En tanto el diputado local del PAN, Raúl Torres Guerrero, lamentó la existencia de grupos radicales que afectan la imagen de organismos y que se dedican al vandalismo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso capitalino, Marisela Zúñiga Cerón, aseguró que se respetaron todos los protocolos durante el desalojo del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en Cuba 60, en el Centro Histórico.
La diputada de Morena aclaró que la acción policial luego de un año y siete meses de que las integrantes del colectivo Okupa estaban en el inmueble, fue por daños que se ocasionaron a un vehículo y no propiamente por la invasión de las oficinas de la CNDH en la capital, a la vez que refirió que se tenía un acuerdo para que se quedaran en el lugar para la atención a mujeres víctimas, y señaló que “evidentemente le corresponde a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) se guarde el debido proceso”.
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El diputado panista señaló que lo más condenable son los actos vandálicos y estimó que la ocupación del edificio de la CNDH, es reflejo de que Rosario Ibarra Piedra, como responsable del organismo, no trabaja para atender las denuncias.
“Eso también es culpa de su titular, Rosario Piedra Ibarra, quien ha descuidado los derechos humanos y no brinda atención a las víctimas”, declaró.
Torres Guerrero insistió que es reprochable que grupos radicales dañen la imagen de un organismo que vela por los derechos humanos, a la vez que llamó a la CNDH a trabajar.
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Contrario a las declaraciones del militante de Acción Nacional, Zúñiga Cerón, en entrevista con LA PRENSA, relató que lo acontecido el viernes en el inmueble de Cuba número 60, alcaldía Cuauhtémoc, “no fue sacar a las mujeres que lo ocupaban, sino atender la denuncia de la propietaria de un vehículo dañado; quería pasar por la calle, no sé si se hicieron de palabras. Entiendo que se genera la acción por una denuncia por una agresión a un vehículo”.
La congresista de Morena adelantó que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso que preside, solicitará formalmente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la FGJ capitalina, el estatus de la investigación para resguardar el derecho de la víctima, en este caso la dueña del vehículo.
“En todo momento los protocolos internacionales de derechos humanos se presentaron, quien actuó en el desalojo fue el Grupo Atenea de la SSC, integrada por mujeres, y todo se dio conforme a lo dispuesto por la ley”, dijo la legisladora al referirse al desalojo del viernes pasado.
Hizo referencia a que las instalaciones de Cuba 60 se mantienen resguardadas, porque tiene que entrar personal de la CNDH para determinar en qué condiciones se encuentra el inmueble.
Además, dijo que se debe analizar los términos del acuerdo que tiene el organismo nacional con quienes ocupaban el edificio, que se supone “iba a ser un lugar de resguardo para víctimas; ver cómo transitan las acciones en el ámbito legal por esta denuncia de los derechos humanos”.
A las integrantes del colectivo Okupa, les mandó el mensaje de que no están solas y que el Congreso estará al tanto de cualquier situación que se realice en su contra.
Confirmó que sí hubo desalojo total y hay evidencias fotográficas del lugar, y será la CNDH la que dará testimonio de cómo están las instalaciones y ver los acuerdos, si se respetaron, para garantizar que ese espacio sea para la atención a víctimas.
“Se tenía establecido que el espacio era para que el colectivo trabajara a favor de las mujeres”, aseguró e indicó que fue adecuado el actuar de la autoridad durante el desalojo, porque se cumplieron los protocolos.
Zúñiga Cerón dijo: “A mí me gustaría primero tener información, saber realmente si este objetivo que buscan para que el lugar sea albergue o centro de atención para mujeres se va a cumplir, así como a cuántas instancias han recurrido para que las orienten; con base en ello, tomar acciones necesarias y pertinentes. Ver el beneficio, que nos digan con quién están coordinadas, porque solas no podemos contra el maltrato a las mujeres”.
La representante popular pidió no confundir los hechos, porque son dos cosas distintas. Está la posesión de unas instalaciones de la CNDH, desde hace un año siete meses; se tomaron por el colectivo feminista denominado Okupa, “en su justo derecho de pedir atención, que sean vistas sus demandas y se haga justicia”.
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Por otro lado, se decidió sacar a las que estaban en el edificio por la denuncia de la propietaria de un vehículo que fue dañado.
Recordó que luego de que se tomaron las instalaciones, hubo mesas trabajo con la Secretaría de Gobernación y autoridades del gobierno capitalino, para lograr acuerdos, porque estaban en riesgo documentos y archivos de la CNDH.
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