Ciudad de México.- La corruptela que durante varios años rigió a los vendedores en los espacios dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), quienes eran explotados y ostentaban contar con premisos por los que pagaron cuatro veces más caro de cuota real, quedó al descubierto una vez que las autoridades de la institución comenzó con la restructuración de dichas concesiones.
La revisión del Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) en enero del 2019, entre los comerciantes en las diversas estaciones del Metro, resultó el principio para regularizar la situación de las autorizaciones y con lo que se descubrió a dos personas con malas prácticas, al revender los espacios para comercializar.
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A decir de Miguel Ángel Monrroy Aranda, Subdirector General de Administración y Finanzas, iniciaron el reordenamiento el año pasado, “porque encontramos desde que llegamos en esta administración, que muchos de los documentos que decían soportar la explotación comercial eran cualquier cosa, menos una autorización legal, conforme a la ley de régimen patrimonial y servicio público”.
Alrededor del 80 por ciento de los vendedores han operado de manera irregular al no contar con un permiso vigente dentro de las instalaciones del Metro, mismo que se emite desde 1998, sustentado en los artículos 105 y 106 aplicable para toda la Ciudad de México, según datos de Monrroy.
“Funcionaban con oficios de color amarillo, rojo, verde, dependiendo del servidor público o época, encontramos documentos firmados por un encargado con copias certificadas, falsificaciones o duplicidad, los documentos que les entregaban eran falsificadas, les tomaban una copia simple y las presentaban ante un corredor público, incluso del Estado de México, y eso presentaban cuando llegaban las supervisiones”, explicó el servidor público.
El Subdirector General de Administración y Finanzas, aseguró que el primer resguardo de módulos, tras este reordenamiento ocurrió en enero del año pasado, lo que los llevó a evaluar los espacios fijos como locales establecidos, así como los permisos para colocarse en el piso o módulos no fijos.
AÑOS DE FRAUDE
Sin proporcionar un monto total durante la entrevista con La Prensa, Miguel Ángel Monrroy habló de dos empresas encontradas en 2020, representadas por dos personas quienes revendían los espacios con medida de un metro por un metro cuadrado, adquiriendo aproximadamente 35 mil pesos mensuales de los comerciantes, cuando el costo del Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), es de alrededor de 600 pesos por autorización.
“En enero del 2020 llegamos a la primera revocación en la historia del metro de un PATR al notar las irregularidades cometidas por Roberto y Daniel que, por medio de diferentes empresas como personas morales, han pretendido seguir explotando”, comentó el funcionario.
Al parecer, existían 650 permisos cuando solo se tenía el registro de 215, y aunque se trata de una autorización no transferible, se compartió con diversas personas por medio de los supuestos líderes, ya que “lo rentaban por tres veces más al comerciante, que es el que diariamente trabaja”, dijo.
Asegura Monrroy, que los supuestos líderes congregaban a alrededor de 300 personas bajo el argumentando de que los vendedores eran sus empleados, cuando no está permitida esta forma de operar dentro de los permisos que otorga el STC.
La situación que ha generado molestia en las personas involucradas en estos permisos ilícitos, quienes han emprendido una campaña en contra de las autoridades del Metro, bajo el argumento de que se ha dejado sin empleo a alrededor de mil personas, según información que han filtrado e redes sociales y medios de comunicación, exigiendo la destitución de Florencia Serranía Directora General del Sistema de Transporte Colectivo.
Entre algunos de los actos hostiles que los supuestos líderes han cometido ante este nuevo reordenamiento, están las amenazas tanto a los comerciantes, como al personal del metro, así como acusaciones de robo, sobre la mercancía que se les retiró tras la revisión de los permisos.
“La mercancía, así como los módulos se entregarán a las personas que las reclamen, siempre y cuando acrediten la propiedad de los mismos”, dice Monrroy, ya que fueron retirados y resguardados al no contar con un permiso legal.
“Se les ha comentado a todos los supuestos representados, que cualquiera puede tener un permiso entre comerciante- Metro, sin necesidad de intermediarios, quienes reciben la noticia con gusto, ya que nadie les había dado esta opción”, agregó Miguel Ángel quien asegura que hasta el momento ya se llevan a cabo reuniones directas con todos los interesados con 60 convenios firmados.
Nuevos permisos, nuevas reglas
Adicional a los actos ilícitos por años, el entrevistado refiere que estos fraudes han generado consecuencias negativas dando pie al desorden, por lo que, a raíz de este reordenamiento se ha emitido el nuevo reglamento más claro y específico, con lineamientos de operación horarios, protección civil, recolección de basura, pago de luz entre otros, que benefician a los vendedores y a los usuarios.
Más de 50 mujeres han buscado a Florencia Serranía, mediante una carta a mano, en la que han expuesto que dos personas que se denominan como líderes de una cooperativa, dicen conseguir los espacios a cambio de una cantidad, por lo que ellas, buscan una oportunidad para trabajar, mismas a las que ya se les contactará de manera directa para gestionar los espacios.
Dentro de los nuevos contratos se dará “certeza jurídica a la relación comercial, la estabilidad económica de las familias y certeza jurídica de cinco o hasta 10 años para ejercer el comercio de forma legal, siempre y cuando cumplan con sus obligaciones como una fianza de cumplimiento, un seguro por cualquier desperfecto y el pago de su permiso”, agregó Monrroy.
Las autoridades del Metro se han planteado sobre la complejidad de que los comerciantes se deslinden de la relación con sus supuestos líderes o jefes, y han tenido buena respuesta al abrir el trato directo, por lo que hace un llamado a que se acerquen a preguntar sobre los convenios, incluso, ya hay quienes emprendieron acciones legales en contra de uno de estos organizadores por fraude.
Para los espacios comerciales, según explica el servidor, “se les dará prioridad a los vendedores que puedan comprobar que ya han tenido experiencia, tanto en los locales fijos, como los módulos, para lo que lanzaran un programa para otorgarlos, dando prioridad a las personas físicas y no morales”, comentó.
Aunque por ahora la actividad comercial está restringida por el semáforo naranja, los interesados pueden acercarse para adquirir un permiso, que mediante este reordenamiento se busca, tener una actividad eficiente que dé certeza jurídica a los permisionarios, así como transparencia en la recaudación.
Mediante estas acciones, las autoridades del Metro confían en que se termine la corrupción y de un modo más ordenado y bajo un marco legal, las familias tengan un ingreso por medio de las ventas en los espacios asignados.
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