Ciudad de México.- Al menos 56 familiares de personas privadas de la libertad quienes perdieron la vida a causa de Covid-19 fueron apoyadas con diversos trámites de defunción por parte de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Además, 318 casos se canalizaron a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, por no contar con familiar responsable del cuerpo de la persona fallecida o porque su deceso ocurrió en vía pública.
Del 17 de abril al 4 de agosto fueron atendidas familias y disponentes de 5 mil 485 personas fallecidas de las 16 alcaldías.
De éstos casos, se brindaron mil 896 servicios funerarios, 98% para cremación y 2% de inhumación y se realizaron mil 177 acciones de higienización con el apoyo de las alcaldías, así como de las Secretarías de Salud y de Obras y Servicios.
Además, a través de la comisión local de búsqueda se atendieron 60 casos de personas desconocidas o no Identificadas.
Una de las principales acciones emprendidas por la Secretaría de Gobierno, fue la creación del Protocolo de Actuación Interinstitucional para las personas fallecidas por Sospecha o Confirmación de COVID-19 en la Ciudad de México que fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de abril de 2020.
El Gobierno capitalino se preparó desde el 6 de abril con la compra de 5 mil bolsas para cadáveres de polietileno- plástico cuyo costo ascendió a un millón 798 mil pesos mediante la adjudicación directa a la empresa HI-Tec Medical.
El protocolo de personas fallecidas y su instrumentación se generó para cumplir dos objetivos: garantizar que los cuerpos de las personas fallecidas sean tratados con dignidad, a la par de apoyar su disposición expedita, para evitar que una potencial aglomeración de cadáveres pudiera en riesgo la seguridad sanitaria de la población de la Ciudad de México.
Por lo anterior, se gestionaron los recursos operativos para crear un Centro de Mando, coordinado por la Secretaría de Gobierno mediante la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos que se estableció en el C5 y en el que participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Salud, al Consejería Jurídica, la Fiscalía General de Justicia mediante Servicios Periciales y Ministerio Público y la Subsecretaria del Sistema Penitenciario y enlaces con las fuerzas armadas.
Desde el inicio de las operaciones Locatel y 911 sirvieron como primer contacto para la canalización de casos.
En el Centro de Mando se reciben los avisos sobre alguna persona fallecida por Covid-19 o probable, vía 911, Locatel o autoridad local, además de darles un folio de registro único, registro de datos de la persona fallecida, determinación de cremación o inhumación dependiendo de la presencia o no de disponente, apoyo con otorgamiento de Certificado de Defunción elaborado por médico de la Agencia de Protección Sanitaria en caso de ser requerido.
Así como asignación de institución o funeraria privada para el traslado en los casos en que el familiar responsable lo solicite o no exista disponente de manera gratuita, seguimiento y registro del destino final de la persona fallecida, así como agilizar los trámites correspondientes ante las autoridades locales y federales.
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