/ lunes 14 de diciembre de 2020

Emite CDHCM Recomendación sobre la vida independente de personas con discapacidad

CDHCM: garantizar derecho de personas con discapacidad a vida independiente y reconocimiento de capacidad jurídica

Estimaciones oficiales, en nuestro país habitan más de 7 millones de personas con discapacidad, de ellas, más de 400 mil en la Ciudad de México, por ello, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), externó que ninguna estrategia de defensa de los derechos de las personas con discapacidad (PcD) está legitimada para transgredir el núcleo central de autonomía y dependencia que es la posibilidad de ejercer la voluntad propia.

Por esa razón no puede diseñarse al margen de las personas titulares de derechos y mucho menos en contra de ellas.

La Presidenta de este Organismo, Nashieli Ramírez Hernández, manifestó lo anterior, al presentar la Recomendación General 02/2020, sobre la vida independiente de las personas con discapacidad, la cual estuvo dirigida al Congreso capitalino, Fiscalía General de Justica, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) e Instituto de las Personas con Discapacidad, todos de la Ciudad de México.

Explicó que este instrumento –a cargo de la Cuarta Visitaduría General, encabezada por Ruth Zenteno López- es un llamado urgente a las instituciones para la observancia de las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular las relativas a garantizar el derecho de las personas a la vida independiente, así como al reconocimiento de su capacidad jurídica.

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Consideró fundamental implementar: 1) un régimen de apoyo para la toma de decisiones, 2) un sistema de ayuda para la vida independiente, y 3) el sistema de cuidados que, aunque su implementación es necesaria, no puede considerarse una condición suficiente para el ejercicio de la vida independiente sin la implementación de los dos primeros sistemas.

La omisión de estos tres aspectos, dijo, expone a las PcD a situaciones de riesgo incluso extremo, al quedar a la deriva de instituciones que lejos de procurar su bienestar integral, cometen agravios en contra de la integridad de las personas a su cuidado.

Puntualizó que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha insistido en que la independencia debe de ser entendida como la posibilidad de que las personas puedan decidir sobre los aspectos más fundamentales de la vida: con quien vivir, cómo realizar sus tareas cotidianas, procurar su seguridad, entre otras cuestiones.

En ese sentido, toda estructura de atención, acompañamiento y defensa de los derechos de las PcD debe de ser revisada y las medidas de prevención para que no sucedan los abusos deben de reforzarse.

La presidenta de la CDHCM indicó que los estándares establecidos por la Convención Americana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reflejadas a su vez en la normatividad local, aún guardan una distancia considerable respecto de su implementación y las prácticas institucionales que las acompañan.

La integración de las personas con discapacidad, señaló, no depende únicamente del andamiaje legal, hay factores contextuales e interseccionales que deben considerarse en la aproximación a esta problemática, desde un enfoque psicosocial y con miras a un diseño universal.

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Estimaciones oficiales, en nuestro país habitan más de 7 millones de personas con discapacidad, de ellas, más de 400 mil en la Ciudad de México, por ello, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), externó que ninguna estrategia de defensa de los derechos de las personas con discapacidad (PcD) está legitimada para transgredir el núcleo central de autonomía y dependencia que es la posibilidad de ejercer la voluntad propia.

Por esa razón no puede diseñarse al margen de las personas titulares de derechos y mucho menos en contra de ellas.

La Presidenta de este Organismo, Nashieli Ramírez Hernández, manifestó lo anterior, al presentar la Recomendación General 02/2020, sobre la vida independiente de las personas con discapacidad, la cual estuvo dirigida al Congreso capitalino, Fiscalía General de Justica, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) e Instituto de las Personas con Discapacidad, todos de la Ciudad de México.

Explicó que este instrumento –a cargo de la Cuarta Visitaduría General, encabezada por Ruth Zenteno López- es un llamado urgente a las instituciones para la observancia de las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular las relativas a garantizar el derecho de las personas a la vida independiente, así como al reconocimiento de su capacidad jurídica.

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Consideró fundamental implementar: 1) un régimen de apoyo para la toma de decisiones, 2) un sistema de ayuda para la vida independiente, y 3) el sistema de cuidados que, aunque su implementación es necesaria, no puede considerarse una condición suficiente para el ejercicio de la vida independiente sin la implementación de los dos primeros sistemas.

La omisión de estos tres aspectos, dijo, expone a las PcD a situaciones de riesgo incluso extremo, al quedar a la deriva de instituciones que lejos de procurar su bienestar integral, cometen agravios en contra de la integridad de las personas a su cuidado.

Puntualizó que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha insistido en que la independencia debe de ser entendida como la posibilidad de que las personas puedan decidir sobre los aspectos más fundamentales de la vida: con quien vivir, cómo realizar sus tareas cotidianas, procurar su seguridad, entre otras cuestiones.

En ese sentido, toda estructura de atención, acompañamiento y defensa de los derechos de las PcD debe de ser revisada y las medidas de prevención para que no sucedan los abusos deben de reforzarse.

La presidenta de la CDHCM indicó que los estándares establecidos por la Convención Americana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reflejadas a su vez en la normatividad local, aún guardan una distancia considerable respecto de su implementación y las prácticas institucionales que las acompañan.

La integración de las personas con discapacidad, señaló, no depende únicamente del andamiaje legal, hay factores contextuales e interseccionales que deben considerarse en la aproximación a esta problemática, desde un enfoque psicosocial y con miras a un diseño universal.

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