | La Prensa

Foto: Ignacio Huitzil | La Prensa

El director regional para México y Centroamérica de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, Fernando López, indicó que habría que revisar si realmente la comisión de estos delitos está vinculada con el registro al teléfono móvil. Consideró que la sociedad lo agradecerá en la medida que se aseguren sus derechos y que se emprendan las medidas adecuadas para combatir la delincuencia.

ROBO DE IDENTIDAD

Mientras, el director de política pública de la Asociación Global de Sistemas Móviles de Comunicación, Lucas Gallitto, comentó que si bien no hay duda de que los delincuentes y terroristas utilizan tarjetas sin prepago para mantenerse anónimos, no hay evidencia empírica que demuestre que el registro de usuarios conduce a una reducción en la actividad delictiva. Estimó que el registro puede tener aspectos negativos como generar una restricción de accesibilidad para los consumidores.

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De la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, su director general Gabriel Székely, expuso que el registro no ha funcionado ni lo hará, porque el tener uno de tipo biométrico y con huella tendría un costo de más de 21 mil millones de pesos. Además, durante los últimos cinco años se ha emprendido una coordinación de las autoridades para impedir llamadas desde los penales.

El vicepresidente de asuntos externos de AT&T México, Daniel Ríos Villa, argumentó que varios países de América Latina han decidido utilizar este registro, pero “no han encontrado evidencia clara ni contundente de que impacten en la reducción de delitos como la extorsión; la legislación debe proteger datos personales y es necesario analizar su diseño porque son más de cien millones de líneas y se necesita estudiar si es el mecanismo idóneo”.

Para el director de regulación de América Móvil, Daniel Bernal, cualquier mecanismo que limite el acceso a los servicios de telecomunicaciones atentará contra el acceso de los ciudadanos a los servicios de comunicaciones que hoy en día son el principal medio de acceso a la educación, salud y trabajo. “Un registro de esta naturaleza no es una herramienta idónea para la lucha contra la delincuencia”, advirtió.

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