Por desacatar una orden judicial, que lo obliga a cerrar un tiradero de basura clandestino y reparar los daños a un grupo de ejidatarios a los que pertenecen los terrenos donde se asienta el vertedero irregular en Cuautitlán Izcalli, el presidente municipal Ricardo Núñez Ayala y todo su cabildo podrían ser destituidos.
Una vez que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito amparó a los ejidatarios de la comunidad de San José Huilango, donde diariamente se vierten centenares de toneladas de basura que han contaminado los terrenos, se solicitó la ejecución de la sentencia, lo que implicaría la destitución de todo el cabildo en ese municipio, como ya sucedió en un caso similar registrado en el Estado de México.
Fue el año pasado cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destituyó, por desacato reiterado a una sentencia de amparo, al cabildo de Coacalco de Berriozábal, e incluso ordenó la consignación del presidente municipal.
Pese a que el caso del basurero en los terrenos ejidales de San José Huilango, en Cuautitlán Izcalli data de hace muchos años, debido a que desde 2008 las autoridades ambientales mexiquenses habían ordenado la clausura del lugar y el saneamiento del área, que además está rodeado de zonas habitacionales y es un foco de contaminación, el asunto llegó a un tribunal colegiado, por lo que corresponde a las actuales autoridades resolverlo.
Resulta que habitantes de la zona han denunciado desde hace años la contaminación que genera este depósito de la zona, que además está asentado sobre una falla geológica, y ha generado daños ecológicos incalculables, en tanto esperan se haga justicia a los ejidatarios y que el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli atienda positivamente el caso.
