Debido a la situación sanitaria de emergencia por el Covid-19, en la Ciudad de México por lo menos tres mil 101 menores han perdido a uno de sus padres, situación que obliga a que tengan atención en todos los rubros, que incluya un lugar dónde vivir, a través de la adopción.
Por lo anterior, integrantes del Congreso capitalino determinaron exhortar al titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno local, Néstor Vargas Solano, a elaborar campañas y jornadas de carácter informativo en materia de patria potestad, guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, cuyos padres hayan fallecido a causa del coronavirus o por cualquier circunstancia durante el confinamiento.
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Representantes populares pugnaron, en ese sentido, a que se realicen campañas para adoptar infantes y adolescentes, que por lo que se vive en torno al Covid-19, quedaron huérfanos.
La diputada del PT, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, fue quien suscribió la proposición con punto de acuerdo, en la que indica que las jornadas informativas deben tener como destinatarios aquellas personas que ejerzan de manera provisional o definitiva la patria potestad, guarda y custodia, para que coadyuven a garantizar los derechos humanos y fundamentales de los infantes y adolescentes.
Hizo notar que, en la metrópoli, la población infantil es de dos millones 153 mil 371 niñas, niños y adolescentes, cuya mayor concentración se localiza en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Tlalpan.
Refrendó que, según estimaciones del DIF, en la urbe al menos tres mil 101 menores han perdido a uno de sus padres, mientras que la Secretaria de Gobernación considera que alrededor del 42 por ciento de las muertes por Covid-19, eran jefes o jefas de familia.
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“Por ello, es importante garantizar sus derechos humanos en materia jurídica, educativa, sanitaria, económica, cultural y ambiental”, declaró.
Sostuvo que es una obligación de los representantes populares, garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran tutelados y salvaguardados por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local.
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