En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada (30 de agosto), personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, exigen al gobierno federal tomar medidas de protección de las familias que buscan a sus seres queridos.
Ante los recientes asesinatos de personas buscadoras, decenas de organizaciones sociales exigen de manera urgente, medidas para que las cifras de desaparición en México no continúen en aumento y se pueda encontrar a las más de 90 mil personas desaparecidas.
Además, señalaron que ante la dimensión de la crisis que vivimos hoy en materia de desaparición consideramos impostergable la visita del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.
En un mensaje conjunto firmado por decenas de organizaciones de la sociedad civil y enviado a las autoridades correspondientes denuncian la urgencia de tomar medidas eficaces para la protección de las familias que buscan a un ser querido.
Pues las personas y colectivos que realizan acciones de búsqueda de personas desaparecidas ejercen esta actividad en un contexto de constante omisión estatal y como una reivindicación indeclinable de su derecho a buscar, a la memoria, al acceso a la justicia y en exigencia del establecimiento de eficaces garantías de no repetición.
En su diversidad tenaz, la lucha por encontrar a quienes no están, es fuente de dignidad, exigencia por los derechos humanos y construcción de políticas públicas que construyan paz.
Organizaciones como: Organizaciones firmantes: Acción Colectiva Socioambiental, A.C., Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS), Colectivo Buscadoras Guanajuato, Colectivo Hasta Encontrarte Guanajuato, entre otros resaltaron que en los últimos meses hemos observado asesinatos a personas buscadoras, entre los cuales destacamos tres recientes.
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El asesinato de Javier Barajas en Salvatierra, Guanajuato, el 29 de mayo. Javier era integrante de la Comisión Local de Búsqueda de Guanajuato y miembro, y venía participando activamente dentro de colectivos de familiares de esa entidad. Javier buscó y encontró a su hermana en una fosa clandestina, la maestra Lupita, pero además buscaba a otras personas desaparecidas en el estado. Fue ejecutado.
El asesinato de la buscadora Aranza Ramos el 15 de julio en la localidad de Ortiz, Sonora. Aranza formaba parte de varios colectivos de búsqueda en el estado, muy activa en el colectivo Guerreras Buscadoras. Buscaba a su esposo, desaparecido en diciembre de 2020. Fue secuestrada y ejecutada cerca de su domicilio.
El asesinato del buscador zacatecano, Nicanor Pérez, el 22 de julio de este año. Buscaba a su hijo, desaparecido desde el 2018. Nicanor fue extraído de su domicilio con violencia y estuvo desaparecido durante 5 días hasta que su cuerpo fue encontrado en una brecha de terracería al norte del estado.
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Estos tres casos han sido públicos y consideramos que son muestra del horror y la fragilidad, en términos de seguridad, en los que se desarrollan las búsquedas de personas desaparecidas.
Subrayan que muchos de esos incidentes de seguridad no reciben suficiente atención pública ni son atendidos con la debida diligencia por las autoridades competentes.
Por lo que instaron al Estado a instrumentar medidas de protección para todas las familias en riesgo por su labor de buscadoras, en estricta consulta con ellas mismas.
De la misma forma exigen investigar a fondo y de manera completa todos los ataques desde el enfoque del análisis de contexto.
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