Es de "riesgo" que se libere a un acusado de cometer un delito tras dos años sin sentencia y en prisión preventiva oficiosa, previo a una discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre esta materia, aseguró la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, ya que habría más delincuentes en las calles.
Ello debido a que un proyecto de sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte puede permitir que personas vinculadas a delitos graves, como secuestro, extorsión o trata de personas, puedan seguir su proceso en libertar luego de pasar dos años en prisión preventiva oficiosa.
En una conferencia de prensa, vía Zoom, Miranda de Wallace fijó su postura de diversas víctimas sobre el proyecto que se discutirá en la Primera Sala de la SCJN sobre prisión preventiva oficiosa, con la que se busca dejar en libertad a procesados, incluidos los de delitos graves.
Comentó que el proyecto lo que está planteando es que el Juez no estará obligado a tomar en consideración el riesgo de la comisión de nuevos delitos, por lo que la persona está sujeta a proceso”.
La activista destacó que de acuerdo con información de INEGI, en 2020 se cometieron 27.6 millones de delitos en todo el país. De ellos, sólo 1,841,188 fueron integrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación y de éstas apenas el 9% llega al conocimiento de un juez en una causa penal. Aún más grave es que de ese 9%, sólo del 1.6% se obtiene sentencia condenatoria.
En otras palabras, si comparamos el total de sentencias condenatorias en 2020 (2,760) con el total de delitos cometidos en ese mismo año (27.6 millones), sólo en 0.01% hubo sanción para quien cometió el delito.
Isabel Miranda destacó que bien es cierto, existe obligación de los jueces de revisar la medida cautelar, también lo es que en ese momento se debe tomar en consideración si se han modificado las circunstancias que se tomaron en cuenta para dictar la medida cautelar de prisión preventiva, de lo contrario, deberá prevalecer la que fue impuesta por el juez de control.
Ello, añadió, implica un gran riesgo para las víctimas y para la sociedad en general, ya que de acuerdo con el proyecto, el juez no estará obligado a tomar en consideración el riesgo de comisión de nuevos delitos por la persona sujeta a proceso, las conductas ilícitas previas en las que éste haya participado, la preservación del orden público o el riesgo para la sociedad, para la víctima o testigos del delito.
En caso de ser aprobado el proyecto en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podríamos ver de regreso en las calles a todo tipo de acusados por homicidio, secuestro, violación, feminicidio y prácticamente de cualquier delito, por el simple hecho de que hayan pasado dos años sin que reciban sentencia, a pesar de haber elementos que acrediten su responsabilidad.
Los ciudadanos y sobre todo las víctimas no merecemos pagar el costo de un sistema de justicia que aún está lejos de ser pronta y expedita, incluso, ante la emergencia de salud mundial por COVID es sabido que los procesos se vuelven más lentos, sería fatídico permitir la salida de un procesado por el simple paso del tiempo.
“Reflexionemos, si por cada causa penal que llega a un Juez, un Ministerio Público o Fiscal integra 3.5 carpetas de investigación, es decir, la carga de trabajo en una Fiscalía es casi el cuádruple de la que existe en un Juzgado, ¿estamos listos para dejar en manos del sistema de justicia integrado por Fiscalías y Poder Judicial el futuro de la justicia en México en estas condiciones?”, aseguró.
Llamó a los Ministros de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, que se tomen en cuenta conductas previas, delincuencia organizada y riesgo de la víctima al momento de analizar la prolongación de la prisión preventiva.
Esto con la finalidad de que sean equitativos y garanticen los derechos de las víctimas del delito y de la sociedad, que no abonen a la impunidad y no pongan en riesgo a la sociedad y a las víctimas abriendo las puertas de las prisiones, dejándonos a merced de grandes delincuentes.
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Este miércoles, la Primera Sala de la SCJN discutirá el amparo en revisión 315/2021, relativo a un caso de secuestro exprés, en la que el proyecto de sentencia plantea que se modifique la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa luego de dos años, para que el indiciado pueda seguir su proceso en libertad, en caso de no haber recibido una sentencia.
En lo que va del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inició el 1 de diciembre de 2018, esta agrupación contabilizó 4 mil 305 secuestros, lo que significa cuatro secuestros al día en el país, 28 semanales y 116 mensuales.
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