/ miércoles 16 de marzo de 2022

Diputadas exigen sancionar violencia obstétrica contra mujeres

La bancada de Morena alerta sobre los maltratos a que son sometidas durante el embarazo y labores de parto; piden castigos ejemplares para instituciones y personal de salud que las practiquen

Para no claudicar en la lucha por los derechos de las mujeres a vivir sin violencia en alguna etapa de su vida, la integrante de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Leticia Estrada Hernández, se pronunció por encarcelar hasta por 15 años a personal médico, paramédico, de enfermería o administrativo de instituciones de salud públicas o privadas, que incurran en alguna práctica violenta en contra de las embarazadas, ya sea antes y durante el parto o en el puerperio.

La legisladora consideró pertinente reformar el artículo 151 Bis, derogar la fracción VI del artículo 201 y adicionar un artículo 201 Ter, todos del Código Penal para el Distrito Federal, con el argumento de que “miles de mujeres en México y particularmente en la capital, son víctimas de estos delitos”.

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Dijo que es preciso que el Poder Legislativo local efectúe las reformas necesarias para sancionar, prevenir y erradicar esa problemática constante que se presenta en la metrópoli.

Al fundamentar su iniciativa que ya es analizada en las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Salud del recinto de Donceles y Allende, refirió que fue en 2008 cuando se integró el concepto violencia obstétrica en el orden jurídico de entidades federativas como Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Tlaxcala, Nayarit, Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Durango, Chihuahua, Quintana Roo, Tamaulipas, Campeche, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Solamente en Veracruz, Guerrero, Chiapas, Estado de México y Puebla, la conducta se encuentra tipificada como delito.

La congresista por la alcaldía Magdalena Contreras, difundió que insistirá para que en la actual II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, sea una realidad la ley que penalice las prácticas abusivas y violentas por parte del personal médico y administrativo, que sin ningún motivo agreden de manera verbal a las mujeres gestantes, sólo por expresar sus emociones en los nueve meses de embarazo.

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Señaló que la legislación tiene que ser aprobada con urgencia, porque de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Salud Pública y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 33.4 por ciento de mujeres entre 15 y 49 años manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia obstétrica.

Resulta que se trata de violencia y maltrato o atención no autorizada como cesárea, esterilización u otro método anticonceptivo forzado. De ese número, el 30.5 por ciento se concentró en la capital de la República, seguida por el Estado de México con el 25 por ciento.

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Difundió que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 y 2016, reveló que respecto a la atención obstétrica recibida por las mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un parto durante el periodo comprendido entre octubre de 2011 a octubre de 2016, se encontró que a 11.2 les gritaron o regañaron durante la labor de parto o cesárea, a 10.3 tardaron mucho en atender porque le dijeron que se quejaban mucho.

Mientras que a 9.9 ignoraban cuando preguntaba cosas sobre su parto o bebé; 9.2 presionaron para que aceptara que le pusieran un dispositivo u operaran para ya no tener hijos; y Entre las mujeres que tuvieron cesárea, a 10.3 por ciento no informaron de manera clara y comprensible por qué era necesario practicarle dicha intervención quirúrgica, en tanto que 9.7 no dio el permiso o autorización para que le hicieran la cesárea.

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Para no claudicar en la lucha por los derechos de las mujeres a vivir sin violencia en alguna etapa de su vida, la integrante de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Leticia Estrada Hernández, se pronunció por encarcelar hasta por 15 años a personal médico, paramédico, de enfermería o administrativo de instituciones de salud públicas o privadas, que incurran en alguna práctica violenta en contra de las embarazadas, ya sea antes y durante el parto o en el puerperio.

La legisladora consideró pertinente reformar el artículo 151 Bis, derogar la fracción VI del artículo 201 y adicionar un artículo 201 Ter, todos del Código Penal para el Distrito Federal, con el argumento de que “miles de mujeres en México y particularmente en la capital, son víctimas de estos delitos”.

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Dijo que es preciso que el Poder Legislativo local efectúe las reformas necesarias para sancionar, prevenir y erradicar esa problemática constante que se presenta en la metrópoli.

Al fundamentar su iniciativa que ya es analizada en las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Salud del recinto de Donceles y Allende, refirió que fue en 2008 cuando se integró el concepto violencia obstétrica en el orden jurídico de entidades federativas como Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Tlaxcala, Nayarit, Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Durango, Chihuahua, Quintana Roo, Tamaulipas, Campeche, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Solamente en Veracruz, Guerrero, Chiapas, Estado de México y Puebla, la conducta se encuentra tipificada como delito.

La congresista por la alcaldía Magdalena Contreras, difundió que insistirá para que en la actual II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, sea una realidad la ley que penalice las prácticas abusivas y violentas por parte del personal médico y administrativo, que sin ningún motivo agreden de manera verbal a las mujeres gestantes, sólo por expresar sus emociones en los nueve meses de embarazo.

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Señaló que la legislación tiene que ser aprobada con urgencia, porque de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Salud Pública y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 33.4 por ciento de mujeres entre 15 y 49 años manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia obstétrica.

Resulta que se trata de violencia y maltrato o atención no autorizada como cesárea, esterilización u otro método anticonceptivo forzado. De ese número, el 30.5 por ciento se concentró en la capital de la República, seguida por el Estado de México con el 25 por ciento.

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Difundió que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 y 2016, reveló que respecto a la atención obstétrica recibida por las mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un parto durante el periodo comprendido entre octubre de 2011 a octubre de 2016, se encontró que a 11.2 les gritaron o regañaron durante la labor de parto o cesárea, a 10.3 tardaron mucho en atender porque le dijeron que se quejaban mucho.

Mientras que a 9.9 ignoraban cuando preguntaba cosas sobre su parto o bebé; 9.2 presionaron para que aceptara que le pusieran un dispositivo u operaran para ya no tener hijos; y Entre las mujeres que tuvieron cesárea, a 10.3 por ciento no informaron de manera clara y comprensible por qué era necesario practicarle dicha intervención quirúrgica, en tanto que 9.7 no dio el permiso o autorización para que le hicieran la cesárea.

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