Ciudad de México.- El programa insignia de la presente administración, Jóvenes construyendo el futuro puede estar en riesgo, porque el gobierno desdeña el conocimiento científico necesario para formular y evaluar sus iniciativas sociales.
Así lo manifestaron Maribel Dávila Jaime y Raúl Hernández Mar, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al destacar que la iniciativa, “que define el estilo del régimen federal actual –que tiene una baja confianza en el conocimiento, experiencia y capacidad de la sociedad y desestima el análisis de las políticas públicas–”vincula a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan con empresas, talleres, instituciones o negocios para que desarrollen competencias técnicas y hábitos laborales que les posibiliten la obtención de un empleo.
A pesar de ser un plan prioritario del gobierno, se advierte un discurso contradictorio, pues el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 tiene una reducción de 37.6 por ciento respecto del ejercicio anterior, al haber pasado de 40 mil millones de pesos a 24 mil 956 millones.
Citaron que la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, diseñada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), reporta que 3.9 millones de jóvenes, que representan 22 por ciento de ese segmento poblacional, no estudian ni trabajan, por lo que sin duda, el programa Jóvenes construyendo el futuro es valioso, al atender una parte vulnerable de la sociedad.
Hacen hincapié que una de las mayores ventajas del programa es que está dirigido a un segmento de la población de México que no había sido atendido en gobiernos anteriores.
Su prioridad es atender a solicitantes procedentes de municipios de alta y muy alta marginación donde se registran elevados niveles de violencia y quienes además han sido discriminados a lo largo de la historia.
Sin embargo, el índice de Gini del programa es de 0.48, lo cual significa que las transferencias monetarias vía becas no siempre llegan a los deciles más bajos de la población, explicaron.
Los docentes del Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma explicaron que esa propuesta ha atendido a 579 mil aprendices –340 mil mujeres y 239 mil hombres– que viven en condiciones de pobreza extrema y moderada, brindándoles capacitación hasta por un año y un apoyo mensual de tres mil 748 pesos y un seguro médico contra enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.
En su opinión, el acierto estriba en que las reglas de aplicación, presentadas el diez de febrero pasado, ofrecen una argumentación técnica y políticamente viable a los operadores, lo que no se lograba con los lineamientos anteriores, difundidos el 10 de enero de 2019.
“Este proyecto presenta un núcleo duro bien definido, lo que ayuda a realizar evaluaciones atinadas y evita convertir la producción de información pública en un ejercicio de justificación sobre la pertinencia de las acciones”, indicaron en la sexta sesión del Coloquio virtual: Las políticas y los programas públicos, en el marco del gobierno de la 4T en México ¿Continuidad o transformación?
Los beneficiarios están distribuidos en 267 mil centros de trabajo –73.8 por ciento privados y 23.8 por ciento públicos– casi todos de entre 22 y 24 años de edad, de los estados de Guerrero, Chiapas, Tabasco y Veracruz, señalaron Dávila Jaime y Hernández Mar.
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